El gasto de los excedentes petroleros
Según los manuales, el gasto no programable del sector público presupuestal agrupa las erogaciones que no corresponden a la provisión de bienes y servicios públicos a la población (el programable) y que se ajustan automáticamente conforme a las fluctuaciones que se presentan durante el ejercicio fiscal. Se incluyen pagos por seis rubros: 1) deuda pública; 2) participaciones a entidades federativas y municipios; 3) saneamiento financiero; 4) adeudos de ejercicios fiscales anteriores; 5) programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; 6) costo financiero de las entidades paraestatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y simplificando un poco se agrupan los rubros 1, 3, 5 y 6 en el concepto de Costo Financiero, que sumado al de Participaciones y a los Adefas nos dan el total de este gasto.
Ahora bien, con datos a julio de 2005, ¿cuál puede ser el comportamiento de este gasto no programable en el sexenio? Si bien en términos del valor del producto interno bruto, este gasto se conservará en una baja participación respecto a otros (6.3 por ciento a diferencia, por ejemplo, del criminal 26 por ciento del sexenio de Miguel de la Madrid o del drástico 12 de Salinas), el volumen de recursos que se destinará a cubrir el costo financiero de las obligaciones del sector público, las participaciones y los adeudos fiscales anteriores, alcanzará el grave volumen que entregó el gobierno de De la Madrid (el mismo señor que hoy aparece en la televisión aceptando que no supo qué hacer frente a los temblores de 1985 y que el PRI perdió las elecciones en 1988): 260 mil millones de dólares (207 mil Carlos Salinas y 175 mil millones Ernesto Zedillo). Sí, en su sexenio el Presidente Fox destinará 260 mil millones de dólares al gasto no programable: 114 mil millones de dólares de la suma del pago de intereses, comisiones y gastos (90 mil millones) y del apoyo a ahorradores y deudores (24 mil millones). Además, 139 mil millones por concepto de participaciones, cifra jamás recibida por entidades y municipios. Y, finalmente 7 mil millones de adefas.
Algunas cifras nos dan idea de lo que significa ese monto de 260 mil millones de dólares: 1) al cierre de este año la suma de deuda pública (externa e interna) alcanzará un monto cercano a los 180 mil millones de dólares, es decir que luego de haber pagado 114 mil millones de dólares de costo financiero de las obligaciones presupuestales, seguiremos debiendo 180 mil millones; 2) las exportaciones y las importaciones de 2005 alcanzarán un monto ligeramente superior a los 200 y 206 mil millones de dólares, respectivamente, situación que ha sido característica de todo este sexenio en el que el déficit comercial acumulará a 2005 un monto de 37 mil millones de dólares, lo que significa que la apertura económica no nos deja superávit para financiar esos pagos, lo que no deja de ser dramático; 3) el gasto programable promedio anual del sexenio será del orden de 114 mil millones de dólares, lo que significa que las transferencias por intereses de la deuda y por apoyo a ahorradores y deudores de la banca en el sexenio prácticamente equivalen a un año de ese gasto que agrupa pagos del sector público en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, inversión y transferencias, lo que en buen romance puede interpretarse como un año de retraso en la actividad económica; 4) y si estos números no fueran de por sí ilustrativos, permítaseme presentar otro más derivado del anterior, el del gasto en desarrollo social (educación, salud, seguridad social, cultura, recreación, deporte), cuyo promedio anual sexenal será de 70 mil millones de dólares aproximadamente, lo que significa que ese pago de intereses representa poco más de año y medio sin apoyos para las tareas sociales sustantivas del sector público.
A pesar de tratarse de cifras aparentemente poco relacionadas y aisladas, es evidente que dan idea del monto de recursos que ha representado el llamado gasto no programable. Además, y por curioso que parezca, muestran por qué este gobierno solicita a coro que la inversión privada penetre aún más las industrias petrolera y eléctrica. Y para ilustrarlo un dato más. Un cálculo conservador nada más de los excedentes sobre los excedentes petroleros, es decir, de los montos por encima de lo presupuestado que se recibieron en la Secretaría de Hacienda -en lo fundamental por un precio del crudo superior al estimado-, nos daría un monto acumulado de poco más de 32 mil millones de dólares al año 2005. Bueno, pues en esos mismos cinco años, la inversión presupuestal en Pemex sólo acumuló 19 mil millones de dólares (11 mil en el sector eléctrico). Y la inversión financiada (la privada), 41 mil millones de dólares (12 mil en el sector eléctrico). ¿Por qué tanto si se tenían tantos recursos? Pese a la disponibilidad de recursos sostenidos durante no menos de cuatro años, el gobierno privilegió la inversión financiada por sobre la inversión presupuestal, con la clara intencionalidad política de compartir la renta petrolera y la renta del gas natural con los privados. Y para tener mayor control político de este proceso, ha optado -sin duda que lo ha hecho- por repartir excedentes petroleros de uno y otro tipo a unas entidades federativas encabezadas por gobernadores ansiosos de tener recursos fáciles y poco conflictivos, justamente los petroleros. Por eso, precisamente por eso, estas participaciones han alcanzado su máximo histórico en este sexenio: 112 mil millones de dólares al cierre de este año. Ni más ni menos. En esta lógica nos movemos.