Hay por lo menos 135 casos, documenta red de organismos pro derechos humanos
Solicitan a la CIDH investigar tortura perpetrada por la policía de Chicago
Impera un clima de impunidad en EU, por lo cual existe ira social, señala abogada
Nueva York, 29 de agosto. Una red de organizaciones de derechos humanos, abogados y líderes comunitarios solicitó formalmente hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la impunidad de autoridades de la ciudad de Chicago por perpetrar tortura sistemática durante dos décadas contra detenidos afroamericanos.
En una carta demandan a la CIDH realizar una investigación sobre el ex comandante de la policía Jon Burge y otros responsables de emplear la tortura contra por lo menos 135 afroamericanos de 1972 a 1991.
Señalan que "la tortura contra afroamericanos en la delegación de policía conocida como área dos está bien establecida", e indican que esa práctica se ha documentado e investigadores de la policía de Chicago han reconocido el carácter sistemático de la misma.
"No obstante, los responsables de la tortura continúan impunes; nunca han sido acusados criminalmente o presentados ante la justicia", escriben. "Existe una conspiración continua de los responsables directos en colusión con altos funcionarios de la ciudad y del condado, quienes continúan encubriendo la extensión de la tortura."
Señalan que el "abuso brutal" bajo el comando de Burge incluyó infligir a víctimas diversas formas de tortura, como la aplicación de electrochoques a genitales y oídos, realizar ejecuciones simuladas con pistolas y escopetas, asfixiar a las víctimas y quemarlas, entre otras prácticas ilícitas.
"Típicamente confesiones de delitos serios eran extraídas con torturas a las víctimas, quienes después eran fiscalizadas y condenadas con base, entera o parcialmente", en esas declaraciones forzadas, señalan en la misiva enviada este lunes.
Acusan que a pesar de que se entregó información creíble y concreta a altos funcionarios del departamento de policía y en la fiscalía local, incluyendo la del entonces fiscal estatal Richard M. Daley, ahora alcalde de Chicago, todos ellos fracasaron en tomar acción, y hasta la fecha las autoridades municipales continúan financiando la defensa de los culpables de tortura.
Los abogados de derechos civiles que promueven el caso señalaron que un fiscal especial fue asignado para investigar estos casos, ocurridos bajo el mando de Burge, con la participación de hasta 20 detectives de la policía, pero a la fecha nadie ha sido formalmente acusado.
Los abogados solicitan una investigación de la CIDH y que ésta emita un fallo instando al gobierno de Estados Unidos a fiscalizar esos casos. El organismo internacional evaluará la petición y determinará en unas semanas si acepta indagar.
Susan Gzesh, abogada asociada con el Centro de Derechos Constitucionales y una de las promotoras de esta iniciativa, dijo a La Jornada que "impera un clima de impunidad en Estados Unidos y, por tanto, en casos como éste, la comunidad está enfurecida". Añadió que bajo el sistema legal estadunidense los fiscales cuentan con gran discreción para decidir cuáles casos promover, y que a pesar de que hay amplia documentación sobre la tortura, la policía y los políticos han permitido la impunidad de los responsables y no han fiscalizado penalmente a nadie.
Por eso se decidió acudir a una instancia supranacional, la CIDH, que no depende de políticos ni autoridades estadunidenses. Concluyó que aunque esos abusos se cometieron entre los años setenta y noventa, no se sabe si continúan, pero "la impunidad en esos casos envía un mensaje de que si los delitos más graves no son fiscalizados, entonces esas prácticas son permisibles".
"Estamos hartos de esperar para que Burge y sus hombres rindan cuentas", afirmó Locke Bowman, director legal del Centro de Justicia MacArthur de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, e indicó que hay muchos hombres encarcelados con base en las confesiones extraídas con torturas.
"Existe una montaña de pruebas de que, bajo el mando del comandante Burge, afroamericanos fueron torturados múltiples veces al lado sur de Chicago. El y aquellos que supervisó tienen que ser responsabilizados por estas violaciones flagrantes de los derechos humanos."
Entre los casi 50 firmantes de la petición se incluyen abogados, grupos y líderes religiosos y agrupaciones de derechos civiles y humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois, el Centro de Derechos Constitucionales, la Asociación de Abogados del Condado Cook, el Consejo de Abogados de Chicago, la Conferencia Nacional de Abogados Negros, la iglesia Trinity United Church of Christ de Chicago, la Coalición de Illinois por la Abolición de la Pena de Muerte, Bernardine Dohrn de la Coalición por Derechos Humanos de Medio Oeste y la sección de Chicago del Gremio Nacional