Desde hace algunas décadas los pueblos indígenas del mundo y en particular de América Latina exigen el respeto y reconocimiento a sus derechos como entes colectivos (traje, espiritualidad, idioma, territorio, tierra). Estos derechos se encuentran plenamente reconocidos en diferentes documentos, convenios y acuerdos nacionales e internacionales, como el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado entre la URNG y el gobierno de Guatemala, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y los Acuerdos de San Andrés firmado entre el EZLN y el gobierno mexicano.

De todos los derechos exigidos por los pueblos indígenas, los Estados latinoamericanos sólo han cumplido con los derechos culturales, y estos, maquillados en programas de educación bilingüe intercultural, "desarrollo con identidad", programas de formación intercultural o proyectos ecoturísticos.

Pero aquellos derechos que para los grupos poderosos ponen en peligro la "indivisibilidad de los Estados", como el derecho a la tierra y al territorio, son negados a los pueblos originarios.

Con la firma de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y los países del tercer mundo, como lo sucedido con Centroamérica, o la entrega de recursos naturales (el gas en Bolivia, el agua en la Amazonía, las concesiones mineras en Guatemala), son los nuevos escenarios que permiten reconocer que la demanda histórica de los pueblos indígenas de autonomía y la autodeterminación tienen aún validez, sobre todo cuando se atenta en contra los recursos que históricamente han pertenecido a estos pueblos, como actualmente está sucediendo en Guatemala.

Cuando se consolida el Estado guatemalteco, bajo una imaginada identidad nacional, se fortalece la idea de que el Estado es indivisible. En todas las constituciones, hasta la última, que por cierto algunos la consideran como la más humanitaria, aparece normada la idea de indivisibilidad y unicidad de la nación, y bajo ésta característica se consolida la clase poderosa de Guatemala, que ha manejado los destinos del país desde hace muchos años.

Esta clase social, que se ha autodenominado "criollos" y que se han negado a ser llamados "ladinos", siempre trataron el tema indígena como un "problema" y crearon instituciones que se encargaron de estudiar a los pueblos indígenas con el fin de mediatizar sus demandas. Es así como aparecieron el Instituto Indigenista Nacional, el Seminario de Integración Social, el Instituto de Antropología e Historia, siempre dirigidos por profesionales que perseguían la asimilación e integración de los indígenas. En las últimas décadas, se crearon instituciones dirigidas por indígenas, como la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural, la Academia de las Lenguas Mayas, el Fondo Indígena de Guatemala, y tantas comisiones más que también tratarían el "problema indígena".

La primera oleada de estas instituciones se da en el marco del proyecto indigenista, que intentaba asimilar e integrar a los indios en la unidad del Estado. La segunda oleada corresponde al proyecto multicultural neoliberal, que aunque sean indígenas quienes las dirigen, su objetivo es mediatizar el proceso de liberación de los pueblos, asumiendo sólo la defensa de los valores culturales, no el proceso de redistribución de los recursos.

De esta manera, el indigenismo y el multiculturalismo, como proyectos políticos de Estado, aunque reconocen la existencia de pueblos, comunidades o grupos indígenas, pretenden la asimilación, integración o coptación. Buscan proteger y defender los valores indígenas, sobre todo aquellos que pueden ser asimilados por la otra cultura, y mientras tanto usurpan y explotan los recursos naturales (petróleo, agua, minas y todo lo relacionado a la tierra), que queda en manos del Estado y los ladinos.

Esta situación de los pueblos mayas, que comienza desde la invasión misma, siempre ha tenido un sólo objetivo: la defensa de una "unidad nacional" basada en la monoetnicidad. Esta situación sigue hasta hoy, cuando se habla de nuevas explotaciones de zonas mineras. La excusa es "el beneficio de la nación". ¿Cuál nación, la de los pobres o la de los ricos? Desde la explotación de las minas de Ixtahuacán y Oxek, los beneficios siempre han sido para los mismos grupos de poder.

Cuando los pueblos indígenas asumen la defensa de sus recursos, como en las consultas populares de Río Hondo, Sipacapa y Comitancillo, se les desconoce pues "no están basados en ley". Por otro lado, quienes asumen la conducción del Estado lo hacen basándose en la mal llamada indivisibilidad de la nación, sin tomar en cuenta los acuerdos y convenios nacionales e internacionales que permiten a los pueblos la defensa de sus recursos.

El pueblo sarayaku y los tagaeris de la Amazonía ecuatoriana lo han demostrado al utilizar mecanismos e instrumentos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para defenderse de las atrocidades del gobierno ecuatoriano al aceptar la explotación petrolera.

Cuando el gobierno de Guatemala rechazaba las consultas comunitarias, argumentando razones como el nivel de analfabetismo, algunas organizaciones acuñaron la idea de elaborar una propuesta de ley a favor de la consulta. Aunque dichas iniciativas son legítimas, creemos que la solución en el país no está en la formulación de nuevas leyes, sino en el cumplimiento de las que ya existen.

Entre los instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales e nacionales que protegen la recuperación de la madre naturaleza, están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio 169 de la OIT y la Carta Interamericana sobre los Derechos Humanos. Además, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Descentralización, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y ahora la Ley sobre el Cronograma para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Este último es importante porque da a estos acuerdos un carácter obligatorio e inmediato para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno en la mesa de negociación. Con este cuerpo de instrumentos no hay nada que negociar a nivel jurídico, por lo que los tres poderes del Estado sólo deben cumplirlos, y los ciudadanos ejercerlos. Dichos instrumentos protegen las demandas de los pueblos indígenas, sobre todo su derecho sobre los recursos naturales, como es el caso de las minas ahora codiciadas por las transnacionales.

De esta manera, las consultas municipales, las medidas de las comunidades para defender el futuro de las nuevas generaciones, así como la lucha contra el Tratado de Libre Comercio y otros programas económicos a favor de los grupos de poder y las transnacionales, están estipuladas en todos los convenios y tratados en materia de derechos humanos que el Estado ha ratificado.

La defensa de los recursos que hacen los mayas se enmarca en derecho y no atenta contra la unicidad de la nación. Además, tampoco ha habido una sóla nación; tanto el indigenismo como el multiculturalismo reconocen a Guatemala como nación multicultural, multiétnica y multilingüe. Lo que está en duda es que los grupos de poder, las transnacionales y el gobierno sean dueños de los recursos naturales que pertenecen a los pueblos.