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Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus
Foto: Elinor Caruci
Por Fernando Mino
El debate sobre la anticoncepción de emergencia, la famosa píldora del día siguiente, incluida en el cuadro básico de medicamentos del sector salud el 11 de julio pasado, sigue su curso. La jerarquía católica ha cambiado de estrategia: 14 obispos y cinco diputados del PAN presentaron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la medida de la Secretaría de Salud.
La Corte deberá resolver sobre argumentos, ahora bajo un ropaje jurídico, ya derrotados en el terreno de las opiniones frente a la población: la última encuesta de opinión al respecto, realizada por la empresa Consulta Mitofsky, revela que más de 60 por ciento de los habitantes del país está de acuerdo con que la píldora del día siguiente se otorgue a quien la necesite.
En lo cotidiano, el uso de la anticoncepción de emergencia está en el umbral de convertirse en herramienta útil para la salud reproductiva, o quedar en el olvido, inútil frente a los prejuicios de las autoridades obligadas a proporcionarla, que buscan pretextos para evadir la norma. La Secretaría de Salud de Querétaro descartó proporcionar la píldora, por lo menos durante lo que resta 2005, señalando problemas de presupuesto. “Cuando se modifican las normas en el transcurso del año, tienen que implementarse con algún recurso, nosotros manejamos esquemas muy ajustados de presupuesto”, señaló el secretario de Salud de la entidad.
Esta realidad se complica si consideramos que la píldora rebasa el ámbito de los funcionarios de salud y entra en los terrenos de la procuración de justicia, en la medida en que es un apoyo eficaz para la atención a víctimas de delitos sexuales. Para Barbara Yllán, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), informar sobre la píldora es una obligación de los servidores públicos, “porque si no la ofrecemos estaríamos dejando en la indefensión a las mujeres víctimas de agresión sexual”.
Trabajos pioneros
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF comenzó a proporcionar la anticoncepción de emergencia desde 1995, tomando en cuenta que no es más que una dosis mayor de anticonceptivos, como comenta Barbara Yllán. “Se ha vuelto una cuestión de rutina, y eso es importante porque se le quita el elemento ideológico”, señala.
Hace una década comenzaba a hablarse en México de la anticoncepción poscoital, que desde ese momento se volvió una herramienta deseable en el apoyo a víctimas de agresiones sexuales. En el estudio “La anticoncepción de emergencia como elemento de la atención a víctimas de violación”, realizado en 1998, los investigadores Ricardo Vernon, Raffaela Schiavon, y Silvia E. Llaguno dan cuenta de los primeros esfuerzos encaminados a sensibilizar al personal que trata con víctimas en las procuradurías de justicia.
El trabajo consistió en la capacitación de psicólogas de la procuraduría capitalina y la instrumentación de talleres a personal de otras procuradurías estatales. El proceso fue difícil y se enfrentó a prejuicios de tipo ideológico e, incluso, miedo de prescribir un medicamento sin órdenes expresas de una norma o un superior: “Al principio, enfrentamos una gran renuencia a implementar el proyecto. En la PGJDF se requirieron más de seis meses de conversaciones. Una vez que el proyecto comenzó, las psicólogas se mostraron renuentes a ofrecer información a las mujeres y sus supervisores se mostraban reacios a darles órdenes por escrito para que realizaran las actividades. Esto derivaba de que el tratamiento se toma después de la relación sexual y, por ello, se le asocia con el aborto.
Aunque pudiera entenderse que la anticoncepción de emergencia no es un aborto, persiste la idea de que usarla puede conducir a problemas legales. No obstante, una vez que unas cuantas psicólogas valientes comenzaron a ofrecer información a las mujeres y se observó gratitud y la ausencia de incidentes negativos, la anticoncepción de emergencia se convirtió en un elemento de rutina en la atención a las víctimas”.
El proceso se topó una y otra vez con que el único criterio era el de los funcionarios, y de ellos dependían los resultados: “Un elemento clave en la introducción de la anticoncepción de emergencia es el apoyo de los mandos administrativos superiores. En los estados de Coahuila e Hidalgo, se capacitó a un número considerable de miembros del personal de las procuradurías de Justicia, la Ssa y ONG. Sin embargo, mientras que en Hidalgo la directora general de Atención a Víctimas asumió una actitud entusiasta en lo que se refiere a la implementación de la estrategia en todas las agencias del ministerio público de su estado, en Coahuila no se hizo evidente ese mismo liderazgo y se observó poco progreso en la implementación de las actividades después del taller”, señala la investigación apoyada por el Population Council.
Avances y pendientes
La integración de la píldora anticonceptiva de emergencia a la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar y al cuadro básico de medicamentos, con sus respectivas polémicas, ha modificado el panorama en lo que a percepción se refiere. No obstante, en la mayoría de las instituciones de procuración de justicia se avanza con lentitud en su utilización oportuna en la atención a víctimas. Bárbara Yllán considera que con la inclusión en la NOM se establece una obligación constitucional: “Se debe otorgar, porque si no estoy violando el artículo cuarto de la Constitución. No es de quiero o no quiero. Si no se otorga, la ciudadana podría decir ‘a mí no me dieron la anticoncepción de emergencia y la necesitaba, no están garantizando mi derecho a decidir si deseo tener hijos’. No sólo es negarla, si no informo que existe, en tiempo y con oportunidad, también incurro en una falta administrativa”.
El 29 de junio de 2005, la Gaceta Oficial del DF publicó un acuerdo en el que se dan instrucciones al personal de la PGJDF para la atención a víctimas de delitos sexuales. En el documento se indica, entre otras cosas, que el personal médico debe dar “las recomendaciones profilácticas que ayuden a la víctima a prevenir o descubrir la existencia de alguna consecuencia originada por los hechos que se investigan”, lineamiento en el que se inscribe la orientación sobre la anticoncepción de emergencia.
La PGJDF ha establecido un convenio con la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que busca diseñar un modelo de atención a víctimas de violación que incluye la información sobre la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo producto de una violación. A través de este convenio, GIRE desarrolla talleres con personal de las Agencias del Ministerios Públicos especializadas en delitos sexuales, un área independiente de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, y por tanto menos sensible al tema.
Para Elsa Ancona, abogada de GIRE, “todavía hay estigma en los casos de violaciones a mujeres y a través de convenios de capacitación y sensibilización como éste, vamos a tratar de romperlos. El Ministerio Público, además de ser abogado y conocer la ley, debe tener claro cuestiones de género, para entender cuál es el papel que le toca jugar a la mujer en la sociedad y de qué manera se ve afectada cuando sufre un delito sexual”.
El convenio cumple un año este mes y sus resultados, calificados como positivos, pueden verse como ejemplo para otras procuradurías estatales. Señala Elsa Ancona: “No tenemos antecedentes de que un convenio similar se haya firmado por alguna procuraduría estatal; tenemos pendiente la firma de un acuerdo con la Procuraduría de Morelos, pero nada más”.
A nivel de los estados, la atención a víctimas de delitos sexuales deja mucho que desear, como comenta Yllán, “los servicios son precarios. Hay carencias de personal, pero también habría que ver la cuestión ideológica, pues si hay voluntad, pese a todo, se dará información sobre la anticoncepción de emergencia”. Ancona coincide, “en otros estados ni siquiera se puede hablar del tema, en la ciudad de México por lo menos se ha logrado hacer un diagnóstico de lo que está pasando y se nos ha abierto la posibilidad de intervenir para apoyarlos en la tarea de mejorar”.
El avance que representa el reconocimiento legal y la normalización del uso de la píldora abrirá las puertas para apoyar de una mejor manera a las mujeres. “En las leyes tienen que caber todas aquellas mujeres que quieran usar la píldora del día siguiente, están en su derecho; y aquellas que piensen que no les funciona también están en su derecho de no usarla”, remata Ancona.