Editorial
El Ejecutivo condena a muerte la soberanía petrolera
El veto presidencial al nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que aprobó el Congreso, conduce a la paraestatal a la quiebra técnica en el corto plazo, pues en unos dos años, sus pasivos por unos 89 mil 200 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2005 superarán los activos, cuyo valor asciende a 91 mil 500 millones de dólares en el mismo periodo. El proyecto vetado implica una importante reducción de la carga fiscal de Pemex, que aporta la tercera parte del presupuesto federal. Esos recursos serían invertidos para frenar el deterioro de la empresa, la cual requiere una urgente inyección de capitales para renovar su infraestructura, pues se está cayendo a pedazos, echar a andar nuevos proyectos productivos, fomentar la investigación en el sector, actualmente en un nivel mínimo, y restituir la reservas probadas de petróleo. Con el veto, la empresa se queda amarrada por el viejo régimen fiscal, obligándola a seguir transfiriendo 94 por ciento de su flujo neto de efectivo, impidiendo así su capitalización y desarrollo. De esta manera, las autoridades han demostrado una vez más su poca voluntad para fortalecer Pemex, lo que abre la puerta a su privatización.
De acuerdo con el gobierno federal, el régimen fiscal vetado el 1º de septiembre hubiera afectado rubros prioritarios como salud, educación, seguridad pública y los programas de desarrollo debido a que, con un precio estimado de 30 dólares por barril de crudo, Pemex habría recibido en 2006 recursos por 24 mil 700 millones de pesos. Ello sin contar con el hecho de que el Senado eliminó el arancel sobre extracción de hidrocarburos y fijó tasas bajas para el derecho ordinario del petróleo y sus derivados, lo que a juicio del Ejecutivo impide compensar la reducción en la recaudación fiscal.
Sin embargo, para los especialistas, el veto presidencial supone perpetuar el desgaste que sufre Pemex. La disminución de los ingresos fiscales provenientes del sector petrolero, y que tanta alarma ha generado en Los Pinos, es por unos 25 mil millones de pesos anuales, apenas 7 por ciento del total que paga la paraestatal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tan sólo 2.5 por ciento de la recaudación fiscal total. Por otra parte, el propio director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos A. Morales Gil, reconoció que "nuestra capacidad de endeudamiento cada vez estaría más limitada", una situación que hace más apremiante la necesidad de invertir en Pemex: en la presente administración se han registrado 231 derrames de crudo, gas y combustóleo, la gran mayoría debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura petrolera.
Adicionalmente, el veto le niega recursos al Instituto Mexicano del Petróleo, encargado de la investigación y el avance tecnológico, lo que condena a la paraestatal a ser simple exportador de crudo sin refinar y un cliente cautivo para las empresas extranjeras que se encargan de las tareas especializadas.
Por otra parte, para el próximo sexenio, Pemex comenzará a pagar las onerosas amortizaciones por la deuda contraída en el contexto de los Proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto (Pidiregas): en los primeros seis meses de 2005, la empresa erogó poco más de 15 mil millones de pesos para cubrir los intereses del registro de Pidiregas, lo que representa 97.5 por ciento del total de la inversión presupuestaria durante el primer semestre del año.
Finalmente, el rechazo del gobierno al nuevo régimen fiscal prepara el terreno para la participación directa de la iniciativa privada, nacional y extranjera, en las operaciones de Pemex, lo que beneficiaría a unos cuantos en detrimento de las grandes mayorías.