Editorial

Sindicalismo mexicano, una traición a los trabajadores

El sindicalismo mexicano presenta signos de avanzada descomposición. Por un lado, persisten la figura del líder charro, que usa a los gremios en beneficio propio, y del sindicalismo espurio, el cual protege los intereses del sector patronal. Por otro lado, estos modelos de sindicalismo cierran el paso a una verdadera representación de los agremiados. En ese contexto, en México hay pocas organizaciones realmente democráticas que defiendan a sus afiliados. Esta situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo, ya que las reformas laborales impulsadas, ya sea por el gobierno o los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), no atacan los problemas de fondo, por el contrario, apuntan a mantener el actual status quo.

Estos factores revelan que el sindicalismo es una "simulación", tal como señaló el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani en entrevista con este diario: 92 de cada 100 gremios son falsos. Algunos están dirigidos por líderes charros, quienes lucran con las aportaciones de los trabajadores con el aval de las empresas, a las cuales también suelen beneficiar con decisiones contrarias a los intereses de los agremiados. "El sindicalismo (...) se ha convertido en un auténtico negocio", sostuvo el laboralista.

Otro elemento que tiene a los trabajadores sumidos en la indefensión es el de los contratos de protección, cuyo objetivo es garantizar el control de los afiliados y bloquear las reivindicaciones laborales. Al respecto, es lamentable que las juntas de conciliación y arbitraje ­instancias que supuestamente tienen la misión de dirimir conflictos entre trabajadores y patrones­ hagan el trabajo sucio a los empresarios al aceptar este tipo de contratos.

El llamado zar de los contratos de protección, Ramón Gámez Martínez, es un ejemplo de un liderazgo sindical como negocio. Este oscuro personaje creó un "emporio" sindical con el apoyo de Arsenio Farell Cubillas, ex secretario de Trabajo, quien puso toda la estructura laboral a su servicio, lo que le permitió adueñarse de más de 2 mil contratos colectivos ­que afectan a 50 mil empleados­, que le reditúan 10 millones de pesos al mes, recursos utilizados para pagarse safaris en Africa, entre otros lujos.

Gámez Martínez, en prisión por abuso sexual de una menor de edad, ha llegado al extremo de convertir los contratos en una franquicia que alquila a otros "líderes sindicales"; sustancioso negocio del que no rinde cuentas a nadie.

Con este tipo de dirigentes sindicales, no es extraño que los trabajadores no tengan ni voz ni voto en las decisiones que afectan sus intereses. De hecho, hay ramas enteras de la planta industrial en las que no hay ni un solo sindicato democrático, e inclusive algu- nas empresas, como Wal-Mart, prohíben a sus empleados ejercer un sindicalismo real.

Para colmo, las reformas laborales que PRI y PAN pretenden llevar próximamente al Congreso han sido diseñadas en beneficio de los empresarios, debido a que mantienen a los trabajadores bajo control, restringiendo su margen de maniobra en asuntos clave, como la defensa de sus derechos laborales, y perpetúan a los tradicionales grupos de poder sindicales.

La democracia sindical es otra promesa incumplida del gobierno del presidente Vicente Fox, quien se había comprometido a promover el voto secreto en las elecciones sindicales, a que las violaciones a los derechos laborales fueran competencia de las comisiones de derechos humanos y a establecer un registro público de sindicatos. En vez de ello, el mandatario optó por entenderse con el sindicalismo corrupto de viejo cuño, preservando los vicios que han caracterizado a la esfera sindical desde los gobiernos priístas.