No se dejará de atender a derechohabientes, asegura
El gobierno federal se declara listo para enfrentar el paro en el instituto
El gobierno federal tiene un "plan B" ante la eventual huelga en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo emplazamiento vence este 16 de octubre.
Esa alternativa se refiere a preparar a otros institutos y organismos del sector salud para atender a los derechohabientes. "Esa es una de nuestras responsabilidades", señaló el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Felipe González González.
Manifestó que la salida de Roberto Vega Galina, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), no sería una solución, porque es una persona que en revisiones anteriores ha alcanzado acuerdos y, además, su organización gremial "lo respeta como líder".
No obstante, el funcionario dejó en claro que el gobierno federal no permitirá que más de 40 millones de afiliados al IMSS se queden sin servicio, "y creo que también ese objetivo lo está buscando el sindicato".
Admitió que las próximas horas serán cruciales en el proceso de negociación entre la dirección del IMSS y el sindicato, cuyas pláticas -aseveró- se realizan sólo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Lo cierto, dijo, es que "se tomarían medidas, aunque esperamos no llegar a esa situación. Apostamos mucho al sentido de responsabilidad del sindicato y al esfuerzo del Seguro Social para evitar un conflicto".
González González manifestó su optimismo de que en las próximas horas la asamblea sindical acepte la propuesta planteada por el instituto y que entiendan, expresó, que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás.
También destacó la participación y les decisiones tomadas por el Gobierno del Distrito Federal, el cual "ha hecho una buena labor de convencimiento sin llegar a usar la fuerza pública. Se trabaja en conjunto".
El subsecretario afirmó desconocer si el Estado puede utilizar la figura de la requisa (expropiación por parte de la autoridad competente de ciertos bienes que se consideran aptos para las necesidades de interés público), pero de cualquier forma insistió en que no se descarta el llamado "plan B" por el bien de los derechohabientes.