Cuestionan juzgadores y funcionarios judiciales la "ineptitud" oficial contra el hampa
Las amenazas a jueces "no son tales con frecuencia": Abascal
Resalta Presidencia la valentía de quienes no se dejan chantajear por el crimen organizado; los halagos, incongruencias, responden al vocero
"Bajarle" al asunto, orden a dependencias
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Foto: Jos�arlo Gonz�z
La Presidencia de la República, por medio de su vocero, Rubén Aguilar, ponderó "la valentía y el compromiso con México" de los jueces que no se dejan presionar ni chantajear por el crimen organizado, mientras el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, indicó que las amenazas a ocho impartidores de justicia deben ser cuidadosamente analizadas, "porque con frecuencia no son tales", sino "rumores e ideas" frente a retos de aplicación de la ley.
En respuesta, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), jueces de distrito y magistrados de circuito consultados por La Jornada cuestionaron las posturas del gobierno federal.
"En lugar de andar reconociendo la valentía de los juzgadores, la Presidencia debería preocuparse por aplicar medidas para que disminuya la violencia a escala nacional y los delitos; debería fomentar el empleo y aumentar las prestaciones a los asalariados", coincidieron funcionarios del Poder Judicial.
A su vez, consejeros de la Judicatura descalificaron las declaraciones de Abascal respecto a la seguridad de jueces y magistrados federales. "Si quiere le decimos quiénes son los que tienen protección de escoltas porque han recibido amenazas contra su integridad y la de su familia", indicaron, y señalaron que juzgadores en materia de procesos penales federales y de amparo penal son los que han demandado protección.
En Huatulco, Oaxaca, antes de ingresar a una reunión privada con la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Abascal dijo desconocer si existen denuncias del Poder Judicial. "Cuando las haya, encantados; las áreas respectivas, en este caso la Procuraduría General de la República (PGR), hará las averiguaciones", expuso.
Al preguntarle si podía manifestar su postura en torno a las eventuales amenazas de la delincuencia contra funcionarios del Poder Judicial, respondió:
"No conozco esas amenazas de muerte. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de expresiones. Pero en todas partes del mundo donde se ha decidido el combate al crimen organizado, ha habido no sólo amenazas, sino lamentables acontecimientos, pero al final el vigor del Estado y las instituciones debe prevalecer.
"Confiamos en que no pase a mayores, y se habrán de observar los acontecimientos para tomar las medidas necesarias. Finalmente la sociedad espera que sus leyes y sus instituciones funcionen para proporcionar seguridad a todos los mexicanos."
En tanto, durante su conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial reconoció la valentía de los impartidores de justicia, pues, dijo, resisten las presiones del crimen organizado, por lo que son ejemplo para la nación y motivo de orgullo para la sociedad.
Agregó que el gobierno federal, mediante la PGR, apoyará siempre al Poder Judicial para brindarle seguridad donde así lo requiera, y colaborará para garantizar la integridad de los impartidores de justicia que no se dejan amedrentar.
Reproches a Rubén Aguilar
Los funcionarios del Poder Judicial y de la Judicatura, que solicitaron no ser citados por su nombre, criticaron las "incongruencias" del vocero presidencial, ya que si bien ahora "aplaudió" la labor de jueces, en junio pasado puso en duda su "imparcialidad e independencia" para salir al paso de las críticas contra la PGR por las "inconsistencias jurídicas" en el caso de Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito.
Uno de los juzgadores consultados espetó: "Ahora en Presidencia salen a darnos ánimos para no dejarnos chantajear ante las amenazas del crimen organizado, cuando el vocero ha llegado a cuestionar nuestra independencia y a insinuar que somos de consigna porque algún juez falló contra la PGR" en el caso del hijo de El Chapo Guzmán.
"Que las autoridades combatan el crimen organizado y no nos echen la culpa a los jueces de su ineptitud", indicaron.
En tanto, los consejeros de la Judicatura señalaron que la preocupación por los jueces no es nueva y "hace mal" el secretario de Gobernación al pretender minimizar el problema.
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El gobierno federal tratará de "bajarle nivel" al impacto social que significa el reconocimiento de que jueces y magistrados han recibido amenazas de muerte de abogados y miembros de la delincuencia organizada, con la meta de que "no se perciba una colombianización" en la guerra contra el narcotráfico.
Fuentes oficiales revelaron que distintos actores sociales y sus áreas de comunicación emitirán posiciones tendientes a disminuir la importancia de las amenazas a jueces, para que no se "cree una imagen de falta de gobernabilidad".
Lo anterior, tras darse a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga desde hace por lo menos dos años las amenazas a jueces y magistrados, y apunta especialmente a un grupo de abogados financiados por los cárteles de los Arellano Félix y del Golfo para "promover reformas legales y privilegios en los penales".
Los funcionarios entrevistados indicaron que algunos voceros de dependencias públicas tienen la encomienda de dar seguimiento al tema desde una perspectiva en la cual se exponga que el Poder Ejecutivo no cejará en su empeño de llevar a los delincuentes a prisión y de dar seguridad a los impartidores de justicia que tienen bajo su responsabilidad procesos penales relativos a delitos contra la salud y secuestro.
Sin embargo, los funcionarios reconocieron que si bien se ha brindado protección a jueces y magistrados, las pesquisas que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada apuntan a 10 litigantes que han servido no sólo para la defensa legal de sus clientes, sino como correos entre líderes del narcotráfico y sus lugartenientes.
Como se recordará, en enero de este año diversos funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal reconocieron que a pesar de que narcotraficantes como Osiel Cárdenas -líder del cártel del Golfo- estaban presos en cárceles de máxima seguridad, se valían de sus abogados y familiares para enviar mensajes a sus organizaciones.
Después de que la magistrada Elvia Díaz de León reveló que al menos ocho jueces cuentan con protección de la PGR porque han sido amenazados de muerte, la dependencia, mediante su dirección de comunicación social, aceptó que existe una averiguación previa en curso, pero informó que por el "secreto de las investigaciones" no puede revelar detalles.
Sin embargo, entre los casos en los que se recuerda que miembros de la delincuencia organizada han atacado a impartidores de justicia está el de los magistrados Benito Andrade y Jesús Ayala Montenegro, asesinados en diciembre de 2001 en Mazatlán, Sinaloa.
Andrade Ibarra y Ayala Montenegro habían participado en el rechazo de un amparo que solicitó a la justicia el narcotraficante Francisco Arellano Félix, y fueron asesinados a tiros cuando circulaban en una camioneta Suburban.
Otro caso ocurrió en 1985, cuando en Morelos fue acribillado el juez de distrito Pedro Villafuerte Gallegos. Según versiones periodísticas de la época, el crimen fue atribuido a Pedro Díaz Parada, líder de una organización dedicada al cultivo y tráfico de mariguana en Oaxaca.
Díaz Parada habría dicho al juez: "Me voy a ir y tú te vas a morir", tras escuchar la condena de 33 años de cárcel. Empero, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también lo habían amenazado Felipe Cuenca Maldonado, Reinel Cuenca Merino y Marcial García Maldonado, sentenciados por narcotráfico.