ASTILLERO
Ahorrar
Castigo electoral a despilfarradores
Montielazo por partida doble
SANTIAGO CREEL DIJO ayer en el noticiario radiofónico conducido por Joaquín López Dóriga que está dispuesto a pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no le entregue la mitad del dinero que para campaña le correspondería en caso de ser candidato presidencial, siempre y cuando los abanderados de los demás partidos hagan lo mismo. En lugar de gastarlo en esos esfuerzos de proselitismo, el panista pediría que los recursos en ahorro fueran destinados por el gobierno federal a programas educativos y científicos. Así la oferta terminase siendo un mero lance publicitario en busca de ganancia personal y a sabiendas de lo difícil que sería que sus opositores asumieran una postura similar, y así sucediese que él tuviera garantizado su gasto de campaña a través de financiamiento oscuro (como el derivado de las concesiones para centros de apuestas), debe registrarse el gesto de Santiago Creel, que es una respuesta a la preocupación generalizada por el anunciado despilfarro de recursos públicos que realizarán los partidos en los próximos comicios.
UNA VERTIENTE DE esa preocupación la han planteado tanto el académico José Antonio Crespo (cuya documentada opinión tiene presencia en diversos medios de comunicación) como el columnista Miguel Angel Granados Chapa. El pasado 18 de julio, Crespo llamó desde El Universal a que los votantes disciernan entre el despilfarro y la moderación en campañas, de tal manera que sufraguen "en favor de aquel candidato que, con opción real de ganar la elección (de PRI, PAN o PRD), gaste menos en publicidad mediática durante la campaña oficial, en proporción a su financiamiento legal", castigando así el derroche y premiando "la (relativa) austeridad mediante el único instrumento político-legal al alcance del ciudadano" como es el sufragio. Granados Chapa, por su parte (que ya había retomado la propuesta de Crespo en anterior entrega), escribía este miércoles en su Plaza Pública, que difunde Reforma, en favor de la "austeridad electoral", invitando a los partidos a tomar una decisión ética de renuncia a 20 o cuando menos 10 por ciento de las asignaciones de presupuesto que para estos comicios próximos ascenderán a más de 5 mil millones de pesos para todos los partidos.
EL FINANCIAMIENTO DE LAS campañas se ha convertido en una decisoria fórmula complementaria de los bien preservados haberes históricos de la defraudación electoral directa que en proporciones fluctuantes practican todos los partidos y no sólo el PRI, aunque justamente esta agrupación (siempre a la vanguardia infractora de cualquier tipo de escrutinio oficial) ha demostrado en comicios recientes la sublimación de esa mezcla imparable de dinero en abundancia y sin control más la permanentemente actualizada mapachería electoral. El ejemplo más reciente de esa combinación delictiva lo han dado Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto en el estado de México, aunque justamente ayer el tribunal electoral federal encendió luces de peligro a la presunta aplanadora mexiquense, al pedirle con carácter perentorio al instituto electoral de aquella entidad (dominado por el montielismo) que se pronuncie respecto al posible rebase de topes de campaña que el priísta Peña Nieto hubiera cometido (el instituto electoral montielista había decidido desdeñar el recurso en ese sentido presentado por el PAN y Convergencia, de tal manera que es previsible que ahora, emplazado por el tribunal federal, vuelva a ser fijada una postura protectora de los intereses del tío tucómico y su sobrino atlacomulco, reticencia local a actuar con justicia respecto a la que a su vez deberá tomar decisiones el órgano federal que, en dado caso, podría declarar nulos los escandalosos comicios mexiquenses).
EL MISMO MONTIEL está listo para meter mano nuevamente en el erario de aquella entidad mártir, ahora a cuenta de la precandidatura presidencial que mantiene frente a Roberto Madrazo con el propósito de aparentar contienda democrática y de instalar un piso electoral falso que sirva más delante para "justificar" números alegres con los que se pretenda imponer una victoria madracista de papel. Hasta eso, el campeón designado, RoMa, y el retador arreglado, ArMo, han mostrado prudencia a la hora de anunciar gastos de precampaña: solamente 60 millones de pesos cada cual, dicen, aunque la fama pública de ambos muestra que si algo les gusta es el exceso cometido con dinero ajeno.
PARECIERA NECESARIO ENTONCES que fueran los propios ciudadanos los que exploraran mecanismos de control de la vía monetaria como instrumento para ganar elecciones. No existe autoridad electoral federal que tenga legitimidad para frenar el dispendio en curso, pues el IFE tiene el pecado original de haber sido integrado a partir de un virtual reparto de botín entre PRI y PAN pero, además, a estas alturas los piratas que se distribuyeron los cargos de consejero de ese instituto ya no representan los intereses de los actuales ocupantes de los barcos de rapiña: para empezar, Elba Esther Gordillo, quien fue la gran electora de la cuota de consejeros del PRI, entre los que estuvo quien preside el instituto, no representa ya ni siquiera los intereses del tricolor. En ese panorama de despilfarro anunciado, y de incapacidad institucional de control (la moderación personal de López Obrador es una postura inicial que cederá el paso a las exigencias de la guerra de sucesión que entre otras cosas llevará al cuartel andresino a inyectar "lo necesario" en el aparato electoral), siempre serán importantes las iniciativas cívicas que busquen moderación, castigando en todo caso a quienes dilapidan dinero público en campañas ofensivas.
PERO, MIENTRAS EL NOTARIO General de la República se refugia en el consuelo de muchos al contar más muertos por violencia en Estados Unidos que en México, y mientras Chente y Chepina se emocionan porque hay menos pobreza en nuestro país (sin reconocer que cierta mejoría estadística se debe al incremento del envío de remesas de quienes han cruzado ilegalmente la frontera), ¡hasta mañana!
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