El titular de Sagarpa asegura que no sabía del recurso interpuesto por la PGR

Admite la Corte demanda del Ejecutivo contra la ley cañera

Los artículos impugnados, puntos en los que Usabiaga discrepó de productores, pero los firmó

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo federal -a través de la Procuraduría General de la República (PGR)- en contra del decreto que expidió la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

La demanda impugna 13 artículos de la citada norma, los cuales forman parte de los aspectos centrales del "acuerdo político" signado entre el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, y los representantes de las organizaciones cañeras, con lo cual se ponía fin a una serie de movilizaciones de los productores.

De acuerdo con un análisis de los artículos impugnados, en términos generales la PGR retomó con su demanda precisamente los puntos en los que Usabiaga no estaba de acuerdo, pero que firmó para desactivar el conflicto con los productores de caña.

Una vez admitida la acción de inconstitucionalidad por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien sustituye temporalmente al ministro instructor Juan N. Silva Meza -quien se encuentra en periodo vacacional-, la Corte emplazó a las partes a responder en un plazo de 30 días hábiles.

Los artículos impugnados por el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, son: 5 y 7, fracción séptima; 10, fracción decimoprimera; 34, 38, 50 segundo párrafo; 56, 57, 58, 87, 98, 119 y 125. Giran en torno a los tres puntos centrales que acordaron la Sagarpa y los cañeros en agosto pasado sobre fijación de precios, el método para establecerlos y la forma de resolver controversias entre industriales y productores, que fueron puntos adoptados en el llamado "acuerdo político" y que además, estaban plasmados en esta ley que ahora es impugnada por su presunta inconstitucionalidad.

De esta manera, la PGR pretende invalidar los artículos y postulados siguientes:

Artículo 5: el producto de caña de azúcar, por ser necesario para la economía nacional y el consumo popular, queda sujeto a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Artículo 7, fracción séptima: la Sagarpa, en coordinación con dependencias y gobiernos locales y federal, propondrá a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de precios máximos del azúcar, en términos de la LFCE.

Artículo 10, fracción novena: el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar elaborará los balances azucareros y de edulcorantes, para homologar las políticas públicas de los socios comerciales de nuestro país en relación con costos, precios, subsidios, índices de productividad, estímulos fiscales, tasas de interés, políticas crediticias, políticas comerciales, precios administrados y mercado que se consideren para fijar criterios de precios máximos al azúcar de caña en el mercado nacional.

Artículo 34, sobre la constitución de organizaciones locales de productores; 38, que se refiere al registro de dichas organizaciones; 50, que concierne al contrato que deben establecer los industriales con los abastecedores de caña para regular las relaciones entre ambos respecto a la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, de manera que sean uniforme para todos los ingenios del país.

Artículo 119: El sistema para la solución de conflictos de la agroindustria de la caña de azúcar será a través de comités, como instancia de conciliación; y junta permanente, como procedimiento arbitral.

Artículo 120: En la tramitación de las controversias que sean del conocimiento de la Junta Permanente y los Comités, las partes se sujetarán al procedimiento establecido por la ley y se dejará constancia de todas las actuaciones en el expediente respectivo.

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por la PGR ante la Suprema Corte, impugnando la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para la Caña de Azúcar, va en contra del Ejecutivo, por haberla publicado y firmado, y del Legislativo, por haber enviado y avalado el dictamen, dijo el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, quien se dijo "soldado" del presidente Vicente Fox y que por ello dejará su cargo en cuanto le acepte su renuncia.

A su vez, la dirigencia de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (UNPCA-CNC) sostuvo que si el gobierno no retira dicho recurso hoy unos 2 mil de sus agremiados tomarán las oficinas de Sagarpa y el próximo viernes bloquearán las carreteras federales y autopistas ubicadas en los 15 estados donde se produce caña de azúcar, entre ellas la Autopista del Sol, internacional a Guatemala, Nogales y de Cancún.

"La tarde del lunes hicimos todo lo posible para que el gobierno detuviera el recurso de inconstitucionalidad; estamos dispuestos a dialogar con todos, pero que no se amparen ni los industriales ni el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), que tiene a su cargo la administración de los 22 ingenios expropiados, pero no se nos escuchó", dijo Daniel Pérez Valdés, dirigente de la UNPCA-CNC.

Ayer los cañeros volvieron a bloquear los accesos a los 58 ingenios.

Luego de una reunión de aproximadamente tres horas con algunos de los integrantes de la UNPCA-CNC y con el dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Carlos Blackaller Ayala, el titular de Sagarpa trató de explicar, en conferencia de prensa, que "no sabía" del recurso interpuesto de la PGR.

Usabiaga afirmó que la llamada ley cañera sigue vigente. "No hay ninguna suspensión y en breve se instrumentarán los programas establecidos en ella; se está avanzando en la conformación del comité nacional de la caña de azúcar y en la junta de controversias. Sigo avalando el acuerdo político" que se firmó en agosto pasado con los diputados del sector cañero, asentó.

Acompañado por la coordinadora jurídica de Sagarpa, Lilia Isabel Ochoa, el titular de dependencia comentó que la redacción del recurso de inconstitucionalidad de la procuraduría general, en su carácter de abogado de la nación, es para defender la Constitución. "Es imperativo que el estado de derecho sea acatado por los productores", y que dicho recurso sea dictaminado por la SCJN. "Pobres de nuestros hijos cuando nuestros jueces sean juzgados", abundó el secretario.

Es imposible, apuntó el funcionario, que la PGR se retracte de dicha acción de inconstitucionalidad, como lo han solicitado los cañeros; "eso no está contemplado en nuestro derecho y por tanto es imposible aceptar esa condicionante".

En el apartado "sobre la oportunidad en la presentación de la demanda" del documento que entregó la PGR a la Suprema Corte -oficio 689/2005-, la institución asentó que la norma impugnada se publicó el 22 de agosto de este año en el "periódico oficial del estado de Michoacán" (sic). La ley del rubro se publicó ese día en el Diario Oficial de la Federación.

En el inciso F -"violación al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"- del documento de 37 páginas, la PGR asentó que 13 artículos de la ley cañera transgreden el artículo 133 de la Constitución (...) "es incuestionable que se rompe con la supremacía constitucional, puesto que dicha norma pretende ubicarse por encima de la misma Carta Magna".

Mientras en la Sagarpa los secretarios de Finanzas, Lázaro Arias Martínez, de Organización, Pascual Alvarado, ambos de la UNPCA-CNC, y sus asesores, así como el diputado Carlos Blackaller, se reunían con Usabiaga Arroyo, los cañeros cenecistas, en voz de su dirigente Daniel Pérez Valdés, insistieron: "no queremos nada regalado, sólo un precio justo para la caña de azúcar y que respeten a nuestras organizaciones. Nos parece grave que el secretario Usabiaga haya creado este problema y ahora renuncie a su cargo. Este conflicto afecta a 2.5 millones de productores . Nos demuestra que en agosto abusaron de nuestra buena fe y que atrás de esto hay intereses económicos muy fuertes".

Pérez Valdés afirmó que la zafra 2005-2006 no está en riesgo, como nuevamente lo afirmó el titular de Sagarpa, "La caña es nuestro patrimonio, de ello vivimos y no la podemos poner en riesgo, como se pretende al no aplicar la ley de desarrollo sustentable para la caña de azúcar, que tiene 35 días de publicada y no se respeta". Apuntó que la acción de inconstitucionalidad es "vengativa, de mala fe. Sigue intentando (Usabiaga) beneficiar a los industriales, pues al bajar el precio del azúcar se reduce el de la caña. Con este señor no hay esperanzas de negociación, es sólo un diálogo de sordos, un monólogo".

Se había dicho que por la noche las negociaciones continuarían, pero fueron suspendidas.