Ello explica las reformas recién expedidas por el Presidente, señalan senadores
El gobierno de Fox planea dejar como magistrados a panistas en tribunal fiscal
Las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que el presidente Vicente Fox expidió recientemente, se explican con la intención de disponer de las plazas vacantes, para dar puestos de magistrados a funcionarios hacendarios y cuadros panistas que el gobierno federal quiere dejar colocados antes del fin de sexenio.
Este año concluyen su gestión cinco magistrados de la sala superior de ese tribunal y, de no derogarse el reglamento, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que encabeza el panista Juan de Dios Castro, podrá disponer de ellas para designar magistrados a quienes mejor le parezca.
A esa conclusión llegaron senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática, que están dispuestos a presentar una controversia constitucional contra el Ejecutivo, por considerar que el nuevo reglamento, publicado el pasado día 9 en el Diario Oficial de la Federación, violenta disposiciones de la Carta Magna, ya que va más allá de lo dispuesto en la Ley Orgánica del TFJFA e invade la facultad exclusiva del Congreso de legislar.
A las oficinas de la senadora priísta Martha Tamayo, quien presentó el pasado miércoles ante la Comisión Permanente, la propuesta de interponer la controversia constitucional, han llegado quejas de magistrados preocupados por las repercusiones del reglamento, que quita a la sala superior del TFJFA toda posibilidad de intervenir en la ratificación y nombramiento de sus juzgadores.
De entrada, en el tribunal hay preocupación por la suerte de los magistrados de sala superior del TFJFA que están sujetos a ratificación este año. Se trata de Guillermo Domínguez Belloc, Jorge García Cáceres, Silvia Eugenia Díaz Vega, Alma Peralta y Guadalupe Aguirre Soria. La pregunta que se hacen es si los someterán a exámenes, como se señala en el reglamento aludido, pese a que llevan más de 30 años en el tribunal.
De hecho ellos son inamovibles como magistrados regionales y temen que sus plazas en la Sala Superior sean las codiciadas por el gobierno foxista, a punto de concluir.
En caso que no se les ratifique, tienen la opción de ampararse contra la inconstitucionalidad del reglamento y lo más seguro es que se les otorgue de inmediato la suspensión provisional, porque no se podrían parar las funciones de todo un tribunal mientras se resuelve el amparo.
Para la senadora Tamayo, el reglamento debe derogarse, toda vez que atenta contra la autonomía de un tribunal que siempre ha sido independiente de las autoridades. "A los magistrados no se les puede tratar como empleados del Presidente de la República", advirtió.
En un principio el nombramiento de los magistrados correspondía al mandatario, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, y requería después la aprobación del Senado. La intervención de las autoridades hacendarias se debía a que era exclusivamente un tribunal fiscal.
Hubo en ese entonces muchas críticas, ya que el tribunal se integraba por ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a quienes cada fin de sexenio se les colocaba de magistrados. Por ello, en febrero de 1978 se publicó la primera Ley Orgánica de ese tribunal, en la que se eliminó la intervención de la SHCP en nombramientos y ratificaciones de los juzgadores.
En 2000 se modificó nuevamente esa ley y se otorgó a la sala superior del TFJFA la facultad de proponer la designación o ratificación de los magistrados. Pese a ello, ese órgano jurisdiccional seguía atrás respecto a los avances del resto del Poder Judicial. En ese contexto se frustró el intento de darle autonomía plena mediante el Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos, que dirigía Aurora Cortina, la hija del fundador del tribunal.
Al hecho de que no existe una carrera judicial en ese tribunal se suma ahora el nuevo reglamento expedido por Fox, que deja todas las facultades para nombrar a los magistrados encargados de impartir justicia fiscal y administrativa en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El perredista Jesús Ortega comentó que es uno los asuntos que deberán resolverse en cuanto se inicie el periodo de sesiones, ya que el TFJFA no puede convertirse en la agencia de colocaciones para los funcionarios de Hacienda o para los cuadros foxistas que dejarán el gobierno.