Acuerdo con tabacaleras: más tolerancia al tabaco que compensación por daños
En esta época en la que se repite hasta la desesperación que no hay dinero, la Secretaría de Salud acordó con varias compañías tabacaleras recibir hasta un peso por cajetilla vendida (se calculan cuatro mil millones de pesos hasta 2006) para financiar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Todo en compensación por los crecientes gastos asistenciales que genera el tabaquismo. Ya se comentaron varios inconvenientes que resultan de obtener el dinero como donativo y no como impuesto (Granados Chapa, Reforma 1-6-2005), así como la criticable asociación pragmática entre la Secretaría de Salud y las tabacaleras, ya que éstas son causantes claras de enfermedad (Kraus, La Jornada 8-6-2005). Efectivamente, las tabacaleras internacionales han aprovechado conscientemente la adictividad de sus productos para vender, aunque hacen pensar a la sociedad y a los usuarios que su hábito es una decisión personal. Por documentos internos de las tabacaleras se sabe que no sólo conocían desde antes que los científicos la adictividad del tabaco, sino la manipulaban para vender más, aunque lo negaban en audiencias públicas.
El dinero ofrecido no cubre los cuantiosos gastos en las enfermedades del tabaco (30 mil millones de pesos anuales según la Secretaría de Salud) y no se invertirá sustancialmente en reducir la creciente epidemia de tabaquismo en México. La magnitud del donativo estimado equivale aproximadamente a lo que gastan las tabacaleras en publicidad por año (tres mil millones en 1996), será deducible de impuestos y lo terminarán pagando los fumadores.
El acuerdo con las tabacaleras se anunció el 31 de mayo de 2004, mes y medio después de que el Senado ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, primer acuerdo internacional diseñado para frenar la epidemia del tabaquismo en el mundo. El convenio internacional incluye restricciones progresivas a las tabacaleras e impuestos crecientes al tabaco que, si se concretan, ocasionarán una cancelación automática del donativo ofrecido a la Secretaría de Salud. Otras cláusulas del convenio mexicano son también mas laxas que las del internacional. Por ello el convenio mexicano parece más una estrategia de las tabacaleras para evitar restricciones que un logro gubernamental para la salud. Es una especie de seguro que las tabacaleras compraron para ser sustentables y prósperas por años, aunque sea a costa de la salud de los mexicanos.
La asignación actual de los recursos del donativo tiene la gran ventaja de que se dedica a la salud y no a otros fines, pero tiene varias omisiones. La mayor es que no se dedicará una cantidad importante del fondo a la educación y prevención del tabaquismo, medidas baratas y eficaces a largo plazo en la lucha antitabaco. Adicionalmente, el Seguro Popular no contempla la atención de las numerosas enfermedades secundarias al tabaquismo, usualmente caras y prolongadas o incurables. Es decir, los fumadores pagan mucho pero no reciben cobertura, y por ende a través del Seguro Popular tampoco recibirán fondos las instituciones que los atienden: clínicas, hospitales y los centros de referencia, como los Institutos Nacionales de Salud. Tampoco se ayuda a las instituciones públicas por la atención de fumadores no asegurados. Adicionalmente, ante la escasez de los fondos para investigación se podría pensar en incrementarlos con el dinero del tabaco, pero por muchos se considera dinero maléfico, originado en narcotráfico legal, pero al fin y al cabo narcotráfico. Por ejemplo, la Sociedad Americana del Tórax, importante en la lucha antitabaco en Estados Unidos, ha vetado en sus foros la investigación financiada directa o indirectamente por la industria del tabaco.
La industria del tabaco, al igual que el narcotráfico, comercia con la adicción y tiene inimaginables recursos que utilizará sin miramiento para corromper o al menos sesgar decisiones -de manera velada o explícita- en México y en otros países. Este es uno de los riesgos centrales de aceptar donativos, especialmente de las tabacaleras, para cumplir con el derecho constitucional a la salud. El convenio internacional antitabaco, ratificado en forma expedita por el Senado de México, está amenazado por el convenio que suscribió la Secretaría de Salud con las tabacaleras. No sería raro que, para conservar el donativo, la Secretaría de Salud hiciera gestiones en favor de las tabacaleras. Lo mejor sería inhabilitar este burdo, peligroso y oscuro convenio, convertir el donativo actual en recursos fiscales y gestionar un incremento en el presupuesto para la salud.
*Investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina