Usted está aquí: miércoles 14 de septiembre de 2005 Política Extrema pobreza, causa de delitos de los indígenas

Informe de la PGR

Extrema pobreza, causa de delitos de los indígenas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Ampliar la imagen En imagen de archivo, Mario Alvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR FOTO Luis Humberto Gonz�z Foto: Luis Humberto Gonz�z

La causa principal por la cual la mayoría de los indígenas que están encarcelados por comisión de delitos federales es, "lamentablemente, la extrema pobreza", el desconocimiento "que tienen de que deben realizar un trámite" para cortar algunos árboles o porque extraen del medio ambiente y transportan para "prácticas culturales" plantas como el peyote, indicó la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Datos obtenidos por el órgano que dirige Mario Alvarez Ledesma revelan que 65 por ciento de los indígenas encarcelados a los cuales se ha brindado atención y cuya preliberación se ha solicitado fueron acusados de cometer delitos relacionados con narcotráfico, llevados a ello por su extrema pobreza y engañados por las bandas de traficantes.

Mauricio Camacho González, titular de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, informó que "actualmente está conociendo de mil 216 indígenas procesados y sentenciados por un delito federal", y que se busca que al menos 131 sean preliberados.

Mencionó que la PGR ha "dado prioridad a aquellos casos de indígenas enfermos o que tienen alguna discapacidad, o bien de casos en los que no es posible que compurguen la pena por alguna situación física".

Durante una conferencia de prensa señaló que "de 2001 a 2005 se han propuesto al Organo Desconcentrado de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal 977 casos para que se les conceda un beneficio de ley".

Se propuso que muchas mujeres indígenas de Oaxaca sean liberadas y sus casos están en estudio en la secretaría que dirige Ramón Martín Huerta.

Camacho González dijo que "los delitos federales en los que más se ven involucrados los indígenas son, en un 65 por ciento, contra la salud a escala nacional en las modalidades de transporte y posesión de marihuana y cocaína.

 
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