"Azuzó" a los gobiernos estatales: Ramírez Cuéllar
Gil Díaz, responsable del veto al nuevo régimen de Pemex: PRD
El sexenio de Vicente Fox se ha caracterizado por incrementar la dependencia del país de los ingresos petroleros y apuntalar el gasto corriente con la renta del crudo, aseguraron los grupos parlamentarios de PRI y PRD en la Cámara de Diputados. Incluso, la diputación perredista alertó del riesgo de que los excedentes por la venta del hidrocarburo se desvíen a las campañas electorales.
En análisis distintos, ambas bancadas señalaron que mientras en 2000 las ventas de petróleo representaron 32.6 por ciento de los ingresos del país, en junio de este año aumentaron a 35.1 por ciento.
El PRD anticipó que durante la discusión del presupuesto de egresos demandará que se incluya en el gasto público de 2006 el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), vetado el pasado jueves por el Ejecutivo federal.
"No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por evitar la descapitalización a que ha estado sometida Pemex", afirmó el coordinador del área económica del PRD en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.
"No se puede permitir que la principal empresa del país sea sometida a una sangría permanente, a costa de su viabilidad, sólo por el chantaje del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y de algunos secretarios de Finanzas" de las entidades federativas, expuso.
En entrevista, el legislador señaló que el veto presidencial al régimen de Pemex, que entraría en vigor el primer día del año próximo, se facilitó luego de las presiones que ejerció Francisco Gil Díaz sobre los secretarios de Finanzas de los estados, y por el interés de la mayoría de las entidades federativas en tener recursos adicionales "con fines electorales".
Afirmó que la negativa de Vicente Fox a publicar el nuevo esquema fiscal de la paraestatal contradice el mensaje expresado durante el quinto Informe de gobierno, de tender puentes para el diálogo.
En lugar de ello, aseguró el legislador, el Ejecutivo federal "rompió uno de los pocos consensos que existen entre las dos cámaras del Congreso y los grupos parlamentarios, que tenía como base frenar la descapitalización de la paraestatal".
Pemex: situación "complicada"
Ramírez Cuéllar acusó al titular de Hacienda de "azuzar a los gobiernos de los estados a rechazar la publicación del decreto. La única entidad que defendió el nuevo régimen fiscal de Pemex -dijo- fue el Distrito Federal, frente a la posición lamentable de Michoacán, que, como otros estados, pensó más en el uso de la renta petrolera para gasto corriente que en la supervivencia de una de las empresas más importantes del país".
Esto ocurrió así, añadió, pese a que las entidades sabían que no habría afectaciones importantes en sus participaciones federales. "Aun así se lanzaron a romper esta propuesta de consenso, y con ello ponen en peligro la situación y el patrimonio de Pemex, que está en una coyuntura realmente complicada, grave."
Comentó que en las negociaciones del paquete económico 2006, que entablarán las fracciones parlamentarias en los próximos días, debe insistirse en acabar con la salida fácil de sustentar el presupuesto con la renta petrolera.
"Aunque los gobiernos estatales también pertenezcan al PRD, no deben aceptar que Pemex siga siendo sacrificada, porque lo fundamental es mantener a flote la industria energética. Sin embargo, prefirieron seguir cachando las calientitas (recursos), sin hacer ningún esfuerzo de recaudación ni reducir su gasto corriente. Se fueron a lo fácil, a ordeñar la principal empresa del país", cuestionó.
Con base en un estudio sobre la participación de la renta petrolera en las finanzas públicas, el PRI señaló que los ingresos por crudo pasaron de 7 a 8.1 por ciento del PIB entre 2000 y el primer semestre de 2005, mientras los no petroleros aumentaron de 14.5 a 15 por ciento del producto en el mismo periodo.
El tricolor reveló también que el presupuesto de egresos de la Federación del año próximo sufrirá presiones adicionales, derivadas de un mayor gasto por las elecciones presidenciales, el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, la asignación de recursos adicionales a pensiones y la amortización del pago de intereses de la deuda, además de proyectos de infraestructura financiados mediante la figura de los Pidiregas.