Las Lianas, Ecuador. Energy Bulletin, 19 de junio. Investigaciones recientes de Las Lianas arrojan luz sobre un inquietante proceso de militarización de la región amazónica y la privatización del control del ejército ecuatoriano en aras de proteger los intereses de las compañías petroleras multinacionales.

Hemos obtenido copias de contratos y acuerdos de seguridad secretos entre las fuerzas armadas ecuatorianas y las compañías petroleras extranjeras que revelan que el ejército se alquila y que las petroleras usurpan el papel del gobierno electo. Existe una perturbadora historia de vínculos entre las multinacionales del petróleo que operan en el mundo en desarrollo y las fuerzas armadas de los países donde operan.

Unocal en Birmania, Chevron y Shell en Nigeria, y la Occidental (Oxy) en Colombia han estado vinculadas a la violencia letal y violaciones a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas en estos países por proporcionar "seguridad" a las petroleras. Aunque Ecuador no ha sufrido la historia de abusos militares por los que son famosos estos tres países, los contratos privados y los acuerdos de seguridad entre las multinacionales extranjeras y las fuerzas locales de seguridad siguen siendo una seria amenaza a los derechos humanos y al régimen democrático.

Aunque no es noticia que la explotación petrolera ha generado conflictos entre las multinacionales y los pueblos indígenas en Ecuador, o que el gobierno y los militares por lo general permiten que las compañías petroleras impongan sus términos a las comunidades cuya tierra penetran, hoy Las Lianas está en posición de documentar los nexos formales entre las petroleras y los militares e ilustrar cómo es que las multinacionales dirigen las políticas militares en la Amazonía ecuatoriana.

Centro de estas relaciones es el acuerdo maestro "Acuerdo de Cooperación de Seguridad Militar entre el Ministro de Defensa y las Compañías Petroleras que Operan en Ecuador" ("Military Security Cooperation Agreement between the Ministry of Defense and the Oil Companies that Operate in Ecuador") firmado en julio de 2001 por 16 compañías petroleras multinacionales incluidas las compañías estadunidenses Occidental, Burlington y Kerr-McGee.

El propósito del contrato es "Establecer... los términos de colaboración y la coordinación de las acciones que garanticen la seguridad de las instalaciones petroleras y del personal que labora en ellas".

Esto suena lo suficientemente inocente. Sin embargo, la realidad es que estas compañías tienen concesiones petroleras que cubren cientos de kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos en muchos territorios indígenas. El resultado es que, a petición de las petroleras, la vasta mayoría de las tierras indígenas de la región amazónica están militarizadas.

Los conflictos se han tornado más intensos conforme las comunidades resisten la explotación del crudo, como ocurrió en el asentamiento kechwa de Sarayacu en la provincia de Napo, o en las comunidades shuar, achuar y shiwiar en el sur, que han sufrido amenazas y violencia.

Este contrato maestro, como docenas de contratos suplementarios entre las compañías petroleras a título individual y las fuerzas armadas, se han hecho en completo secreto. Ahora que los tenemos podemos constatar que el involucramiento militar en los conflictos entre las comunidades indígenas y las petroleras, como la amenaza de forzar a Sarayacu a aceptar la explotación de crudo, no son casos asilados sino parte de una política de intimidación de las petroleras que usan a los militares como su ejército privado.

Ahí está el ejemplo del contrato firmado entre Occidental y el Ministerio de Defensa. En este documento, las fuerzas armadas se contratan con Occidental para:
 

Efectuar patrullajes armados y revisiones de individuos indocumentados en el área del Bloque 15... proporcionar guardias de seguridad para el transporte terrestre del personal, de materiales y equipo dentro del área de operaciones y su área de influencia... y plan, ejecutar y supervisar operaciones de contra inteligencia que eviten actos de sabotaje y vandalismo.

Lo que es inquietante es la forma en que este acuerdo militariza territorios ancestrales indígenas y amenaza los derechos humanos. El Bloque 15, la concesión petrolera de Occidental, se sobrepone virtualmente a las tierras en posesión de las nacionalidades secoya y siona, así como grandes porciones de tierras huarani y aquellas de muchas comunidades kichwa y shuar. Ninguna de estas comunidades fue informada sobre el acuerdo de seguridad, en violación directa de la Constitución ecuatoriana y otras leyes.

Este acuerdo pone a los pueblos indígenas en conflicto potencial con los militares justo por llevar a cabo sus actividades normales en sus territorios. El concepto de controlar a individuos "indocumentados" en tierras indígenas es ridículo, si no es que peligroso.

Muchos indígenas, en particular los viejos, no tienen documentación; es gente que no lleva sus papeles al moverse por la selva. Por tanto, se ponen de inmediato en riesgo de ser detenidos, cuestionados y retenidos por soldados armados que trabajan para la petrolera.

Occidental también persuadió al ejército que sitúe un destacamento en una comunidad kichwa. En agosto de 2001, el jefe de seguridad de Occidental escribió a un comandante de fuerzas terrestres ecuatorianas describiéndole las actividades de Occidental en la región y subrayó las ventajas de construir una base en la comunidad de Edén, en el río Napo.

La base que se construyó entonces está en uso, en tierra expropiada a la comunidad indígena.

Es poco común, por decir lo menos, que una empresa petrolera propiedad de extranjeros le dé consejos a las Fuerzas Armadas ecuatorianas sobre dónde es mejor asentar sus soldados y arroja una reflexión triste sobre las relaciones de poder en Ecuador que se haya seguido el consejo.

El peligro es que, ahora que las compañías petroleras han establecido su autoridad sobre los militares y han hecho de las tierras indígenas un objetivo de intervención militar, sea también muy fácil ejercer terrorismo militar en apoyo de la explotación petrolera como lo fue antes en Birmania, Nigeria y Colombia. Esperamos que nuestros esfuerzos por hacer pública esta información ayude al pueblo ecuatoriano a reclamar el control democrático de sus fuerzas armadas y de las empresas multinacionales que operan en el país.