En un balance concluyen que la fiscalía no procura la justicia para las víctimas
La Femospp carece de imparcialidad para investigar la guerra sucia: ONG
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Fundación Diego Lucero denunciaron que prevalece la supremacía de la jurisdicción militar
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La presidenta comisionada del IFAI, Mar�Marv� y el comisionado Alonso G� Robledo participaron ayer en la sesi��a del instituto. En la reuni�e decidi�rroborar que la Sedena envi� Archivo General de la Naci�mportantes documentos sobre la guerra sucia FOTO Carlos Cisneros
Foto: Carlos Cisneros
Un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Fundación Diego Lucero sobre la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) destaca que la instancia carece de imparcialidad e independencia para investigar los hechos ocurridos durante las décadas de los 60, 70 y 80. Además de que en México "prevalece la supremacía de la jurisdicción militar".
Consideraron que el personal encabezado por Ignacio Carrillo Prieto "no cuenta con sensibilidad en el tema de derechos humanos; no tienen suficiente profesionalización en técnicas de investigación para esclarecer delitos del pasado y carecen del conocimiento necesario sobre los estándares internacionales de protección a las garantías básicas".
En el balance, a casi cuatro años de creada la Femospp, recuerdan que para su puesta en marcha no se realizó una consulta a los familiares de los desaparecidos, ni con las víctimas sobrevivientes de la represión o a las organizaciones sociales, pese a que se tenía conocimiento de 532 expedientes.
Apuntan que los mecanismos de atención que emplea la fiscalía "no son viables, además de que en los hechos se ha invertido la carga de la prueba a los familiares, lo que quiere decir que prácticamente los resultados dependen de los elementos que aporten las víctimas, debilitando la responsabilidad de la Procuraduría General de la República de investigar los hechos constitutivos de delitos".
Respecto a que prevalece la supremacía de la jurisdicción militar, el Pro Juárez y la Fundación Diego Lucero aseguran que ello "genera impunidad y niega el derecho a la justicia y la verdad". Lo anterior se evidencia cuando el gobierno rechaza que los elementos castrenses acusados de tales hechos sean juzgados por civiles, "permitiendo que la Procuraduría Militar sea juez y parte".
A la Femospp la acusan de no cumplir la finalidad de procurar justicia para las víctimas. "No ha considerado los estándares internacionales de protección a los derechos humanos en la investigación e identificación de las responsabilidades en los delitos de lesa humanidad."
Las organizaciones no gubernamentales recuerdan al presidente Vicente Fox que es necesario aclarar y no dejar dudas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado, como se exige a escala mundial, así como ahondar en las causas que las provocaron, quiénes intervinieron, el grado de su responsabilidad y las consecuencias ocasionadas.
Una reparación integral del daño -como exigen los afectados- significa que "el Estado mexicano se haga responsable, por todos los medios que tenga a su alcance, de favorecer la restitución de los derechos violados y de asegurar el proyecto de vida de las personas afectadas".
Va mucho más allá, abundaron, de una mera reparación económica o material, ya que se relaciona con los planos morales, emocionales y de proyecto de vida. "Principalmente la demanda ha sido el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado", subrayan en su mensaje al presidente Fox.