El gobierno atropella el derecho a la salud y el patrimonio de los potosinos, afirman
Fox, empeñado en que Minera San Xavier inicie operaciones: opositores
Ampliar la imagen Jaloneos entre polic� vestidos de civil y activistas al t�ino del segundo informe de gobierno de Marcelo de los Santos, afuera del Teatro de la Paz, el 30 de septiembre FOTO Alejandro Guzm�Orta Foto: Alejandro Guzm�Orta
Durante su visita a Canadá, el presidente Vicente Fox se reunió con los directivos de la empresa Metallica Resources, propietaria de Minera San Xavier (MSX), que pretende iniciar la explotación de oro y plata en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, ante lo que el Frente Amplio Opositor (FAO) a MSX afirmó que ese encuentro evidencia el interés del gobierno federal de que la empresa inicie operaciones, y para ello "hace lo que sea, como persuadir a jueces que hace un año determinaron cancelar el permiso de operación y los contratos de arrendamiento y ahora han fallado en sentido contrario, es decir, a favor de MSX".
Miguel Angel Montoya, vocero de la agrupación civil, aseguró que detrás del inicio de operaciones de MSX existe un "operativo de Estado" que atropella la legalidad, el derecho a la salud y el patrimonio cultural y ambiental de los potosinos.
El presidente Fox "no quería llegar a Canadá con las manos vacías ante los inversionistas extranjeros", y a los directivos de Metallica Resources les llevó el permiso de ocupación temporal que otorgó la Secretaría de Economía y la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para que MSX pueda utilizar explosivos en Cerro de San Pedro.
También, dijo Montoya, las "sospechosas resoluciones" del noveno tribunal colegiado en materia fiscal y administrativa, que en agosto de 2005 concedió un amparo a MSX, con el cual dejó sin validez la sentencia anterior emitida por el mismo tribunal en junio de 2004 que había nulificado el permiso de operación (de la autoridad ambiental). Inclusive, el año pasado esa sentencia causó ejecutoria en la sala superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA).
Ante el nuevo fallo del noveno tribunal se espera una nueva sentencia ejecutoria de la sala superior del TJFA.
El FAO también expresó sus sospechas respecto de la conducta seguida por el magistrado Juan Manuel Calleros Calleros, del Tribunal Unitario Agrario, quien en diciembre de 2004 firmó la sentencia ejecutoria por la que invalidó los contratos de arrendamiento suscritos por MSX en 1997 con falsos ejidatarios.
Al resolver el recurso de revisión interpuesto por la compañía de origen canadiense, en septiembre pasado, el mismo magistrado resolvió declarar improcedente su propia sentencia ejecutoria. Ante esto, el FAO presentó una nueva inconformidad y recurrirá ante el Tribunal Superior Agrario, informó Montoya.
Resaltó que ninguno de estos procesos judiciales ha concluido todavía. Sin embargo, es evidente, subrayó el activista, que MSX "es una de las empresas consentidas del régimen. Al parecer para el presidente Fox la operación de la minera es un asunto de Estado, lo cual resulta inadmisible y vergonzoso".
Finalmente, el FAO responsabilizó al jefe del Ejecutivo y al gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, de cualquier hecho que atente contra la seguridad, integridad y libertad de los miembros de la agrupación.