Fabricantes y distribuidores protestaron con una marcha por la competitividad
Se retirarán inversiones por 100 mil mdd al legalizar camiones ilegales
La medida aceleraría el proceso de chatarrización de la flota vehicular: Canacar
Si el gobierno mexicano legaliza los 120 mil camiones y tractocamiones ilegales que circulan en el país, se retirarán inversiones que ascienden a 100 mil millones de dólares y se perderán 4 millones de empleos, advirtieron industriales del transporte de carga, pasaje y turismo, así como fabricantes de unidades pesadas, autopartes y distribuidores, que participaron en la marcha Circuito nocturno por la legalidad y la competitividad.
En representación de esta industria, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez Angheben, aseguró que en el Congreso mexicano existen iniciativas que buscan regularizar por lo menos 120 mil camiones y tractocamiones que entraron a México de forma ilegal, lo cual tendría un severo impacto en la industria, pero también aceleraría el proceso de chatarrización de la flota vehicular que circula por el país.
Advirtió que se trata de camiones y tractocamiones que podrían tener hasta 40 años de antigüedad, y que además de ser un riesgo para la seguridad, su legalización sería una competencia desleal que desalentaría a los inversionistas, los cuales ''no dudarían en irse del país y retirar 100 mil millones de dólares que esta industria tiene en operación en México, lo que al mismo tiempo pondría en riesgo la existencia de aproximadamente 4 millones de empleos''.
El empresario precisó que sólo en los últimos cinco años el ramo de transporte de pasajeros ha realizado inversiones promedio anuales por mil 490 millones de pesos; los industriales de autopartes mil millones; los de vehículos pesados, 3 mil millones de dólares, y los de carga, mil 400 millones.
En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Juan José Guerra, señaló que la legalización de las 120 mil unidades de contrabando ''sería un error histórico'' del gobierno mexicano, ya que el país se ubica dentro de lo principales productores de unidades pesadas a nivel mundial, por lo que hizo un llamado a la administración foxista a reconocer y hacer frente el riesgo, mientras que a todos aquellos que por ''buena fe o ignorancia'' compraron una automotor ilegal, los convocó a renovarlos.
Asimismo, señaló que la semana entrante los industriales de este sector se reunirán con representantes de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias involucradas en el caso con la intención de desactivar cualquier intención gubernamental o legislativa ''por legalizar lo ilegal'', y buscarán acelerar el proceso de renovación de unidades pesadas y proponer alternativas para impedir el ingreso de unidades viejas.
Señalaron que dependiendo del resultado de este proceso, se definirán las condiciones en las que la industria llegará a 2009, cuando se deberá abrir la frontera al ingreso de camiones y tractocamiones usados, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, adelantó que México no tiene la tecnología ni las estrategias para detectar y evitar que entren unidades viejas, por lo que propuso que se aplace esa fecha, como medida de seguridad para la industria, sobre todo, dijo, ''porque Estados Unidos abre y cierra su frontera cuando quiere, y en el caso específico del transporte no ha cumplido con lo dispuesto en el TLCAN''.
En la marcha nocturna sobre el Paseo de la Reforma participaron 200 camiones y tractocamiones en representación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Confederación Nacional de Transportistas de México y de la Industria Nacional de Autopartes.
Los riesgos, destacaron los empresarios, son muy claros y serían muy dolorosos para la economía del país y las familias que dependen de este sector, ya que antes de retirar inversiones y cerrar fuentes de empleo se produciría la sobreoferta de servicios, guerra de precios, quiebra de transportistas formales, además del retiro de inversiones y la pérdida de empleos, caída de recaudación fiscal, inseguridad para la población y altos niveles de contaminación.
El riesgo es real, reiteraron, ''ya ocurrió en Perú hace 12 años, cuando el gobierno cedió a las presiones de grupos sociales y abrió su frontera a la libre importación de camiones pesados, aplicó un arancel simbólico y el pago del impuesto al valor agregado (IVA), lo que provocó la desaparición de todas sus armadoras''.
Las propuestas de solución están en la mesa: que no se adelanten los tiempos del TLCAN para la apertura a la importación de autobuses, camiones y tractocamiones usados; que no se legalicen los 120 mil camiones de contrabando que ya están en el país; reforzar el programa de chatarrización, que consiste en la modernización de la flota vehicular, y que la Secretaría de Hacienda acepte que los transportistas entreguen dos unidades viejas para chatarrizarlas y se les facilite la compra de una nueva o seminueva.