Demanda a SRE y PGR que cualquier cambio se haga con pleno respeto a la ley

Pide el Senado explicaciones por el anuncio de la DEA de que aumentará su presencia

El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre la operación de los miembros de la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en México y los términos en que se ha dado la colaboración en materia de seguridad entre las autoridades. Ello ante el anuncio de la DEA en el sentido de que aumentará su presencia en el país por el incremento de la inseguridad en ciudades fronterizas.

Asimismo, los senadores pidieron a la SRE otro informe, pero éste sobre las actividades de vigilancia que realizaron particulares estadunidenses en la zona de Arizona, y sobre las medidas que tomó la dependencia para evitar violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

En un punto de acuerdo propuesto por el PRI, se hace referencia a la intención estadunidense de aumentar la presencia de agentes de la DEA en México, debido a los enfrentamientos y ejecuciones que se han registrado en la frontera por el narcotráfico y que a decir de la administración Bush, pone en riesgo a los ciudadanos estadunidenses.

Los senadores señalan que la cooperación bilateral es indispensable en un mundo donde la delincuencia trasciende las fronteras nacionales, pero también enfatizan la necesidad de que el Poder Legislativo conozca toda la información disponible acerca de las operaciones que realizan en territorio nacional integrantes de la DEA, las cuales deben llevarse a cabo en el marco de la normatividad doméstica e internacional en la materia.

En otro punto de acuerdo aprobado, los legisladores recordaron que entre abril y mayo un grupo de particulares estadunidenses conocido como Proyecto Minuteman detuvieron migrantes indocumentados en el estado de Arizona, y que el mismo grupo anunció que en octubre ampliará sus actividades a California, Texas y Nuevo México.

Al respecto, manifestaron su rechazo a estas medidas, pues violentan el derecho internacional y agravan la situación de vulnerabilidad de los migrantes indocumentados. Por último, solicitaron un informe sobre las actividades de dicha organización, y otras que han surgido, y las acciones que realiza el gobierno federal para evitarlas.

Georgina Saldierna