A falta de vochos... chocolates
Una de las numerosas promesas del presidente Fox en su campaña electoral fue la de "vochos para todos". Recuerdo perfectamente que muchos votantes se entusiasmaron con esta promesa hasta hoy incumplida, como muchas otras enmarcadas por el amplio compromiso de: " Iniciar un nuevo milagro económico de crecimiento y empleo para los mexicanos", mismo que se abría en cinco grandes temas, que ya habrá tiempo de desmenuzar: el inicio de un nuevo milagro económico; un desarrollo visible para todos; vivir en paz, con seguridad y justicia; buen gobierno, y más recursos para el desarrollo. Cada uno de ellos, profusamente salpicado de ocurrencias, que al paso del tiempo son las que han quedado de aquel discurso. Los vochos entre ellas, que ya desaparecieron del mercado.
No sólo eso; la capacidad adquisitiva de los mexicanos ha decrecido a ritmo galopante a consecuencia del desempleo y los bajos salarios. Las capas sociales rurales y urbanas que requieren de autos han conformado un inmenso nicho de mercado, sin que exista una oferta nacional a precios razonables, para al menos el segmento poblacional de ingresos no tan magros como los de la mayoría, por lo que resulta ilógico que no se haya previsto para ellos una oferta asequible de autos usados o nuevos. Así que es obvio que los autos estadunidenses usados, por viejos que estén, seguirán teniendo una gran demanda -por demás justificada- entre esta mayoría.
Hoy pareciera que ya nadie recuerda que en 2001 se formuló en el Senado una ley para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera, misma que se negoció con el actual gobierno federal, al que públicamente se advirtió que, de no hacer su tarea, es decir, de no evitar el contrabando de vehículos por las aduanas del país -que incluía impedir la nueva aparición de loteros de autos usados estadunidenses, sobre todo en las zonas fronterizas, al igual que de las organizaciones "sociales" que además de cobrarles a los compradores una cuota para luego presionar al gobierno, hoy son los grandes ganadores en este problema- y la lógica negociación con la industria automotriz para que tuviera capacidad de respuesta en la oferta para la demanda que se veía venir, no transitaría por el Senado otra regularización.
Las razones de nuestra posición fueron las siguientes: el daño que se causaría a la industria automotriz, que genera miles de empleos; respetar los plazos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la introducción de vehículos usados a México; y entre otras, por el daño ambiental que causan los vehículos estadunidenses, que adaptados a gasolina de mejor calidad, al usar las nuestras -por lo general alteradas- descomponen los motores, con las consecuencias de intensificar la chatarrización de la planta vehícular del país y, al final, el abandono en las calles de lo inservible. Además, es obvio que se partía del supuesto de que la economía continuaría creciendo al ritmo de 7 por ciento anual, el mismo entregado por el gobierno del PRI al gobierno del cambio.
Es importante ventilar que con los tiempos acordados en el TLCAN se logró la más alta protección, estableciéndose una apertura gradual y ordenada, para dar certidumbre a la planeación de largo plazo de la inversión, producción y comercialización en el sector automotriz, conformado por la propia industria de autos, de autopartes y de la distribución, que en conjunto genera 3 por ciento del PIB y sostiene miles de empleos. Así, los autos nuevos se liberarían a los 10 años, es decir en 2004; para los autos usados se acordó una apertura gradual, que se iniciaría en 2009, cuando se permitiría la importación libre de aranceles en autos con 10 años de antigüedad; y después, cada dos años, se introducirían modelos más recientes: para 2011, los que tuvieran ocho años de antigüedad; para 2013, los de más de seis años, hasta 2019, cuando se importarían los autos usados de un año.
Con el decreto del presidente Fox, esta planeación a largo plazo ha sido trastocada -no obstante haber sentenciado meses atrás que no legalizaría lo ilegal-, al decidir unilateralmente promover una apertura indiscriminada y sin control, adelantando los plazos establecidos en el TLCAN, legalizando los autos introducidos por contrabando en el país. Las consecuencias serán severas: por cada dos autos legalizados se perderá un empleo; se ha informado que se recaudarán 10 mil millones de pesos, de los cuales 60 por ciento será para los estados y 40 para los municipios, por el emplacado y engomado.
Pero al mismo tiempo se exentará del ISAN a la mayor parte del parque vehicular nacional -se calcula que será 80 por ciento de éste- por lo que, al hacer las cuentas, quizá los raspados sean aquéllos y no la Federación, que pareciera generosa, pero se reserva para sí el costo de los pedimentos aduanales, indispensables para la regularización, que han de andar en los 300 o más pesos cada uno. Y se habla de que serán 2.5 millones de autos. Por lo pronto, Fox o está muy desesperado por su flaca caballada o la ganancia será grande. Y también recordar que a falta de vochos... chocolates.