Data de 2003 la pugna por el programa de reordenamiento
Toluca, Méx., 29 de agosto. Desde hace más de dos años el gobierno de Arturo Montiel y miles de transportistas del estado de México --principalmente del valle de México- se han enfrentado por el programa de reordenamiento al transporte público impulsado por el mandatario, que los obliga a constituirse en sociedades mercantiles, es decir, en empresas, y dejar atrás la figura de agrupaciones u organizaciones civiles, como han operado.
Los concesionarios del transporte público de pasajeros y agrupaciones se oponen tajantemente a la medida con el argumento de que "es la puerta de entrada para que grandes empresas extranjeras se hagan cargo de prestar el servicio en la entidad". La Gaceta de Gobierno publicó el 28 de mayo de 2003 que todos estaban obligados a realizar el cambio a más tardar el 31 de octubre de ese año; sin embargo, ante las protestas se decretó una prórroga hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Los transportistas -propietarios de camiones, microbuses o combis, encabezados por Víctor Manuel Mendoza Armas- constituyeron un frente común para obligar al gobierno a revocar dicho acuerdo. Acudieron al Congreso local, a la Secretaría de Gobernación y han realizado decenas de paros y manifestaciones, con todo y unidades, para lograr su objetivo.
El gobierno les ha ofrecido estímulos para que se acojan a la modificación; condonar multas o adeudos de tenencias o revistas anteriores, bonificar el ciento por ciento del pago de impuestos durante los primeros dos años, a darles créditos para la renovación del parque vehicular, pero sobre todo, los amenazaba con que, de no ajustarse a la norma, simplemente no se les renovaría la concesión.
Al principio de la lucha, revela el diputado local Rogelio Velázquez Vieira, del PRD, integrante de la Comisión del Transporte en el Congreso local, los que se oponían era casi la mitad de los transportistas de la entidad, unos 30 mil, pero poco a poco el gobierno los persuadió y hasta presionó para lograr su objetivo. Sin embargo, no lo pudo hacer con todos.
Según las cifras oficiales de los 55 mil concesionarios del transporte público de pasajeros, unos 50 mil ya se adhirieron al programa y 4 por ciento se han negado sistemáticamente.
Israel Davila, corresponsal