¿Y los 20 compromisos por la democracia sindical?
En vísperas del quinto Informe de gobierno convendría escuchar los motivos por los que se han incumplido los Veinte compromisos por la libertad y la democracia sindical.
Estos compromisos fueron producto de un largo proceso de análisis y consulta en el foro laboral y académico y plantean propuestas de consenso, necesarias para modernizar las relaciones laborales, sobre la base de un diálogo auténtico entre los factores de la producción. En su diseño se involucraron más de 100 organizaciones sindicales y de la sociedad civil, acompañados por reconocidos intelectuales y luchadores sociales, entre los que destacan Elena Poniatowska, Miguel Angel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Néstor de Buen y Alfredo Domínguez Araujo.
El 27 de junio de 2000, el entonces candidato Vicente Fox formalizó la aceptación de estos compromisos mediante la firma de un comunicado público, cuyo inicio contiene el siguiente texto: "Sirvan estas líneas para expresar nuestro acuerdo con los 20 compromisos por la libertad y la democracia sindical". Al final del documento señalaba: "esperamos mantener estrecha comunicación con ustedes para construir juntos el programa de gobierno en materia laboral del sexenio 2000-2006, que encabezaré".
Los compromisos firmados son coincidentes con los reclamos de la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales, y se refieren a cinco temas. El primero plantea sanear la estructura de control y corrupción sindical, creando un organismo autónomo del Poder Ejecutivo para asumir el registro público de sindicatos y contratos colectivos, además de establecer el voto secreto, universal y directo como medio de elección de las directivas sindicales. El segundo tiende a recuperar el sentido auténtico de la contratación colectiva como medio de concertación responsable e informado entre los factores de la producción, proponiendo reglas claras para combatir la simulación de los llamados "contratos de protección patronal", es decir, aquellos que se celebran a espaldas de los trabajadores.
El tercero se vincula a un cambio en el modelo de impartición de justicia laboral, buscando instaurar un sistema imparcial que no dependa de las consignas del Ejecutivo, tanto a escala local como federal. El cuarto se refiere al compromiso de generar una reforma para modificar el artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución para incluir la competencia de las comisiones de derechos humanos en el análisis de los asuntos laborales. El último apartado impone el cumplimiento del Convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical, que si bien está vigente desde hace más de 50 años, es ignorado en la práctica; incluye también el compromiso de suscribir el Convenio 98, relacionado con la protección al derecho de contratación colectiva.
Los compromisos laborales asumidos no han sido materializados en los cinco años de gestión de Fox; sin embargo, se pueden identificar tres momentos de acercamiento presidencial al tema. El programa económico 2002, punto seis, hace referencia a una serie de acciones orientadas a fortalecer la libertad y el pluralismo sindical, donde destaca la propuesta de crear el registro público nacional de sindicatos y contratos colectivos, el voto secreto en elecciones gremiales y promover el respeto a la voluntad de los trabajadores en la firma, revisión y terminación de los contratos colectivos.
Estas líneas de acción desaparecen luego y se retoman en la primera versión del proyecto de reforma de la Secretaría de Trabajo. Más tarde, por presión de Leonardo Rodríguez Alcaine, extinto líder de la CTM, se retiraron definitivamente del proyecto.
Una última referencia a los compromisos aparece en el tercer borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (26/11/04). En el capítulo de derechos humanos laborales se incluyen seis líneas de acción; cuatro de ellas tienen vinculación con los compromisos: trabajar en el proyecto de autonomía del registro de asociaciones; hacer obligatorio el voto secreto en caso de conflictos sindicales y transparentar la impartición de la justicia laboral transfiriéndola al Poder Judicial. Estos puntos desaparecen misteriosamente del último borrador del programa un mes después.
Se ha discutido mucho sobre los motivos por los cuales el presidente Vicente Fox se resistió y no quiso avanzar en el cumplimiento, al menos parcialmente, de los compromisos contraídos. Algunos lo imputan al carácter empresarial del actual gobierno, otros al temor a las viejas estructuras sindicales, de las cuales esperan apoyo para lograr la aprobación de las llamadas reformas estructurales.
Es evidente la ausencia de una visión de Estado y de la rendición de cuentas gubernamental ante los vicios que agobian el circuito de las relaciones laborales, sacrificando la posibilidad de un cambio en el que confiaron muchos de los trabajadores, hombres y mujeres, que votaron con la esperanza de recuperar la dignidad de su trabajo.
El reto ahora, en el escenario de la próxima jornada electoral, es saber si los candidatos presidenciales de los distintos partidos retomarán estos compromisos indispensables para la auténtica modernización del mundo laboral.