Aprovechan lagunas legales para ofrecer carreras sin validez oficial

Universidades privadas engañan a miles de estudiantes en Chiapas

Ante las imprecisiones de la ley "sólo podemos advertir a la población", alega Educación estatal

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 27 de septiembre. La mayoría de las carreras que se imparten en las 35 universidades particulares que hay en Chiapas carecen del registro de la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que provoca que cada año, en promedio, 10 mil egresados no puedan obtener las cédulas para ejercer su profesión en la entidad. Además, sólo 20 por ciento de esas instituciones cumple con los requerimientos mínimos de infraestructura, mobiliario y equipo, condiciones técnico-pedagógicas, de higiene y seguridad.

Ante esta situación, autoridades estatales argumentan que si bien la impartición de educación superior es una facultad que tienen particulares, los requisitos que deben cumplir, estipulados en la Ley General de Educación, "no son precisos"; de esto se valen empresarios para abrir "universidades" que además carecen de las condiciones mínimas de calidad en su enseñanza. "Nuestra única alternativa es advertir a la población", admite Alfredo Palacios Espinosa, titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) de Chiapas.

La Universidad Valle del Grijalva (UVG) opera en la entidad desde hace 16 años; tiene cinco campus en igual número de ciudades, donde asisten en promedio 10 mil alumnos -se estima que esta institución absorbe 15 por ciento del total de los egresados de educación media superior en la entidad-; sin embargo, sólo dos de las 19 carreras que imparte cuentan con registro ante la DGP.

Harvey Gutiérrez Alvarez, representante legal de esa casa de estudios, explica en entrevista con La Jornada que la UVG tiene el reconocimiento de la SEP para funcionar, "pero aún está en trámite el registro que otorga la DGP sobre la profesión de los egresados... como hay gran carga de trabajo en esa dependencia federal, seguramente por eso no nos lo han dado".

Por su parte, egresados de la UVG, ubicada en esta capital, denunciaron lo que consideran fue un "engaño", ya que al inscribirse se les informó que dichos estudios contaban con validez oficial. Al respecto, Palacios Espinosa explica que hay planteles que tienen algunas carreras con el reconocimiento de validez oficial de estudios, pero ofertan una gama más amplia de profesiones que no lo tienen.

"Algunas carreras (en la UVG) no las autorizó la SEE porque ya están saturadas; lo que hacen los dueños de estas instituciones es tratar de conseguir el registro".

En caso de la UVG, las carreras de ingeniería civil y arquitectura son las únicas certificadas. Sin embargo, desde hace más de cinco años egresan anualmente casi 3 mil alumnos de otras 17 licenciaturas que se imparten en esa casa de estudios.

"La SEP nos las tiene que certificar, es lo que esperamos. El trámite lo iniciamos antes de que hubiera egresados de las carreras (...) el problema con algunos alumnos es que se desesperan y al egresar de inmediato quieren su cédula, quizá porque se les presentó una oferta de trabajo donde se las pidieron, pero se deben esperar", justifiva Harvey Gutiérrez.

Añade: "con el título que les damos es más que suficiente para que puedan acceder a un empleo, la cédula solo la piden en profesiones como derecho y medicina". No obstante, la afirmación del representante legal de la UVG se contradice con lo dicho por el titular de la SEE:

"Ellos no pueden abrir carreras si no están registradas. Algunas, como pedagogía, ciencias de la educación y administración, no fueron autorizadas por la SEE debido a que ya están saturadas; lo que hacen los dueños de estas instituciones educativas es apostar a que la SEP les otorgue el aval".

Según datos de la SEE, en promedio 12 mil personas egresan al año de las 35 instituciones de educación superior particulares que hay en territorio estatal; de ellas, 10 mil no podrán conseguir su cédula profesional.

A esta situación se suma la falta de reglamentos y leyes que obliguen a los empresarios de la educación a cumplir con los requisitos de infraestructura, parámetros de rendimiento y a pagar impuestos, ya que 85 por ciento de esas instituciones se escuda en la figura de asociación civil, para evitar rendir cuentas al fisco, indica Palacios Espinosa.

Enseguida, el funcionario estatal ejemplifica: "hay instituciones que no cumplen con los requerimientos mínimos para impartir las carreras que tienen el reconocimiento; por ejemplo, el Instituto de Estudios Superiores de Tacaná, que ofrece la carrera de informática e ingeniería en sistemas computacionales, no tiene los laboratorios respectivos".

Ligado a lo anterior, un informe de la SEE revela que en los últimos dos años la mayoría de los alumnos de las 35 instituciones citadas han reprobado el examen de Centro Nacional de Evaluación, que se aplica para conocer el nivel de conocimiento y habilidades de los egresados.

En marzo de este año se aplicó a 134 estudiantes y sólo 24 lo aprobaron, es decir, 17.91 por ciento.