La reforma petrolera que no dejó pasar Fox

Pemex no es sólo la más endeudada de las empresas petroleras; también está entre las que menos reinvierten sus ingresos

Pemex y el Congreso sostenían que los cambios le habrían permitido gastar de 2 mil a 3 mil mdd en inversiones a partir del primer año

Economist Intelligence Unit /The Economist

El primero de septiembre el presidente Vicente Fox vetó una ley, aprobada por el Congreso, que permitiría a Pemex reducir su carga tributaria e invertir en nuevos proyectos de exploración. Este artículo examina los cambios que proponía la medida, y señala partes de la legislación que fueron eliminadas por los legisladores en aras de una rápida aprobación. Los gobernadores de varios estados se quejaron de que al reducir la imposición tributaria del organismo descentralizado se reducirían sus participaciones federales, y manifestaron que tratarían de persuadir a Fox de bloquear la legislación, como finalmente lo hizo.

Después de meses de discusión, y probablemente con años de retraso, el Congreso mexicano aprobó una reforma que proporcionaría financiamiento adicional a Pemex en las áreas de Exploración y Producción. Las reformas permitirían a Pemex emprender trabajos de exploración que sustentarían la sustitución de reservas, explotación y producción no sólo de crudo, sino del muy requerido gas natural, y recursos para el necesario mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura existente.

Proveedor de ingresos con poco financiamiento

En años recientes, Pemex no ha mantenido su eficiencia debido a la falta de inversión del gobierno federal, que ha enfocado al organismo, de manera primordial, como el proveedor de más de 35% del ingreso fiscal.

Los ingresos de la Secretaría de Hacienda proveen a la compañía petrolera de recursos limitados con base en el presupuesto federal. De manera paradójica Pemex no es solamente la más endeudada de las empresas petroleras verticalmente integradas, sino también está entre las que reinvierten la menor parte de sus ingresos en proyectos de nuevas reservas o en el necesario mantenimiento.

La reforma fiscal de la empresa petrolera iba a entrar en vigor el primero de enero de 2006. Pemex y el Congreso sostenían que los cambios le habrían permitido gastar de 2 mil a 3 mil mdd en inversiones a partir del primer año. Y aunque la petrolera todavía necesitara de préstamos de los mercados internacionales para continuar sus operaciones, podría reducir los importes de las correspondientes líneas de crédito.

La producción de gas, sin incentivos

A pesar de que muchos miembros del Congreso pretendieron incluir incentivos fiscales para que Pemex produjera gas no asociado en grandes cantidades, la Cámara de Diputados, por razones de tiempo y limitaciones políticas, adoptó una propuesta menos drástica que el Senado.

No obstante, la reforma era positiva porque los más importantes partidos políticos reconocían que el mecanismo de financiamiento de Pemex debía ser modificado. El Congreso indicaba que los futuros presupuestos para la compañía le proporcionarían suficiente capital de riesgo para invertir en nuevos proyectos de producción de petróleo, gas, y otros combustibles. El próximo paso, cuando las circunstancias políticas lo permitieran, sería la creación de los muy necesarios incentivos para que produzca gas natural.

Al establecer un nuevo sistema que permitiera a Pemex reducir del impuesto a la producción de hidrocarburos, sus costos de producción e inversión, se le otorgarían incentivos sustanciales para invertir en nuevos proyectos de producción y exploración, mantenimiento y otras actividades importantes.

Pemex iba a pagar un derecho ordinario sobre hidrocarburos, en un porcentaje que se basaría en el precio del petróleo en los mercados mundiales. Podría hacer deducciones contra dicho impuesto (muy parecidas a las que se efectúan a los impuestos al ingreso). Las inversiones se deducirían en 100% si eran para exploración, recuperación secundaria y mantenimiento no capitalizable, y 20% si eran para desarrollo y explotación de campos de petróleo y gas natural.

Las inversiones en infraestructura, como oleoductos, gasoductos, terminales y tanques de almacenamiento, se deducirían en un porcentaje de 5%. Aún más, el porcentaje bajaría en forma gradual durante siete años, para permitir una transición en los ingresos del gobierno, comenzando en un promedio de 87.81 cuando el precio fuera inferior a 20 dólares o 78% cuando superara 28 dólares, hasta llegar a 79% en 2013, independientemente del nivel de precio.

Además, Pemex pagaría un derecho que iría a un fondo de estabilización para cubrir variaciones en precios del mercado mundial del petróleo, que iría desde uno hasta 10 por ciento, dependiendo del precio del crudo.

Se establecerían ciertas cuotas adicionales que proporcionarían recursos para actividades de investigación del Instituto Mexicano del Petróleo.

El tema de la privatización

Un grupo de senadores buscaba una reforma a la estructura legal de Pemex que permitiera colocar 20% de su capital en el mercado accionario mexicano a través de certificados bursátiles. Esto le permitiría convertirse en una "sociedad de interés público". Los certificados bursátiles darían a sus tenedores prerrogativas económicas (como derecho a las utilidades), pero no facultades de administración. El fideicomiso sería manejado por Nacional Financiera.

Fondos de inversión, fondos de retiro y otros podrían invertir en Pemex, aportando recursos adicionales a la empresa. Las modificaciones permitirían a las administradoras de fondos de retiro (Afore) diversificar inversiones e invertir localmente. Ya que las acciones no les otorgarían derechos de propietarios, el plan evitaría el polémico tema de la privatización. Otros esfuerzos de la reforma incluirían la designación de un comité de auditoría y de un consejo de administración con una mayoría de consejeros independientes, similar a la estructura común de las empresas públicas.

La modificación propuesta a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios también permitiría a Pemex hacer negocios con base en normas especiales y regulaciones, ya que su consejo determinaría lo referente a algunas actividades industriales. Esto reduciría la supervisión burocrática vía estatutos del gobierno, el cual impone muchas limitaciones a la producción conjunta de gas y petróleo, exploración y otras actividades.

Cambios a procedimientos de licitación

Por otro lado, el Congreso aprobó y en este caso el presidente Fox promulgó el 8 de julio una serie de modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que podrían hacer más eficiente el proceso de licitación al amparo del cual Pemex contrata sus obras.

Las modificaciones buscan hacer más simple la licitación al evaluar simultáneamente las propuestas técnicas y económicas, establecer la publicación de un calendario anual de los proyectos que se desarrollarán, la publicación de los proyectos preliminares de los paquetes licitados para comentarios de los interesados y la creación de un registro de contratistas que puedan acreditar a Pemex, sobre bases permanentes, que están calificados técnica y legalmente para licitar por cierto tipo de proyecto.

Pemex no habría necesitado adaptar sus operaciones internas a las reformas vetadas por el presidente Fox.

FUENTE: EIU

Traducción de textos: Jorge Anaya