El juez analiza el expediente de Tlatelolco para determinar si ordena su arresto
Defensores de Echeverría y Sánchez Vargas presentan pruebas de descargo
Murieron 43 personas por un choque entre militares y gente apostada en edificios, dicen
Aun cuando ayer venció el plazo legal de 24 horas que en teoría tenía el juez 15 de distrito en materia penal del Distrito Federal, Ranulfo Castillo Mendoza, para determinar si procede girar órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otros siete ex funcionarios y militares acusados de genocidio y desaparición forzada por el caso de la matanza de estudiantes de octubre de 1968, el juzgador decidió tomarse al menos un día más antes de emitir su fallo, debido a lo voluminoso del expediente.
Fuentes oficiales cercanas al caso revelaron que se espera la resolución para los últimos minutos de hoy.
Desde el pasado lunes, el juez Castillo suspendió el análisis de los casos que tenía en estudio para abocarse a tratar el expediente de consignación sobre la matanza de 1968 y la desaparición de Héctor Jaramillo, ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Además, pidió apoyo a sus secretarios de acuerdos y proyectistas con el propósito de analizar el expediente de 36 tomos que envió la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, instancia que tardó más de tres años en elaborarlo.
Fuentes de la Procuraduría General de la República indicaron que, hasta el cierre de esta edición, el juzgador y sus colaboradores aún revisaban las más de 34 mil fojas del expediente, las cuales contienen declaraciones testimoniales, libros, revistas, recortes periodísticos y pruebas periciales.
También analizaban el contenido de los videos documentales relativos a la matanza de Tlatelolco, indicaron.
Agregaron que fue después de las 23 horas del pasado lunes cuando el juez Castillo Mendoza admitió para su estudio el expediente del caso 1968 y lo radicó con el número de causa penal 78/2005.
Un enfrentamiento en Tlatelolco: Echeverría Alvarez
El juez del caso recibió ayer la visita de los abogados de los ocho inculpados. Cerca del mediodía Juan Velásquez y Eraclio Bonilla, defensores del ex presidente Luis Echeverría y de quien fuera su procurador de la República, Julio Sánchez Vargas, acudieron al juzgado para entregar pruebas de descargo.
El documento refiere que el 2 de octubre de 1968 hubo un "enfrentamiento entre militares y gente apostada en apartamentos y azoteas" (de los edificios de Tlatelolco), lo que "provocó la muerte de 43 personas", entre militares y manifestantes. "Los fallecidos fueron (resultado) del enfrentamiento y no de una política de Estado de exterminio", por lo que "de ninguna manera esos hechos representan un acto de genocidio".
En el memorando, los abogados de los inculpados refieren que sería "legalmente improcedente" que se librara una orden de aprehensión contra sus clientes, al entender que nunca se cometió genocidio en México y no existe una sola prueba de una presunta responsabilidad por esa supuesta conducta delictiva. Asimismo, argumentan que el delito de desaparición forzada que también se imputa a sus defendidos no es aplicable, porque "son hechos que no son conexos" a lo de Tlatelolco, pues el secuestro de Héctor Jaramillo se suscitó "tres meses después" de la matanza de estudiantes.
Refutan que no existió el delito por el que se acusa a quienes representan, pues "la afirmación del fiscal (Ignacio Carrillo Prieto) de que se cometió genocidio (el 2 de octubre de 1968) respecto del estudiantado nacional, es tergiversar los hechos. Lo anterior, en virtud de que los estudiantes no formaban parte de un grupo étnico, racial o religioso, el fiscal afirmó que se trataba de un grupo nacional: ¡porque estudiaban en planteles nacionales!"
Sin embargo, "el carácter nacional, que el Código Penal Federal señala, corresponde al del término genocidio, que significa exterminar a un pueblo, estirpe o nación. Los estudiantes no son un grupo nacional, dado que la característica de estudiar que los une no corresponde al concepto de nación, y la pretensión de que lo fue por 'estudiar en planteles nacionales' es absurda", puntualiza el documento.