Presunto responsable de peculado por el Pemexgate
Carlos Juaristi, de nuevo prófugo de la justicia
Carlos Fermín Juaristi Septién, ex director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), es por segunda ocasión prófugo de la justicia, luego de que una juez federal con sede en el Reclusorio Sur libró en su contra una nueva orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado derivado del Pemexgate.
Fue la juez 13 de distrito, Silvia Estrever Escamilla, dentro de la causa penal 45/2002, quien emitió la orden de captura el pasado 22 de septiembre.
La medida cautelar se libró en cumplimiento de un amparo que concedió hace dos meses a Juaristi un tribunal colegiado del Distrito Federal, para que la juzgadora determinara la forma en que el inculpado habría participado en la distracción de los mas de mil millones de pesos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como la cantidad exacta que supuestamente autorizó el ex funcionario y el destino que tuvo el dinero.
A diferencia de la primera orden de aprehensión girada en 2002 contra Juaristi, por el mismo delito, en esta ocasión la juzgadora precisó que el monto del peculado que se imputa al ex funcionario asciende a 640 millones de pesos.
Asimismo, la juez libró la orden de captura tras concluir que "quedó demostrado (que Juaristi), en forma conjunta con sus coindiciados, tenía la administración y disponibilidad de los recursos presupuestales de Pemex, en razón del cargo que ocupaba dentro del organismo público descentralizado".
Lo único que no pudo comprobar la juzgadora fue el destino que tuvo ese presunto desvío, aunque precisó que lo que quedó demostrado es "que el dinero no se aplicó para el propósito que estaba predestinado", y en cambio se ocupó para "beneficio ajeno de un tercero", el sindicato petrolero.
De lo único que ya no puede ser juzgado Juaristi es del presunto peculado electoral -delito que lo habría llevado a prisión por ser considerado grave-, pues recibió un amparo definitivo.
Respecto del delito electoral, diversos juzgadores concluyeron que la Procuraduría General de la República no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Juaristi Septién tenía conocimiento de que parte de los recursos que autorizó para apoyar al sindicato petrolero -más de mil millones de pesos durante 2000-, eventualmente serían destinados por los dirigentes del gremio para apoyar la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida.