Santiago Vasconcelos reconoce ante cámaras la "red de protección e impunidad"

Prueban franceses la complicidad de autoridades en los feminicidios

El documental La ciudad que mata a las mujeres será transmitido en horario estelar en Europa

BLANCHE PETRICH/I

Han pasado 12 años desde que se encontraron los primeros cuerpos de muchachas asesinadas en el desierto que rodea Ciudad Juárez, y la gente del lugar sigue buscando entre la arena. El documental La ciudad que mata a las mujeres, que será transmitido en Francia este lunes en horario estelar por Canal Plus, documenta mediante cinco expedientes ligados al feminicidio, cómo Francisco Barrio y Patricio Martínez -un panista y un priísta-, y sus respectivos procuradores y jefes policiacos, contribuyeron a cortar todas las líneas de investigación que conducían a vincular los asesinatos seriales de niñas y mujeres con el narcotráfico.

Y cómo, bajo la conducción del actual gobernador, José Reyes Baeza, hay pocas posibilidades de desmantelar lo que el propio José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), llama, ante las cámaras, "una red de protección o de impunidad" en la que "lamentablemente y no de ahora participan policías municipales, estatales y federales también".

Por ello, la propia Procuraduría General de la República (PGR), ahora con Daniel Cabeza de Vaca, ha atraído 25 expedientes que, en el contexto de los homicidios seriales de mujeres, pueden develar este hilo que conduce a las cúpulas de los cárteles de la droga con los huesos que hace 12 años, ininterrumpidamente, se encuentran en baldíos de Ciudad Juárez.

En su oficina, entre tomos de expedientes encuadernados, el director de la SIEDO se explaya con los cineastas franceses. "En muchos de esos asuntos, en donde la investigación tenía un hilo directo que implicaba a algún distribuidor de drogas o a una serie de distribuidores de drogas, que en una orgía de alcohol y drogas habían victimado a una chica, esa estructura de delincuencia organizada lo que hizo fue tender una red de protección e impunidad".

Fabricación de culpables, confesiones bajo tortura, chivos expiatorios, testimonios inventados y pistas falsas, todas estas operaciones en las que participaron directamente gobernadores, procuradores, comandantes de las distintas corporaciones policiacas, agentes del Ministerio Público y hasta la fiscal especial nombrada por la Presidencia de la República lograron desviar los caminos que conducían a altas esferas del narcotráfico en Ciudad Juárez. Esto es lo que documenta el reportaje realizado por los investigadores Marc Fernández y Jean Christophe Rampal, autores del libro sobre este tema La ciudad de las muertas.

Ahora, con los auspicios de VM Group y Canal Plus de Francia produjeron este documental.

Asesinatos de muchachas, "daño colateral" del narco

"Durante dos sexenios -sostiene el director del reportaje, Jean Francois Boyer- las autoridades se las arreglaron para no relacionar estos asesinatos seriales con el crimen organizado. Cada uno se arregló a su manera". Barrio permitió fabricar en torno de El Egipcio, Abdul Latif Sharif, varias consignaciones falsas, incluido el asunto de Los Rebeldes y Los Ruteros.

Patricio Martínez llegó a los excesos de permitir que se torturara a dos detenidos, Víctor García Uribe y Gustavo González, La Foca, para que se autoinculparan de seis o siete muertes que no cometieron. Y otro caso peor: por medio de un testigo falso, Javier García, El Canario, la Policía Judicial estatal intentó inventar una red de tráfico de órganos inexistente. Una cuarta historia es la forma como echaron tierra en la investigación de la muerte de Rosario Manchas, una joven prostituta y dealer. Por órdenes directas del procurador en turno, Jesús El Chito Silva, se detuvieron las pesquisas. El quinto caso es el del grupo conocido como La Línea, que bajo las órdenes del comandante de la policía estatal, Miguel Loya, fue vinculado con el asesinato de al menos 11 personas halladas en una de las narcofosas descubiertas apenas a principios de este año.

"¿Porqué estas cinco historias y no otras? Porque son situaciones que comprueban definitivamente que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua inventó averiguaciones al vapor y echó tierra sobre otras, con el único fin de responder a la presión de la opinión pública, protegiendo al mismo tiempo a los culpables", explica Boyer, periodista y cineasta radicado en México.

-¿Llegan ustedes a detectar complicidad en altos niveles de la política?

-No avanzamos hasta allá. Conocemos la tesis de Sergio González, el autor de Huesos en el Desierto, que plantea la hipótesis de la responsabilidad en algunos casos al menos de una cofradía de empresarios en orgías con violencia sexual y asesinatos. Nosotros no tenemos esas evidencias. Pero sí logramos detectar eso que dice Vasconcelos: que cada vez que los indicios apuntaban a los distribuidores de las drogas, las autoridades estatales intervenían para desviar la investigación.

El abogado de El Cerillo, quien finalmente fue liberado luego de cuatro años de cárcel, Sergio Dante Almaraz, es uno de los críticos más contundentes de las autoridades de Juárez por su actuación en estos casos. En el documental declara: "Estoy convencido de que estas jóvenes fueron asesinadas por gente del narcotráfico, vinculada a las mafias pero tolerada por el gobierno del estado. Yo atribuyo una terrible responsabilidad al señor Presidente de la República, y al ex gobernador Patricio Martínez. Ellos saben perfectamente quiénes son los autores de estas matanzas".

El abogado, por supuesto, ha recibido numerosas amenazas y su auto ha sido baleado. Agrega: "Creo que las muertes de las jóvenes obedecen a una razón fundamental, es el daño colateral de la presencia del narcotráfico en Ciudad Juárez".

Cinco historias para un argumento

Latif fue detenido en octubre de 1995 porque una joven que lo había acompañado a su casa lo acusó de violencia sexual. Más tarde se descubrió que la acusación de violación era falsa, pero la policía también "descubrió" que El Egipcio tenía en su récord varias sentencias por violencia sexual en Estados Unidos. Las autoridades locales, presionadas por el gobernador para entregar algunas cabezas de los asesinatos que empezaban a causar escándalo, de inmediato atribuyeron al detenido siete ilícitos. De esta serie, la autoridad tuvo que descartar seis por falta de pruebas y sostuvo uno, el homicidio de Elizabeth Castro, aunque en el expediente las inconsistencias fueran patentes, como el hecho de que la joven, según su familia, medía 1.60 metros y calzaba 36, mientras que el cuerpo que fue presentado en la diligencia medía 1.75 y calzaba 39.

Pero esos casos eran pocos para satisfacer las exigencias de justicia y fue necesario acusar a Latif de pagar a supuestas bandas de asesinos, Los Rebeldes y Los Ruteros, que habrían cometido otros 29 asesinatos de jóvenes mientras él ya estaba en prisión.

En cambio, cuando surgió el nombre de otro sospechoso, Alejandro Máynez, hijo de un conocido contrabandista dueño de una veintena de bares y amigo de poderosos jefes policiacos, nada se hizo. El hombre había sido apresado por asesinato en 1994 y liberado. Nunca más se le volvió a tocar. Está prófugo.

Apenas tomó posesión el gobernador priísta Patricio Martínez y otros ocho cuerpos de muchachas fueron encontrados en un campo algodonero. Esta vez se generó una fuerte conmoción social y los medios se volcaron sobre el tema. Exigieron castigo. Un viernes el nuevo mandatario ordenó: "quiero culpables para el lunes". Y el lunes los tuvo.

Fueron detenidos dos, El Cerillo y La Foca, choferes de autobús. A la vuelta de cuatro años, el primero fue liberado por falta de pruebas. El segundo murió en prisión. Estos casos destacaron, incluso en foros internacionales, no por resolver homicidios seriales, sino por las torturas que les fueron infligidas para que se declararan culpables de decenas de asesinatos. No hubo más pruebas que las arrancadas bajo tormento.