Desde el año pasado rechazaron iniciativa sobre el tema
Los jueces sin rostro "son propios de estados autoritarios": magistrados
Las recientes amenazas de muerte contra jueces y magistrados federales perpetradas por integrantes de bandas delictivas reabrieron el debate sobre la posibilidad de crear juzgadores especializados en delincuencia organizada, lo que ya es parte de una de las propuestas de reforma legal en materia de seguridad y justicia planteadas por el presidente Vicente Fox al Senado de la República.
No obstante, varios impartidores de justicia se han manifestado desde el año pasado contra esa iniciativa, por considerarla "inconveniente" e "innecesaria".
En una carta firmada el 10 de marzo de 2004 por los 18 jueces de distrito en materia penal adscritos al Distrito Federal, los funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) consideran que crear jueces especializados en delincuencia organizada "convertiría en blanco específico e identificable de presiones y eventuales atentados, en la persona, en su familia y sus bienes, a los juzgadores que fueran nombrados para ello".
Asimismo, critican la posibilidad de crear "jueces sin rostro" o "especializados en delincuencia organizada", porque "es una medida propia de estados autoritarios, en virtud de que implicaría someter a los inculpados de algún delito a procedimientos penales en los que sus facultades de defensa estarían disminuidas".
En el documento de 13 cuartillas, los jueces encargados de desahogar procesos del ámbito penal coinciden en señalar que en caso de ponerse en práctica la propuesta presidencial "se configuraría un régimen de excepción, con el consecuente retroceso que implica al volver a los tribunales de naturaleza inquisitorial".
La misiva refiere que "la medida de seguridad más factible, práctica y eficiente, y menos onerosa para proteger a los funcionarios judiciales que intervengan en asuntos relacionados con delincuencia organizada es precisamente que se sigan distribuyendo los casos, como hasta ahora, entre la totalidad de los juzgados de distrito de procesos penales federales distribuidos en toda la República, dado que por su solo número diluye el riesgo de presiones o atentados contra los jueces".
Dicha carta fue elaborada ante la preocupación de los 18 jueces de distrito por la posible aprobación de dicha iniciativa.
Los juzgadores comenzaron el escrito -que fue enviado para su análisis al Consejo de la Judicatura Federal, al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República- con la referencia de que la propuesta de ley por el momento se ha quedado en "intención", ya que el Senado no ha concluido la revisión de la iniciativa, a pesar de que "durante el primer semestre de 2002 tuvo lugar la agresión y el homicidio de dos magistrados de circuito (Benito Andrade Ibarra y Jesús Ayala Montenegro) en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa".
Los propósitos del gobierno federal de crear jueces expertos en delincuencia organizada son que el PJF pueda atender con prontitud los casos relacionados con ilícitos de esa índole.
Sin embargo, los 18 jueces manifiestan su desacuerdo con la iniciativa y refieren: "estimamos que no es necesaria y conveniente la creación de juzgados de distrito especializados en esa materia porque la realidad demuestra que el esquema actual es el más apropiado".
Abudan: "sólo como ejemplo, los 18 jueces de distrito en materia penal del Distrito Federal actualmente estudian mil 150 juicios, y de ésos sólo 50 son respecto a delincuencia organizada. Ello se traduce en que cada juzgado tiene un promedio de 63 asuntos en trámite, y de esos poco menos de tres son sobre delincuencia organizada, es decir, menos de 5 por ciento".