El 14 de agosto de 2005, la Asamblea Biprovincial de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, tomó pozos petroleros y estaciones de bombeo, paralizó el transporte y la actividad petrolera en Gonzalo Pizarro, Cascales, Alto Sucumbíos, Lago Agrio, Coca, El Sacha, Sote, en las provincias mencionadas. La población exigía la caducidad de los contratos celebrados entre el Estado ecuatoriano y las petroleras Occidental Oil and Gas Corporation (Oxy) y Encana, la revisión de todos los contratos con las petroleras, mejores condiciones para el país, y el cumplimiento de todos los acuerdos firmados con anterioridad entre la Asamblea Biprovincial y el gobierno nacional.

El ejército y la policía ecuatorianos arremetieron contra la gente y hubo algunos enfrentamientos "realmente muy crudos, dejando un saldo de heridos, detenidos, niños y mujeres asfixiadas por la indiscriminada utilización de gases". La población retuvo a un militar y un policía, los mismos que en horas de la tarde fueron canjeados con 69 detenidos.

El 17 de agosto el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta número 4 Amazonas, general Gonzalo Meza Hernández, decretó un estado de emergencia con las siguientes medidas: "toque de queda en las provincias de Sucumbíos y Orellana a partir de las 22 horas hasta las 5:30 horas, prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante la vigencia de las medidas, prohibición de portar armas, municiones y explosivos, no incurrir en los delitos relacionados al medio ambiente, suspender el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas a través de cualquier medio de comunicación, suspender la inviolabilidad del domicilio, suspender el derecho a transitar libremente por las provincias de Sucumbíos y Orellana, suspender la libertad de asociación y reunión, con fines pacíficos".

Aunado a estas medidas, el presidente Palacio pidió la renuncia a su ministro de Defensa, el general Solón Espinosa y lo sustituyó por el general Osvaldo Jarrín, "de línea autoritaria, quien en su primera comparecencia ante la prensa, afirmó que los militares pueden disparar cuando sean atacados".

Como a las 23 horas del 17 de agosto, algunos periodistas que hacían la cobertura de los sucesos de estos días, "recibieron una llamada telefónica a sus celulares procedente de la Brigada de Selva 19 Napo. El comandante de la iv división del ejército, Gonzalo Meza, que habitualmente tiene su sede en la parroquia Shell, de la provincia de Pastaza, trasladó su sede a nuestra ciudad, para dirigir el aparato represivo estos días. El objetivo de la rueda de prensa era informar a los periodistas sobre como tenían que hacer su trabajo estos días de dictatorial y vergonzosa suspensión de libertades. El comandante no permitió que se realizara ninguna grabación, tampoco entregó por escrito ningún documento de lo que había dicho. En resumen, vino a decir que queda prohibida la libertad de expresión, que cuando algún medio quiera enviar algún mensaje, ha de pasar primero por la censura del comandante. Sólo con el visto bueno de este podrá salir al aire". (Ver comunicados del Comité del Paro, 1-70, 14-20 de agosto).

"Las Fuerzas Armadas y la policía causaron decenas de heridos, detuvieron violentamente a decenas de personas, incluidos el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad y el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, según denunciaron organismos de derechos humanos" (Alai-Amlatina, 25 de agosto de 2005).

La represión no paró ahí. "De acuerdo a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Lago Agrio visitó a los detenidos en la Comandancia de Policía de esta ciudad descubriendo huellas de tortura. Según esta fuente, catorce personas estaban recluidas en una celda de 3 por 2 metros, siendo golpeadas, con el agravante de que cada media hora colocaban una bomba lacrimógena al interior de la celda. También se acusa que por las noches las personas detenidas eran obligadas a caminar mientras recibían golpes" (Comité del Paro, comunicado 70, 20 de agosto).

En un pronunciamiento del 25 de agosto, la Federación Internacional de Derechos Humanos condenó las medidas del estado de emergencia por ser violatorias de muchos convenios internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución ecuatoriana: "Si bien es cierto que el estado de emergencia constituye una capacidad del Estado, éste se encuentra sujeto a una serie de limitaciones y procedimientos que han sido vulnerados de manera flagrante en este caso. Así, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que el Estado ecuatoriano es parte, contempla en su artículo 27 el modo, características y procedimiento para la declaratoria de estados de excepción".

No obstante lo anterior, el paro biprovincial sostuvo su movilización hasta el día 25 de agosto, momento en que gobierno y transnacionales tuvieron que responder a algunas de las demandas de la población.

Tras cuatro días de negociación en Quito, los representantes del gobierno, de las provincias de Orellana y Sucumbíos y de las transnacionales llegaron a un acuerdo que "atiende algunas demandas de las poblaciones amazónica, como la contratación preferente de mano de obra de la zona, la creación de un fondo para asfaltar 260 kilómetros de carreteras y destinar a la región el 16 del 25 por ciento del impuesto a la renta que pagan las petroleras". Un punto en que no hubo acuerdo, fue en el pedido de los dirigentes amazónicos de que no se inicien acciones legales en contra de los que participaron en el paro. "Dos demandas de las provincias amazónicas quedan aún pendientes: la renegociación de los contratos con las empresas petroleras y la petición de que el Estado ecuatoriano ponga fin al contrato con la empresa transnacional estadunidense Oxy, a la que se acusa de haber transferido el 40 por ciento de sus acciones a la empresa canadiense Encana sin autorización del Ministerio de Energía y Minas y de otras violaciones a la ley" (Alai-Amlatina, 25 de agosto, 2005).

La situación es muy incierta. Pese al enorme respaldo convocado por los paristas de Orellana y Sucumbíos entre diversos organismos de derechos humanos internacionales, personalidades e intelectuales ecuatorianos, prestigiadas organizaciones ecologistas como Acción Ecológica y las enormes organizaciones de tercer nivel como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), o la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), que exigen la salida de Oxy, lo cierto es que esta compañía, con un largo historial de agravios en la Amazonía ecuatoriana y en otras partes del mundo, y sobre la que pesa la cancelación de sus contratos con el Estado por todas las irregularidades cometidas, parece apalancada por la exigencia del gobierno estadunidense de que el Ecuador pague a Oxy 75 millones de dólares por devolución del iva, según un laudo arbitral en Londres (pago cuestionado por Ecuador), y que el gobierno se desista de declarar nulo el contrato con Oxy, pese a las violaciones incurridas, si es que ha de firmarse el Tratado de Libre Comercio Andino (según información de Altercom, 11 de julio de 2005). Más grave aún, es que Oxy y otras petroleras tengan convenios secretos con el ejército ecuatoriano para que éste sirva de protector de la explotación petrolera, entregando una especie de mando militar, ni más ni menos que a quien vulnera la soberanía del territorio ecuatoriano.