Denuncia grupo ambientalista transfronterizo
Pretende empresa de EU trasladar costos a CFE
Intergen se comprometió a pagar sistema anticontaminante
San Diego, 5 de octubre. Un grupo ambientalista transfronterizo denunció que una empresa estadunidense que instaló una termoeléctrica en México para vender electricidad a California, quiere forzar a México a pagar por su sistema anticontaminante.
El Grupo de Trabajo de Plantas Termoeléctricas Transfronterizas informó que la firma Intergen exige en un tribunal de París que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pague una instalación de 4 millones de dólares.
El dirigente de ese grupo ambientalista en San Diego, Bill Powers, y su contraparte en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, Carla García Zendejas, enviaron una carta a legisladores federales para advertir que Intergen se comprometió a cubrir el costo.
La carta fue girada a congresistas y a las dos senadoras federales de California, ambas demócratas, Barbara Boxer y Diane Feinstein.
Feinstein y un congresista de San Diego, Duncan Hunter, elaboraron una propuesta de ley que iba a prohibir la importación de electricidad generada en México porque residentes del área se quejaron por la falta de control de emisiones de Intergen.
Ambos legisladores prepararon la iniciativa a petición de residentes del área fronteriza de California con México, quienes se quejaron porque la Asociación de Salud Pulmonar estadunidense y otras autoridades confirmaban el riesgo de la planta a la salud humana.
Feinstein y Huter retiraron sin embargo la iniciativa cuando Inetrgen se comprometió con ellos en el año 2003 a instalar las turbinas de manufactura holandesa para reducir parte de más de dos millones de toneladas anuales de contaminantes de su termoeléctrica.
La planta La Rosita de Intergen se encuentra a unos 20 kilómetros al oeste de la fronteriza ciudad mexicana de Mexicali, comenzó a operar en el verano del 2002 y genera más de mil megavatios de electricidad diaria. En términos sencillos, un megavatio equivale a la energía que ocupan mil hogares en un día.
Pero antes de que la empresa instalara el sistema de control de emisiones en La Rosita, Intergen se vendió al Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, en Canaáa, una corporación propietaria de al menos media docena de empresas.
El representante ambientalista en San Diego, Powers, dijo que envió alrededor del 12 de septiembre por correo certificado una carta al nuevo representante de la corporación Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, James Leech, para detener la demanda contra la CFE.
Hasta ahora la carta del Grupo de Trabajo de Plantas Termoeléctricas Transfrontrerizas continua sin respuesta. El grupo de trabajo incluye a grupos ambientalistas y personalidades notables en los estados de Sonora y Baja California en México, y de Arizona y California en Estados Unidos.
Powers comentó que Intergen, sin representar al Plan de Pensiones, alega en el tribunal internacional de Paris que tiene un contrato de suministro con la CFE y por lo tanto corresponde a la paraestatal mexicana pagar la instalación de las turbinas.
"Intergen trata de forzar al gobierno de México a pagar por controles de oxido de nitrógeno que la misma empresa acordó voluntariamente que instalaría en dos de sus turbinas", dijo Powers.
Explicó que luego que Intergen se comprometió con la senadora Feinstein y el congresista republicano Hunter a instalar el sistema de control, la misma Intergen firmó el suministro para la CFE y en ese contrato encontró un recoveco legal.
El activista calificó de "vergonzoso" que Intergen incumpla a los legisladores de California y recurra a esa estrategia por 4 millones de dólares cuando la construcción de su planta costó más de 750 millones de dólares para abastecer a Estados Unidos.
En otra carta, Powers y García Zendejas confirmaron a Leech que su empresa "descubrió un error administrativo en el permiso ambiental del gobierno de México, después que se comprometió a instalar sistemas en el 2003"