Actuación "escandalosa" del gobernador, acusa
Exige ONG reparación material para la familia de Felipe Arreaga
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México se congratuló por la liberación del ecologista Felipe Arreaga Sánchez, pues nunca existieron pruebas en su contra, y calificó de "escandalosa" la actuación del gobernador Zeferino Torreblanca, del Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) por "no realizar investigaciones objetivas y profesionales".
Constituida por una docena de organismos de derechos humanos, la coordinadora indicó que la PGJG "ha causado un daño irreparable a Arreaga y a su familia. Esperamos que la familia reciba al menos una compensación material por los daños económicos que sufrió con la ausencia involuntaria de Felipe". Subrayó además que las 13 órdenes de aprehensión contra otros ecologistas deben ser canceladas.
"El juez ha sentado un precedente en la historia de la impartición de justicia en el estado, pues al actuar de manera independiente de los intereses que llevan a la persecución de inocentes ha mostrado que el aparato de justicia puede actuar con dignidad y que la separación de poderes en Guerrero es posible y necesaria."
En cambio, la organización asienta: "no hemos detectado actos concretos que muestren que el gobernador Zeferino Torreblanca esté desmantelando las redes de complicidad entre caciques locales y el Ministerio Público. Lamentamos que no haya ni un apoyo de su parte hacia quienes luchan, bajo alto riesgo, por el medio ambiente y por la justicia social, ni una garantía de seguridad. En lugar de tergiversar sus motivos debería apoyar a las organizaciones civiles que luchan por la instauración de la independencia de la justicia y los derechos humanos".
Los integrantes de la red manifestaron su deseo de que este "pequeño logro de la justicia haga escuela para que en Guerrero las autoridades no impongan la ley del más fuerte".
"Es inaudito" que la procuraduría estatal haya sido instrumento "al servicio de quienes hicieron acusaciones falsas", señalan, y solicitan que se investiguen las irregularidades en la institución y a los funcionarios que participaron en la "fabricación" del expediente de Arreaga.
Asimismo, exigieron que mientras la investigación se lleva a cabo los elementos que intervinieron en los hechos sean retirados del servicio. "¿Cómo es posible que al menos uno de los agentes responsables de que Felipe Arreaga haya permanecido más de 10 meses encarcelado injustamente sea encargado de la investigación de la emboscada a la familia Peñaloza, en la que un niño y un joven perdiesen la vida?", cuestionan.
Manifiestan, además, que no se entiende por qué la procuraduría del estado no procesa a quienes iniciaron la acusación falsa e "incitaron a testigos al perjurio". En este caso estaría el cacique Bernardino Bautista.
El organismo exige que ante las responsabilidades no cumplidas se dé un cambio en la actitud de la procuraduría y del gobernador.
"El juez ha demostrado a Guerrero y a México que es posible hacer justicia y que ésta no se deja doblegar por intereses de poder", señalan.