Sería hacerle el favor a EU, dicen fuentes judiciales
Inoportuno, cambiar criterio de la Corte sobre cadena perpetua
En 2001, el director de la DEA, Donnie Marshall, exigió al gobierno de México su "compromiso para eliminar las barreras a la extradición". Un año después, su sucesor, Asa Hutchinson, demandó "cambiar la jurisprudencia de la Suprema Corte que impide la extradición de narcotarfcantes mexicanos que han cometido delitos en Estados Unidos"; esas declaraciones causaron indignación entre los ministros del máximo tribunal, quienes acababan de aprobar dos tesis de jurisprudencia que impiden la extradición de quien pueda ser sentenciado a cadena perpetua o pena de muerte.
Sin embargo, años después, la mayoría de los 11 ministros que integran el pleno se inclina por cambiar su criterio establecido el 2 de octubre de 2001 y declarar que la prisión vitalicia no es una "pena inusitada", y con ello abrir la puerta a la extradición de connacionales acusados de tráfico de drogas en el vecino país.
Fuentes judiciales de primer nivel reconocieron que una modificación de criterio en las actuales condiciones se daría "en mal momento", porque "parecería que le estamos haciendo el favor a Estados Unidos", aunque "es indudable que el gobierno de (George W.) Bush se va a poner muy contento y hasta va a creer que la decisión de la Corte fue en respuesta a una petición expresa del presidente (Vicente) Fox", lo cual no es así, aseguraron.
Lo cierto es que hay ministros que han modificado su punto de vista en los cuatro años recientes y actualmente están en favor de entregar a la justicia de ese país a los delincuentes que sean requeridos, con la única limitante de que no sean sentenciados a muerte, sostuvieron.
Apenas hace unos días legisladores estadunidenses demandaron que México modificara el criterio sentado en las tesis de jurisprudencia 126/2001 y 127/2001, según el cual una pena inusitada es "inhumana, cruel, infamante y excesiva" y por tanto la prisión vitalicia "constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional", por lo que se debe negar la extradición de quienes puedan ser sujetos a una sentencia de este tipo.
Cuando la Corte fijó ese criterio, fue por mayoría de seis votos; en contra estuvieron los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero, y estuvieron ausentes José Vicente Aguinaco Alemán -actualmente jubilado- y José de Jesús Gudiño Pelayo.
Intenso cabildeo
Este criterio que ha sido objeto de serias descalificaciones por el gobierno de Estados Unidos, y que en su momento motivó un intenso cabildeo de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en favor de la postura estadunidense, está a punto de ser modificado a partir de la acción de inconstitucionalidad 20/2003, promovida por la minoría en el Congreso de Chihuahua que se opone a la modificación del artículo 27 del Código Penal de esa entidad, el cual permite la acumulación efectiva de sentencias hasta por 105 años de prisión para los sentenciados por los delitos de homicidio doloso en contra de mujeres y menores de edad (60 años) y secuestro (45 años), lo que en los hechos constituye una prisión "vitalicia".
Los cambios en la legislación de Chihuahua, que fueron aprobados en respuesta a los altos índices de asesinatos y secuestros de mujeres y menores en Ciudad Juárez, llevaron a los ministros a la conclusión de que primero tenían que discernir si la acumulación de sentencias hasta por más de 100 años (que en los hechos es igual a una prisión vitalicia) es constitucional o no.
Pero resulta que el pleno tiene agendado para futuras semanas una contradicción de tesis relacionada con el tratado de extradición México-Estados Unidos, donde el punto a discutir es si procede la entrega de delincuentes al vecino país aun cuando puedan ser sentenciados a cadena perpetua.
Según está planteado en esa contradicción, la Constitución no dice nada respecto a cuál es la máxima pena que se puede aplicar y, por tanto, la prisión vitalicia sería constitucional. Si prevalece este criterio, la Corte daría luz verde a la entrega de quienes estén acusados de tráfico de drogas, con la única limitante de que no sean sentenciados a la pena capital.
La discusión sobre las tesis y las reformas al Código Penal de Chihuahua la reanudará el pleno el próximo lunes.