Conceden amparo a Carlos Almada, Jorge Cárdenas, Alonso Bretón y Joel Hortiales
Tribunal cierra la posibilidad de enjuiciar a priístas por el Pemexgate
La situación legal de Rogelio Montemayor será decidida por la Suprema Corte de Justicia
Con una votación de dos a uno, el décimo tribunal colegiado en materia penal, con sede en la ciudad de México, cerró prácticamente la posibilidad de que ex dirigentes priístas sean enjuiciados por el Pemexgate, luego de haber concedido un amparo que exonera del delito de peculado a Carlos Almada, Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Joel Hortiales, quienes fungieron como los principales operadores financieros de los más de 500 millones de pesos que Petróleos Mexicanos (Pemex) transfirió al sindicato petrolero para la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato tricolor a la Presidencia en el año 2000.
Por lo que respecta a Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, el tribunal decidió turnar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice la constitucionalidad del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, tal y como lo demandó en su juicio de amparo el ex funcionario y quien enfrenta un proceso penal por el delito de peculado y mantiene pendiente otro por peculado electoral, ya que esta última acusación no ha sido aprobada por autoridades estadunidenses.
La información fue corroborada "extraoficialmente", declaró el abogado Alonso Aguilar Zinser, tras concluir la sesión del tribunal colegiado, la cual se prolongó por más de seis horas.
De acuerdo con fuentes oficiales, la propuesta de sentencia fue aprobada por los magistrados Wilfrido Gutiérrez Cruz (ponente) y Carlos Rueda Dávila, mientras que el magistrado Jorge Ojeda Velásquez se manifestó en contra de la determinación que otorgó la protección de la justicia federal a los acusados por el Pemexgate, y que declaró que los convenios por los cuales se transfirieron mil 180 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero fue una cuestión netamente laboral.
Con esta resolución el Pemexgate sufrió un fuerte revés, a pesar de que fue considerado uno de los casos de corrupción partidista más grande que se han descubierto y que se inició a raíz de una denuncia que interpuso la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo ante la Procuraduría General de la República (PGR) en diciembre de 2001, al inicio de la administración del presidente Vicente Fox.
El caso fue hecho público por La Jornada el 19 de enero de 2002, cuando la PGR, mediante la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada mantenía bajo arraigo domiciliario desde los últimos días de diciembre de 2001 a tres colaboradores y altos funcionarios de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, como probables responsables del desvío de más mil millones de pesos de Pemex para financiar las actividades del PRI.
La investigación, que inicialmente se denominó Operación Crudo, reveló que en 2000 Pemex dio cumplimiento a un convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y pagó un supuesto "adeudo" que tenía con el sindicato.
Ese monto sumaba cinco mil millones de pesos; sin embargo, se llegó al acuerdo de que la cifra a cubrir sería sólo de poco más de mil millones de pesos, y éste se habría realizado con la anuencia de la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Luis Téllez, y por acuerdo del consejo de Administración de la paraestatal.
El dinero fue pagado en efectivo, vía la empresa de resguardo y transporte de valores Cometra, y de esa cantidad 500 millones fueron llevados a la sede nacional del PRI, donde se entregaron de manera directa a Jorge Cárdenas Elizondo.
En ese entonces, las auditorías de la Secodam detectaron que en esos movimientos participaron el "particular" Melitón Cázares, y los ex funcionarios del Sistema de Atención Tributaria (SAT) Andrés Heredia y Alonso Beraza.
Luego de más de dos años de investigaciones la PGR acusó a los priístas Jorge Cárdenas, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas; Alonso Bretón Figueroa, subsecretario de Finanzas, y Joel Hortiales, coordinador administrativo del tricolor, de cometer el delito de peculado.
Ayer, el décimo tribunal colegiado consideró procedente el recurso de amparo interpuesto por Cárdenas Elizondo, Hortiales Pacheco, Almada López y Bretón Figueroa para no ser enjuiciados como presuntos responsables del delito de peculado, ya que a su parecer, los convenios mediante los cuales Pemex transfirió los recursos al sindicato petrolero fueron una cuestión meramente laboral, tal y como desde un principio lo habían señalado los dirigentes del STPRM Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto.
Según los informes obtenidos, los magistrados estimaron que en esos convenios "no hubo ningún acto delictuoso", por lo que se validó la transferencia de recursos como una cuestión legal, además de que no encontraron elementos de prueba de que los beneficiados con esta resolución hubieran participado en la firma de los acuerdos entre el STPRM y la paraestatal, entonces dirigida por Rogelio Montemayor Seguy.
Además, en el caso específico de Carlos Almada López, según la información recabada en el Poder Judicial federal, "no hay ni siquiera pruebas de que hubiera estado enterado de los acuerdos".
De esta manera los cuatro ex funcionarios priístas obtuvieron su libertad incondicional, ya que la PGR no podrá hacer valer ningún otro recurso contra la sentencia, pues una vez que un tribunal de alzada determina una situación se acaban la posibilidades del Ministerio Público Federal de promover algún recurso de apelación a fin de que un órgano superior analice el caso.
Por otra parte, el caso de Rogelio Montemayor, aunque fue analizado por los magistrados, su resolución deberá darse en el máximo tribunal del país, toda vez que éste es el único con capacidad para determinar la constitucionalidad de las leyes, protocolos y acuerdos en los que participa el gobierno mexicano.