Los quejosos protestan por "retraso injustificado" en el inicio de sus actividades

Demanda de magistrados enfrenta a la Suprema Corte con el tribunal electoral

Indican que el TEPJF cuenta con $36.1 millones para salas regionales y no los utiliza

ALONSO URRUTIA

La instalación de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha convertido ya en un litigio en el Poder Judicial de la Federación, de cara al proceso electoral de 2006, entre ese órgano y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La aceptación por el máximo tribunal de un recurso interpuesto por los magistrados de salas regionales contra las decisiones de la Comisión de Administración del TEPJF -encabezada por el propio magistrado presidente, Eloy Fuentes- por lo que consideran un "retraso injustificado" de su ejercicio en el cargo, supone ya un nuevo capítulo en la ríspida relación entre el TEPJF y la Corte.

En los próximos días la SCJN deberá resolver sobre el recurso de los magistrados de salas regionales, que pretenden que el máximo tribunal fije criterios sobre la forma de operación que tienen estas instancias del TEPJF, en lo que podría ser la primera vez que la Corte ordenara a este último actuar bajo sus criterios. El hecho de que sus responsabilidades principales se circunscriban a cada proceso electoral ha puesto en entredicho -según criterios de la Comisión de Administración- su vigencia en momentos no electorales.

El conflicto se originó cuando el Senado tomó protesta a los 13 nuevos magistrados el pasado marzo y Fuentes decidió no incorporarlos a su cargo hasta el próximo octubre. El argumento: ahorro de recursos en el TEPJF, toda vez que las funciones principales de los magistrados de sala regional tiene que ver esencialmente con los procesos electorales. Vacíos en la legislación -ha dicho recientemente el TEPJF- propician que los magistrados regionales laboren un año, durante los procesos electorales, y otros dos desarrollen funciones académicas.

Sin embargo, el recurso interpuesto por los magistrados regionales rebate el argumento presupuestal, toda vez que se consigna el que el presupuesto del TEPJF contiene una partida de 36.1 millones de pesos expresamente destinada a salarios de los magistrados de sala regional: "¿Bajo qué argumento y con qué fin se presupuestaron? O si acaso ¿se devolverán los recursos que por este concepto no se ejercieron", cuestionan en el documento entregado a la Corte.

Para los magistrados existen otros elementos que apuntan a que no es el tema económico lo que subyace: en diciembre pasado el TEPJF adquirió los 13 vehículos Sentra que estarán a disposición de los nuevos magistrados.

Por otro lado, este mismo año el fideicomiso creado para el retiro de los magistrados de sala superior se incrementó sustancialmente, al pasar de 26 millones a 48 millones de pesos, esto es, 22 millones más cargados al ejercicio presupuestal de 2005. En contraste, desde que Fuentes llegó al frente del TEPJF han sido despedidos a alrededor de 120 trabajadores, lo que ha colaborado a mantener el presupuesto sin incrementos en los últimos años.

En el fondo, señalan magistrados regionales, el problema es en quiénes recayó el nombramiento. Desde que arrancó el proceso de designación, con una preselección hecha en la Corte, 17 de las 39 propuestas en ternas al Senado eran secretarios o personal asignado a los diferentes magistrados. Eran otros tiempos, dicen, pues hasta se organizó un desayuno y se entregaron reconocimientos. Había beneplácito en el TEPJF por este procedimiento y hasta se adquirieron los vehículos.

Todo cambió, dicen, cuando el Senado designó a los nuevos magistrados, entre los que quedaron Eduardo Arana y Yolli García, que colaboraban con el magistrado y ex presidente del TEPJF José Fernando Ojesto Porcayo, y Noé Corzo y Rubén Becerra, colaboradores del nuevo magistrado José Alejandro Luna Ramos y anteriormente con el fallecido, José Luis de la Peza quien fue presidente del TEPJF.

A decir de los magistrados regionales esto fue determinante para que los magistrados Fuentes y Alfonsina Bertha Navarro congelaran la toma de posesión en marzo mediante su injerencia en la Comisión de Administración. Según los inconformes, un escrito entregado a esta comisión y algunas peticiones para instalar las salas regionales nunca han encontrado respuesta, lo que motivó el recurso ante la Corte.

Los inconformes recuperan en su recurso la definición de las funciones de los magistrados de sala regional, que incluye labores académicas en años no electorales con la misma percepción salarial. En sus argumentos esgrimen que mediante acuerdos de la Comisión de Administración se introdujeron criterios para reducir los salarios de los magistrados de sala regional. Su explicación: hacia finales de la gestión de los anteriores magistrados de sala regional, cuando se sabía que sólo faltaban 10 meses de su gestión y ya no ejercerían funciones jurisdiccionales se les propuso su incorporación a otras áreas del TEPJF con reducciones salariales, lo cual fue aceptado, explican los inconformes, con la idea de mantenerse en el órgano, situación que finalmente no ocurrió.

El TEPJF ha argumentado que este asunto es de orden laboral -desde que se interpuso el recurso se despidió a poco menos de 60 personas asignadas a las salas regionales para apuntalar su argumento presupuestal- porque se desprende de cuándo comienzan sus funciones y de que exista materia de trabajo. Por ello se llevó hasta octubre, cuando arranca el proceso.

Según la versión de los inconformes, el asunto va más allá; se trata de que la Corte defina la situación de los magistrados no sólo en cuanto a la toma de posesión, sino también en sus funciones académicas que establece la legislación a fin de impedir que con acuerdos administrativos se modifique su situación. Más que un asunto laboral, es de interpretación de la ley, situación que, dicen, ya ganaron, porque la Corte ha admitido su recurso.