Pide a la Cámara de Diputados reformas para facilitar el combate a la corrupción
Requiere la SFP de testigos protegidos
Plantea también la creación de un tribunal autónomo para enjuiciar a servidores públicos
Como fórmula para combatir la corrupción en la administración pública federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) planteó a la Cámara de Diputados promover reformas jurídicas que permitan la incorporación de ''testigos protegidos'' para la detección y sanción de conductas irregulares cometidas por servidores públicos.
En un resumen de las actividades de la SFP, su titular, Eduardo Romero Ramos, considera también indispensable realizar reformas a la ley de justicia administrativa, mediante las cuales se constituya un tribunal autónomo encargado de decidir las sanciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Aunado a lo anterior también es necesario "consolidar" las bases para lograr mayor participación ciudadana en el fomento a la transparencia y la vigilancia, el rechazo a la corrupción, y el mejoramiento de la acción pública.
Según el texto de la SFP, se requieren "reformas estructurales de fondo y de largo aliento, y no cambios superficiales de corto plazo y de impacto publicitario, pero de poca efectividad".
En ese sentido, Romero Ramos planteó al Congreso de la Unión la necesidad de avanzar en el paquete de reformas que en materia de justicia presentó en marzo de 2004 el presidente Vicente Fox al Senado de la República, pero que omitió enviar a la Cámara de Diputados.
En la propuesta del Ejecutivo federal se formula, entre otras disposiciones, modificar la Constitución y las leyes secundarias para dar autonomía al Ministerio Público y restructurar a la Procuraduría General de la República (que en adelante se llamaría fiscalía general de la Federación) para que ya no dependa de la Presidencia de la República.
La propuesta también sugiere que el titular de lo que en adelante sería la fiscalía sea ratificado por el Senado de la República con el propósito de garantizar la referida independencia y autonomía del Ministerio Público, y se evite que "la trascendente facultad de ejercer la acción penal pueda politizarse al quedar bajo el mando director del Ejecutivo".
Para Romero es importante que la SFP ya no siga siendo ''juez y parte'' en los procesos donde se investiga, revisa y audita el ejercicio de los recursos públicos en las más de 250 dependencias federales y entidades de la administración pública federal.
Sin embargo, es poco probable que las reformas propuestas por Fox en materia judicial avancen, en tanto representan un cambio total del sistema penal mexicano, lo cual ha generado amplia discusión y controversia entre legisladores, especialistas, defensores de derechos humanos y barras de abogados, entre otros.
En cuanto a los nombres y apellidos de las resoluciones que involucran a funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades, Romero precisó que mantendrán su carácter confidencial debido a que así lo decidió la 59 legislatura del Congreso de la Unión, cuando expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
''La Secretaría de la Función Pública -dijo- quiso hacer públicos al menos los índices de los expedientes en curso en materia de responsabilidades y el Instituto Federal de Acceso a la Información nos ordenó que debían mantenerse en reserva hasta que sean firmes y definitivas las resoluciones, de manera que está en manos de la legislatura cambiar este tema.''
En los primeros cinco meses de este año, la SFP aplicó 3 mil 592 sanciones; de ellas 742 son económicas. También inhabilitó a 866 funcionarios públicos, destituyó a 237, suspendió a 716 y se aplicaron 967 amonestaciones.