Desaparición de 5 miembros de una familia, el tema

Presentan a Femospp caso inmejorable para que actúe

ALMA E. MUÑOZ

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Fundación Diego Lucero presentaron el caso de la familia Guzmán Cruz, de la cual cinco de sus integrantes fueron desaparecidos por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) en 1974. Las instancias consideran que este asunto representa una oportunidad "inmejorable" para que el Estado mexicano, por conducto de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), demuestre verdadera voluntad política para investigar y sancionar ese tipo de delitos.

Luisa Pérez Escobedo, abogada del Centro Pro, apuntó que en México no puede hablarse de democracia si hay pendientes en materia de derechos humanos. Especialmente cuando, recordó, el país ha ocupado (entre 1996 y 1998) el tercer lugar en desapariciones forzadas según un reporte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, el cual tuvo conocimiento sobre 115 casos ocurridos en el país.

Confió, al igual que Blanca Hernández, otra de las representantes de la familia Guzmán, que en esta ocasión el Poder Judicial fije una postura clara en cuanto a los delitos de lesa humanidad, y en particular sobre este caso.

Sin embargo, en un comunicado conjunto expusieron su preocupación por que las autoridades judiciales continúen "reticentes a procesar y sentenciar a los responsables de los delitos cometidos por servidores públicos en las décadas de los 60 y 70. Los juzgadores no han sostenido criterios consistentes en el tema y han dado la espalda a los avances alcanzados en la protección judicial a los derechos humanos durante la segunda mitad del siglo xx", insistieron.

Abdallán Guzmán, también integrante de la familia -cuyo expediente está próximo a consignarse, después de que se le entregó a la Femospp hace tres años y se hicieron las diligencias previstas por el Ministerio Público para que se abra una causa penal contra presuntos responsables, cuyos nombres se omitieron para no entorpecer las investigaciones- hizo un recuento sobre la afectación sufrida.

Mencionó que él y otro de sus hermanos participaban en actividades políticas, y en julio de 1974, agentes de la DFS se presentaron en la comunidad donde vivían, en Michoacán, preguntando por el paradero de su familia. Después de presionar detuvieron a su padre, José de Jesús Guzmán Jiménez, a sus dos hijos Venustiano y Amafer, así como a sus primos Armando y Solón Guzmán Cruz. Fueron trasladados a la ciudad de México y uno, Amafer, fue puesto a disposición de la 21 Zona Militar, con sede en aquel estado. Desde entonces se desconoce su paradero.

Los representantes del Centro Pro y la Fundación Diego Lucero consideran que este caso ejemplifica la "represión sistemática que los gobiernos de Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo instrumentaron contra la disidencia política".

Además, "en estos hechos existen circunstancias agravantes, pues contra los Guzmán se cometieron acciones premeditadas y dolosas (sin orden de aprehensión, ni voz ni diálogo, así como presión sobre familiares y vecinos de los mismos para conocer su paradero) por las que el Estado mexicano desapareció a cinco integrantes de una misma familia, dos de los cuales eran menores de edad".

Confiaron que la consignación se realice por el delito de desaparición forzada y por privación ilegal de la libertad, como ha ocurrido en todas las averiguaciones previas abiertas por desapariciones.