La gente deja de participar porque la inseguridad ya no es su principal preocupación

La calma, uno de los riesgos para la continuidad de la policía comunitaria

Causa controversia si se debe pagar salario a los vigilantes: motivación o daño al proyecto

ROSA ROJAS/II ENVIADA

Horcasitas, San Luis Acatlán, Gro. A 10 años de su fundación, de haberse fortalecido con la participación popular a pesar del acoso de las burocracias municipales, estatales y federales, el Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reducación (SCSIJR) de la Costa-Montaña, regido por usos y costumbres, lleva en su éxito el germen de lo que puede ser su destrucción: al ya no existir la "presión insoportable" del azote delincuencial, la gente va dejando de participar, se confía, baja la guardia.

A diferencia de lo que ocurre en casi todo el país, la seguridad ya no es la prioridad por estas tierras, sino el combate a la pobreza que rápidamente se va convirtiendo en miseria rampante. La persistente caída de los precios del café, de cuyo cultivo vive 65 por ciento de la población regional, ha hecho que se esté perdiendo de forma acelerada la principal riqueza: los jóvenes. En dos años, sólo de la comunidad de Buenavista, emigraron rumbo a Estados Unidos cien egresados de la escuela secundaria, informó el alcalde de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís.

Varios principales, autoridades y en general gente de la comunidad entrevistadas durante un recorrido por Yoloxóchitl, Capulín Chocolate, Zoyatlán, Horcasitas y la ciudad de San Luis Acatlán, luego de asegurar que la actuación de la policía comunitaria (PC) casi ha acabado con asaltos, robos, las violaciones a mujeres en los caminos, la siembra de enervantes y el abigeato, comentaron que el gobierno debería pagar salario a los policías comunitarios porque trabajar sin sueldo, como lo hacen ahora, "es desalentador" para ellos que "arriesgan su vida (siete personas, entre policías y comisarios, han caído en el cumplimiento de su deber) y se meten en problemas con sus vecinos".

Por el contrario, algunos de los pioneros de este sistema de justicia indígena, como Gelasio Barrera, tlapaneco, primer presidente del Comité Ejecutivo de la PC; Bruno Plácido Valerio, mixteco, integrante de dicho comité; Juan Horta, mestizo, coordinador del mismo comisionado por la organización cafetalera La Luz de la Montaña; doña Catalina Raymundo Barragán, tlapaneca, viuda del primer comisario asesinado en venganza por su trabajo en la PC, coincidieron, entrevistados por separado, en que pagar a los comunitarios "hace daño" al proyecto.

Por su parte, tres de los actuales comisarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entrevistados en San Luis Acatlán -Zósimo Avilés Mendoza, Teodorico Melesio Santos y Octavio Herrera Valera-, mencionaron que uno de los principales problemas de la organización es la falta de fondos.

Actualmente el ayuntamiento de San Luis Acatlán apoya con 50 mil pesos mensuales para gastos operativos. El de Malinaltepec otorga una compensación -no sabían de cuánto- a sus policías comunitarios. A veces las organizaciones productivas dan apoyos puntuales para vigilar actos o valores. Sin embargo, el más reciente recuento arrojó un saldo deudor de 97 mil pesos.

Barrera, quien fue comandante en Camalotillo, municipio de San Luis Acatlán, comparó el sistema de justicia comunitaria con "un gran árbol que sembramos hace 10 años y ahora estamos recogiendo el producto. La gente se está sintiendo bien", pues casi no hay delincuencia.

"La gente que está ahorita (en el sistema) es nueva; hay que llamar a los viejos para que formen a los nuevos. Los que entramos antes ya no aguantábamos la presión; los nuevos ya no sienten la presión, la amenaza. Antes no teníamos ningún salario ni apoyo, simplemente entramos a dar este servicio a la sociedad. Ahora los seis comandantes regionales y los seis comisarios de la CRAC tienen compensación (de 2 mil 500 pesos mensuales). A muchos el dinero nos hace mal, por esa razón va decayendo; ya no hay asaltos ni abigeato, pero la gente se está confiando, le está parando.

"Con el dinero mucha gente entra porque quiere ir a cobrar, no le importa su pueblo, pero sólo cobran los dirigentes, por eso muchos se fueron saliendo, porque no les pagan a los policías y a los dirigentes sí, de ahí viene la debilidad", criticó.

No hay participación social

"Ya no hay pláticas, siento que ya no hay participación de corazón y de coraje. Cuando empezamos dejamos al lado el miedo, tomamos un arma de un tirito y con eso pudimos calmar a los asaltantes", agregó don Gelasio.

Refiere que antes visitaban a las autoridades municipales, a los principales, para pedir consejos. "Recorríamos pueblo por pueblo, hay que platicar qué hacer entre todos. Hace falta retomar contacto con los ciudadanos, platicar mucho con las autoridades, con los principales, con las mujeres, y la gente nos va a decir por qué ya no quiere participar, lo que se tiene que hacer para no perder esta tranquilidad", comentó.

Juan Horta mencionó, entre los problemas reportados -en esto coincidió con Bruno Plácido-, que en algunos lugares la asamblea comunitaria ya no nombra a los policías. También se refirió a la falta de crítica en éstas respecto a la reducación de los presos, a que los principales han dejado de participar en la reducación, a las críticas por la fuga de reos, algunos económicamente poderosos, como el caso del ganadero Emiliano González Navarrete, quien fue detenido por abigeato y escapó en el 2000, o la fuga de 13 presos más ocurrida hace unos tres meses.

Doña Catalina Raymundo, viuda del comisario Filogonio Díaz Espinal, entrevistada en su casa en Horcasitas, relató que a su esposo -quien prestó cuatro años de servicio- lo asesinó a machetazos Laureano Morales. Este era el encargado del teléfono, de la Conasupo y de la construcción de la comisaría. Hubo malos manejos y en una asamblea don Filogonio le reclamó la devolución del dinero. "La mujer de Laureano dijo que por eso mató a mi papá", explicó Ofelia Díaz Raymundo, hija del comisario asesinado.

El homicida huyó, unos dicen que a la ciudad de México, otros que a Cuernavaca. El Ministerio Público hizo averiguaciones, pero no las ha continuado, agregó.

Las mujeres señalaron que las muertes de policías comunitarios empezaron con don Filogonio. Después asesinaron a comunitarios en Cuanaxtitlán, en Yoloxóchitl, Zoyatlán y Tilapa, "se están perdiendo vidas y, como ven que no pasa nada, lo van a seguir haciendo, ya no sienten miedo con la policía comunitaria", apuntó doña Catalina.

Agregó que además se han dejado de hacer rondas intercomunitarias de vigilancia. "No hay comunicación de la dirigencia con los grupos, se va perdiendo el cambio de brazo; antes venían los de Buenavista para acá", dijo. Asimismo, los policías comunitarios ya no reciben una despensa cada dos meses, lo que ayudaba un poco a su familia.

Plácido Valerio expresó a su vez que después de que se resolvió el problema de la delincuencia la gente se quedó pasiva, sigue participando, mas no como al principio, porque ahora sus problemas están relacionados con la comercialización de sus productos, por tanto no tienen recursos para la educación de sus hijos.

"Creo que ha faltado concientización de la gente, de su pasado, porque si se le olvida su pasado no tiene futuro. Lo que a los compañeros que han estado (en la CRAC) les ha faltado es prevención, información a la comunidad para seguir fortaleciendo este proceso", y estimó que las autoridades de la CRAC deben acercarse más a los habitantes.

Explicó además que en el proceso de reducación la comunidad ya no participa en la liberación de los detenidos, en la vigilancia de los que ya fueron reducados y se han olvidado las pláticas de los que ya fueron liberados con los detenidos.

"La parte de la rehabilitación está un poco desorientada", dijo, pues el proceso no sólo es recorrer y vigilar, sino verificar que quienes ya fueron reducados en verdad cumplieron con lo encomendado o si están reincidiendo. "La otra parte que falta es la participación de la gente en orientar y vigilar a esos reducados. Por ejemplo, hay comunidades que cobran multas todavía y el proceso de la comunitaria es no cobrarlas".

-¿Cuál es el problema de que cobren multas?

-Que es más fácil pagar una multa que entrar a un proceso de reducación de los que cometen errores; si aquí acordamos que los reducados hicieran trabajo para la comunidad no es con la visión de tener esclavos, sino de que deben recuperar el principio del trabajo, de su formación que de alguna forma no obtuvieron, por eso es este proceso, que hoy se ha dejado de hacer.