La información había sido catalogada como reservada
Ordena el IFAI a Presidencia abrir datos sobre inseguridad en el DF
Por unanimidad, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó ayer a la Presidencia de la República hacer públicos los informes mensuales que sobre inseguridad en el Distrito Federal ha entregado al jefe del Ejecuti-vo Federal el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, por petición del primero de diciembre de 2004, cuando se oficializó la destitución de Marcelo Ebrard por el caso de linchamiento en Tláhuac.
Presidencia clasificó como "reservados" por seis años esos informes, con el argumento de que la Ley de Transparencia del Distrito Federal estableció ese carácter y porque difundirlos "puede comprometer la seguridad pública". Los informes, arguyó, "se utilizan constantemente para diseñar líneas estratégicas de combate a la delincuencia, situación que trae consigo el hecho de que aún se encuentran formando parte de un proceso deliberativo". En audiencia con Edgar González Contreras, en representación de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República, el comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero, responsable del recurso, constató que los informes en cuestión de los meses enero, febrero, abril y junio de 2005 sólo contienen estadísticas de metas, incidencia delictiva, población carcelaria, detenidos y remisiones al Ministerio Público y al juez cívico.
Asimismo, se detallan metas, evaluación de programas, acciones especiales, robo de vehículos, convenios de colaboración y coordinación, agendas de trabajo, información presupuestaria, notas por sector y por delegación política, y mapas de incidencia delictiva por sectores.
Empero, no existe información de acciones en curso, líneas estratégicas o tácticas ni políticas de coordinación entre las autoridades del Distrito Federal y el gobierno federal. Gran parte de esa información, según constató Guerrero, está contenida en los mapas de incidencia delictiva que difunde en su página de Internet la delegación Venustiano Carranza y son de carácter público, según acuerdo de este año.
Por ello concluyó que la publicación de tales informes no pone en riesgo la integridad y derechos de personas ni la seguridad nacional, y fijo un plazo de diez días al Ejecutivo para que los difunda, pues "revela aspectos del ejercicio gubernamental útiles para que los ciudadanos puedan valorar el desempeño de la Presidencia", responsable por mandato constitucional, y de otras leyes de la seguridad pública del Distrito Federal y nacional.
De los informes de marzo y mayo ordenó a Presidencia -que arguyó no tenerlos- realizar una búsqueda exhaustiva y, en caso de no localizarlos, emitir la declaración de inexistencia respectiva.
De nueva cuenta se debatió el caso de los fideicomisos Aduanas I (del cual no se reportaron al erario 4 mil millones de pesos) y Aduanas II, pero esta vez el pleno del IFAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la publicación del expediente de la investigación respectiva, a cargo del órgano interno de control de Nacional Financiera, dependiente de la SFP.