Grupo Angeles e Interacciones, los entes empresariales de ambos personajes
Olegario Vázquez y Carlos Hank, beneficiados al doble por el IPAB
Eliminaron deudas que se cargaron a contribuyentes y luego compraron a bajo precio bienes del Fobaproa
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El rescate bancario sigue mostrando secuelas. Imagen de archivo FOTO Guillermo Sologuren
Foto: Guillermo Sologuren
El Grupo Empresarial Angeles, de Olegario Vázquez Raña, así como Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rhon, son sólo dos ejemplos de consorcios beneficiados doblemente por el rescate bancario. Primero, al deshacerse de deudas que fueron cargadas a los contribuyentes, y luego con la compra a precio castigado de bienes adjudicados al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este tipo de operaciones, sobre las cuales no hay ninguna investigación oficial en curso, constituye un delito establecido en al menos una ley: la de Protección al Ahorro Bancario.
Documentos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en poder de este diario revelan que, el 28 de marzo de 2000, el Grupo Empresarial Angeles, también receptor ya en este gobierno de una serie de permisos para abrir centros de apuesta y casas de juego, adquirió por 254.23 millones de dólares "ciertos activos relacionados a la cadena de Hoteles Camino Real, propiedad de Banco Unión", institución que quebró durante la crisis de 1995 y fue rescatada con recursos públicos.
A río revuelto...
Durante la crisis bancaria de ese año, en la que el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo comprometió miles de millones de pesos para rescatar a los bancos, varias empresas ye instituciones de crédito aprovecharon para transferir al Fobaproa sus deudas. Este tipo de operación fue documentada por el auditor Michael Mackey, quien fue contratado por la Cámara de Diputados, en 1997, para hacer una revisión del rescate bancario.
Una de las empresas que trasladaron deudas al Fobaproa fue el grupo mueblero K2, de la familia Vázquez Raña.
La Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dio lugar a la constitución del IPAB, establece con claridad que las personas físicas o morales que hubieren trasladado pasivos al Fobaproa o mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras, quedarían impedidas de adquirir bienes o activos del IPAB.
"Lo que ocurre es de escándalo", comentó ayer Mario di Costanzo, asesor de una comisión del Senado que investiga las operaciones del IPAB. "La cartera en poder del instituto es vendida por el organismo a 17 centavos por cada peso de valor -en promedio- y luego, los compradores la pueden vender con un precio de realización mucho más alto. Es un gran negocio'', independiente a la violación de la ley en casos específicos.
El IPAB rechazó ayer responder dos solicitudes de La Jornada para que fijara su posición sobre este tema.
Además del Grupo Angeles, otras entidades o empresarios relacionados con firmas beneficiadas por el Fobaproa han adquirido activos en poder del IPAB, de acuerdo con la información del propio instituto.
Una de ellas es la firma de agronegocios Bachoco, propiedad de la familia Bours. Uno de sus miembros, Eduardo, es el actual gobernador de Sonora y en 1995 fue el creador y coordinador de una instancia llamada Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial, que renegoció deudas de compañías con los bancos.
El 21 de junio de 2002, ya en esta administración, Bachoco SA de CV adquirió del IPAB un inmueble que había pasado a ser propiedad del Fobaproa. Por la operación pagó 15.33 millones de pesos.
Banco Interacciones, filial del Grupo Financiero Interacciones, adquirió el 19 de febrero de 2004 los derechos derivados de un crédito comercial vigente, garantizado por el gobierno federal, relacionado con el rescate carretero y que era propiedad del Banco Unión, institución intervenida y saneada por el Fobaproa. La operación tuvo un valor de 200 millones de pesos. El principal accionista de Interacciones es Jorge Hank Rhon.
Según las actas de las sesiones del subcomité de recuperación del Fobaproa, publicadas por La Jornada en agosto de 1999, una de las instituciones que recibieron apoyo de ese fideicomiso fue el Grupo Infomin. A la cabeza de esta empresa aparece Alfredo Miguel Afif, también accionista de la Casa de Bolsa Interacciones, el Banco Interacciones y la arrendadora Credimex, propiedad de la familia Hank González.
¿Y las PEP?
Una de las innovaciones en la regulación de los sistemas financieros es la vigilancia de las operaciones que realizan las personas políticamente expuestas, conocidas como PEP, por el término en inglés Political Exposed People. En México los bancos han comenzado a dar seguimiento a las operaciones que realizan este tipo de personajes de la vida pública, que por su posición podrían beneficiarse del tráfico de influencias o de los sobornos.
Al menos cuatro bancos que operan en México han contratado los servicios de una empresa británica que gestiona una base de datos con 13 mil nombres de personajes de la vida pública mexicana que podrían ser objeto de seguimiento.
Una de las revelaciones de la lista del IPAB sobre la venta de activos es que se benefició a una empresa donde tienen intereses o están relacionados los hijos de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, caso típico de las PEP.
El 29 de abril de 2004, el IPAB vendió a Construcciones Prácticas, SA de CV, 275 departamentos ubicados en San Francisco Teotihuacán, Puebla, que eran propiedad de Bancrecer, banco rescatado por el Fobaproa. Por los 275 departamentos, la empresa compradora pagó 20 millones 933 mil pesos, a razón de 76 mil 120 pesos por unidad.
Una comisión legislativa que investiga operaciones de los hijos de la esposa del Presidente relacionó a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV con Manuel Bribiesca Sahagún, uno de los hijos de Marta Sahagún. El dueño de esa empresa, Miguel Khoury, ha declarado que Manuel Bribiesca no es su socio.
En conferencia de prensa realizada ayer, Ricardo Ancona Sánchez, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, comentó, a pregunta expresa, que la fórmula de subasta de activos del IPAB es transparente y abierta. Cualquier empresa puede participar y en este aspecto el instituto ha cumplido su función de manera adecuada, consideró.