Deberá entregar datos sobre transferencia de fondos
Ordena el IFAI a Educación abrir informes sobre el SNTE
En diez días hábiles la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá que responder a la instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que, en sesión abierta, ordenó ayer no clasificar como reservada información sobre los acuerdos que haya suscrito con la actual dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que impliquen transferencia de recursos públicos, además de que tendrá que buscar en forma exhaustiva en todas sus unidades administrativas la documentación que contenga esa información.
Otros datos que deberá localizar se refieren a eventuales préstamos y donaciones de dinero en efectivo o en bienes inmuebles que la SEP haya otorgado a la organización sindical que preside Elba Esther Gordillo.
El caso, registrado con el expediente 791/05, a cargo del comisionado Alonso Gómez-Robledo Verduzco, incluía una petición de información de la lista de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, así como de los sueldos y prestaciones a las que tienen derecho.
De 75 integrantes del CEN, la SEP sólo proporcionó datos de seis miembros, sin incluir los de la presidenta del sindicato, Gordillo Morales, y del secretario general ejecutivo, Rafael Ochoa Guzmán, entre otros, con el argumento de que a causa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1992 cada entidad federativa es responsable de la nómina de los trabajadores que aparezcan en ella.
Según la SEP, los 69 dirigentes restantes, de los que no se proporcionó información, podrían estar adscritos a alguna entidad federativa u órgano desconcentrado de la SEP. Tal respuesta fue "confirmada" (aprobada) por el IFAI.
Los comisionados del IFAI precisaron que todos los acuerdos SEP-SNTE relativos a salarios y prestaciones para los trabajadores del magisterio, son de carácter público por haber sido "resueltos de manera concluyente e incluso implementados". Por tanto, no es conducente que la SEP clasifique tal información como "reservada".
En otro asunto, el IFAI ordenó a la Presidencia de la República que informe sobre el contrato fiscal que celebró en 2005 con la empresa que se hace cargo de la organización y asesoría de los actos del presidente Vicente Fox.
Cabe destacar que esa dependencia dio a conocer que la empresa denominada En Punto. Relación Pública, se hizo cargo de esas tareas que representaron un gasto para el erario federal de 894 mil pesos hasta marzo de 2005. Para el ponente de este caso, Alonso Lujambio, la información de la Presidencia de la República es incompleta y debe incluir el presente año fiscal en su conjunto.
También por unanimidad, el IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que elabore una versión pública del expediente de Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de Presidencia de la República, quien fuera encarcelado por supuestos nexos con el narcotráfico y después absuelto por falta de pruebas.
La comisionada presidenta María Marván, responsable de ese recurso, indicó que la PGR no "acreditó" que la difusión de esa información pudiera causar daño a la nación o a la seguridad pública, ni tampoco que persista la "persecución del delito". Aunado a ello, ese expediente ya ha sido difundido.
Además el IFAI ratificó como "secreto bancario", información solicitada a Banrural sobre los depósitos de ahorro de unos 130 mil trabajadores mexicanos que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1966. Dichos depósitos se transfirieron del banco West Fargo al Banco Nacional de Crédito Agrícola y al Banco del Ahorro Nacional de México. A pesar de la clasificación, el IFAI recomendó al solicitante, Hermenegildo Vázquez, que cada uno de los integrantes del movimiento conocido como Alianza Braceroproa acredite su personalidad y demuestre interés jurídico, para de esa manera tener acceso a informes sobre los depósitos que individualmente se transfirieron.
En la sesión de ayer se evaluaron más de 30 recursos de inconformidad.