Número 110 | Jueves 1 de septiembre de 2005 Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER Directora general: CARMEN LIRA SAADE Director: Alejandro Brito Lemus
La vida militar está afianzada en la tradición, en la salvaguarda de lo establecido. Esa característica influye también en los roles de género de sus miembros. Ser hombre en las Fuerzas Armadas (la mujer, por lo menos en el Ejército Mexicano, está relegada a tareas secundarias y casi siempre asistenciales, como la enfermería) implica ser fuerte, heroico, leal, agresivo, valeroso, sin miedo al peligro. Elementos inculcados para responder a la responsabilidad militar que trascienden y se establecen como normas de conducta, incluidas las sexuales. Las prácticas sexuales de riesgo son constantes entre la mayoría de los efectivos de las Fuerzas Armadas del país, lo que los hace un sector particularmente vulnerable a las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. Aun cuando las autoridades militares desarrollan algunas políticas de prevención, el esfuerzo se antoja débil, pues no atacan las condicionantes de género que propician las conductas y niegan la existencia de prácticas comunes, como las relaciones sexuales entre varones. Si la prevención es endeble, en la detección y atención del VIH/sida se incurren en inaceptables y reiteradas prácticas discriminatorias. El reglamento del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas viola los derechos de los militares infectados por VIH, pues los da de baja de la institución y los deja desamparados en atención y tratamiento, alegando "inutilidad para el ejercicio de las armas". Pese a la presión constante, e incluso, una orden presidencial del 23 de septiembre del año pasado para discutir el asunto, las Fuerzas Armadas han preferido evadir el tema y continuar con la discriminación a militares infectados. Es necesaria una apertura del Ejército a la discusión y el análisis de sus políticas de prevención y atención del VIH/sida. La pregunta es ¿quién puede obligarlos?