El Correo Ilustrado

Cuestiona Monsiváis a Carrillo Prieto

Señora directora: El doctor Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, hizo unas declaraciones que vale la pena comentar. Indicó don Ignacio: "El Ejército Mexicano fue víctima de una agresión junto a la población civil". De allí que al consignar a los responsables, "además de ser un acto de justicia, también conlleva limpiar definitivamente una mancha ignominiosa e injusta que se colocó sobre las fuerzas castrenses" (nota de Alfredo Méndez y Jesús Aranda, La Jornada, 20 de septiembre de 2005).

Lo afirmado por el fiscal especial desconcierta. A su cargo están los procesos que le han merecido la calificación de "genocidios" (10 de junio de 1971, 2 de octubre de 1968), tarea es de la mayor trascendencia y no admite la atención de temas no incluidos en su agenda. Si el Ejercito Mexicano no ha sido indiciado, ¿por qué "limpiar la mancha ignominiosa e injusta"? Los soldados dispararon sin duda alguna, pero no hay procesos legales. Entonces, ¿qué sentido tiene la exoneración? ¿Explicación no pedida, acusación archivada?

Más difícil de comprender es lo siguiente:

"¿Con qué propósito se engañó al Ejército? Respuesta: Debilitar al Ejército es debilitar una institución central del Estado, y todo el que tiene interés en debilitar al Estado, en uno u otro aspecto del espectro político, ésa es su tesis. El Ejército Mexicano fue víctima, según lo que investigamos en esta averiguación, de una trampa: la trampa de Tlatelolco."

Con todo respeto, aquí surge una contradicción o una interpretación brumosa. Sí, en efecto, también murieron soldados y oficiales el 2 de octubre, pero la trampa verdadera de Tlatelolco no es la descrita por el general Marcelino García Barragán que reproduce Julio Scherer García en Parte de guerra, esos miembros del Estado Mayor Presidencial que disparan sobre la plaza y también matan y hieren a soldados. Allí está la trampa alterna. Lo fatídico de necesidad es el envío de tropa a la Plaza de las Tres Culturas a dispersar o reprimir un mitin pacífico, de gente desarmada.

Esa es la gran trampa de Tlatelolco, la presencia del Ejército en funciones propias, en todo caso, de la policía. La decisión inapelable del presidente Gustavo Díaz Ordaz y del secretario de Gobernación Luis Echeverría (que tan la compartía que no la denunció en su momento ni jamás la analizó públicamente) activa el mecanismo sobre el cual se despliega la provocación. El Ejército obedeció órdenes y, al sentirse agredido, disparó por larguísima media hora; hasta allí el recuento, pero, también, un grupo de cadáveres y cerca de 2 mil jóvenes detenidos fueron trasladados al Campo Militar número uno. Estos son los hechos, ésta, en primer término, es la responsabilidad de Díaz Ordaz y su equipo de seguridad nacional.

Ahora, a las posiciones del fiscal especial las fortalecen las inconcebibles declaraciones de Juan Velásquez, abogado del ex presidente Luis Echeverría: "La magistrada (Herlinda Velasco Villavicencio) dijo ya que los hechos del 10 de junio de 1971 nunca fueron un genocidio; si no hubo un genocidio, sino homicidios y además prescritos, pues ese autodelito aplica también para el caso de la matanza de 1968. En México nunca ha ocurrido un genocidio; lo de Tlatelolco fue un enfrentamiento" (La Jornada, 20 de septiembre de 2005, nota de Alfredo Méndez Ortiz).

Es evidente que Echeverría sustenta los puntos de vista de su abogado. ¿Podría argumentar cómo es que México está libre del pecado original "del genocidio"? ¿Y quiénes participaron en el enfrentamiento? Infórmenos, por favor, al fin que los delitos ya prescribieron.

Carlos Monsiváis

Comentarios del gobierno de Guerrero

Señora directora: En la edición de ayer, tanto en el editorial como en la columna Astillero, de Julio Hernández López, hacen referencia con imprecisiones a un hecho ocurrido el lunes después de una reunión que sostuvo el gobernador Zeferino Torreblanca con el Consejo Estatal de Participación Ciudadana en materia de seguridad pública.

Mencionan que el gobernador no da la cara a la prensa y en la columna Astillero se menciona que "se negó ayer a hacer comentarios a la prensa sobre estos dos asesinatos recientes, advirtiendo a los reporteros que avanzaría su camioneta blindada sin hacer alto para que, bajo ese aviso, no fuesen a producirse incidentes que luego fueran considerados ataques a las libertades de prensa y expresión".

Deseo expresar que el gobernador ha atendido a la prensa prácticamente cada vez que se lo han pedido, de ello pueden dar cuenta sus corresponsales, y que jamás lanzó la advertencia mencionada.

César M. Bajos Valverdes, director general de Comunicación Social del gobierno de Guerrero

Preocupante tolerancia a porros

Señora directora: En semanas recientes se han agudizado los ataques de grupos de pandilleros, conocidos comúnmente como porros, en contra de estudiantes, profesores y trabajadores de la UNAM en diversas escuelas. En cartas a la redacción y reportajes de éste y otros periódicos se ha dado cuenta de las agresiones más recientes contra estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan. Las denuncias y los reportajes relatan que tanto la policía estatal como las autoridades judiciales del estado de México han protegido reiteradamente a los porros del llamado Frente Estudiantil de Naucalpan. En contraste, han detenido y reprimido a estudiantes y profesores de este plantel, organizados para protestar por las agresiones y para demandar la intervención de autoridades gubernamentales y universitarias en contra de los porros. Mientras delincuentes identificados por la comunidad del CCH fueron liberados por agentes del Ministerio Público de Naucalpan, decenas de estudiantes han sido detenidos en el Centro de Justicia de este municipio.

Las autoridades generales del CCH y las del plantel han dado la espalda a los estudiantes y han actuado con negligencia, si no es que con complicidad, frente a las agresiones de porros y ahora también de policías municipales. Desde hace al menos dos años representantes estudiantiles legítimamente electos para integrar el Consejo Universitario de la UNAM han denunciado en este cuerpo colegiado los constantes atracos, abusos, violaciones y demás agresiones de porros contra estudiantes en diversos CCH, especialmente en el plantel Naucalpan. En este Consejo han manifestado reiteradamente su inconformidad por la falta de apoyo y el antagonismo de la directora del plantel, Angélica Galnares, y por la falta de interés y negligencia del director general del CCH, Dr. José de Jesús Bazán Levy.

El Consejo Universitario no ha dado respuesta efectiva a las preocupaciones y constantes denuncias sobre la violencia que rodea a varios planteles del CCH.

En mi calidad de consejero he podido constar la actitud despectiva, y en varias ocasiones agresiva, con la que el director general del CCH ha respondido a la exigencia de seguridad y protección que con toda la razón plantean los estudiantes. Las actitudes asumidas por las autoridades del CCH son inaceptables y resultan contrarias al comportamiento que se espera de quienes dirigen una de las instituciones más importantes de la UNAM. La negligencia y la falta de interés mostradas darían crédito a las versiones que sostienen que existe contubernio entre autoridades estatales, municipales y las del CCH en la protección de los grupos de pandilleros.

Las agresiones en contra de estudiantes, profesores y trabajadores de la UNAM son siempre preocupantes e inaceptables. En el contexto político actual resultan aún más peligrosas, pues los ataques de porros han sido utilizados tradicionalmente como mecanismo de provocación externa. Las autoridades centrales de la UNAM no pueden permanecer al margen de esta situación. El caso de Naucalpan requiere de su intervención, al más alto nivel, para exigir la inmediata liberación de los estudiantes detenidos y demandar que se ejerza la acción penal en contra de porros, pandilleros y agresores.

Dr. Imanol Ordorika, consejero universitario, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM