Editorial
Narcolimosnas: ¿"purificación", o lavado?
La declaración formulada a comienzos de esta semana por el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, de que la Iglesia católica ha aceptado recursos procedentes del narcotráfico y que no hay nada de malo en esa práctica, pues "el dinero se puede purificar cuando la persona tiene buena intención", ha generado comprensibles reacciones de rechazo en el gobierno foxista. El vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, dijo al respecto que el clero católico no puede recibir trato de excepción ni permanecer al margen de las leyes, las cuales estipulan que nadie, "en ninguna ocasión y bajo ningún pretexto", puede recibir dinero ilegal, fomentar el lavado de dinero o favorecer que el crimen organizado actúe de manera impune.
Por su parte, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, exhortó a los jerarcas católicos a que denuncien cualquier transacción de esta clase, pero resbaló en forma grave cuando descartó, a contrapelo de lo que ordena el Código Penal, que la dependencia que encabeza vaya a actuar de oficio ante presunciones de narcotráfico y lavado de dinero.
Lo que hay en el fondo de este nuevo escándalo es la nunca depuesta pretensión de la jerarquía eclesiástica de recibir tratos privilegiados ante la ley. Esa suerte de "teología del lavado" que esbozó Godínez expresa, a fin de cuentas, la demanda de que las disposiciones vigentes en materia de lucha contra el narcotráfico no se apliquen a los hombres de la Iglesia, y que éstos sean eximidos de las obligaciones legales que rigen para el resto de los ciudadanos. De hecho, en la medida en que el prelado admite que "ha conocido de casos" de narcolimosnas, se reconoce como encubridor de un delito del fuero federal. "Es problema de ellos", dice Cabeza de Vaca, limitándose a "exhortar" a los obispos a que presenten las denuncias correspondientes, eximiéndolos de la investigación formal que desencadenaría una confesión pública semejante de un ciudadano secular.
Ha de señalarse, a este respecto, que si algunos altos funcionarios del catolicismo se perciben por encima de las leyes, las autoridades tienden a alentarlos; esta actitud no es exclusiva del actual grupo gobernante, tan abiertamente confesional, sino viene de mucho antes. Hace más de una década, el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione admitió sin empacho que había tenido encuentros con los capos que, se presume, organizaron el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, pero a la autoridad de ese entonces encabezada por Carlos Salinas no se le ocurrió que ello ameritaba, por lo menos, una indagatoria formal.
La Iglesia católica está expuesta, al igual que cualquier otra institución, a la infiltración y la corrupción de la delincuencia organizada, específicamente los cárteles del narcotráfico. La hipocresía gubernamental y el tradicional secretismo eclesiástico son, por cierto, caldos de cultivo óptimos para que esos peligros se materialicen. El mínimo sentido común y un elemental decoro debieran llevar a los encargados oficiales de procuración de justicia a preguntarle al obispo de Aguascalientes lo que él admite conocer en torno a las narcolimosnas, las cuales, según la ley, no derivan en "purificación", sino en lavado de dinero.