La diatriba empobrece la democracia: Valadés

Estudia el IFE prohibir a candidatos denostarse

Se busca fomentar una contienda positiva, dice Ugalde

ALONSO URRUTIA

Ante la intensificación del debate político y la forma en que se conduce en tiempos precomiciales, el Instituto Federal Electoral (IFE) analiza la posibilidad de emitir reglamentos para prohibir todo señalamiento que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria o denigre a ciudadanos y candidatos, sostuvo el consejero presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde. Se busca fomentar una contienda positiva, aun con el riesgo de que se acuse a la institución de limitar la libertad de expresión.

En un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el director, Diego Valadés, advirtió a su vez sobre los riesgos de que prevalezca en la campaña la denominada propaganda negativa: "Los ciudadanos no queremos presenciar espectáculos degradantes de la política mexicana, porque entre más se exhiban las potenciales bajezas de los contendientes, más nos estarán rebajando a los que las presenciamos".

Si los candidatos se dedican a desprestigiar y potenciar lo negativo del adversario, lo único de lo que estarán convenciendo a la ciudadanía es de que "no hay que votar por ellos, y eso lo que consigue es reducir sensiblemente la afluencia de votantes, empobrece la democracia, alienta el abstencionismo y genera mayor desconfianza y rechazo social a los partidos".

En entrevista, Ugalde justificó también las eventuales sanciones a los partidos: "El mensaje es que el IFE actúa con base en la ley, y cuando los partidos violan el espíritu de ésta, se tiene que sancionar. Si lo hacemos ahora lo haremos también en 2006 y cada vez que sea necesario garantizar la legalidad, porque el financiamiento a la democracia es una inversión social y no debemos permitir que los recursos privados o ilegales trastoquen el valor de la equidad en México".

Valadés alertó sobre los riesgos de la propaganda, en especial su uso para denostar o frivolizar la contienda. Citó el caso de los años 70, cuando en la elección para alcalde en Sao Paolo, Brasil, Cocoreko -un hipopótamo- obtuvo 100 mil votos. "Eso se puede hacer con una propaganda eficaz para los autores, pero nociva para la democracia. Eso es pintoresquismo, pero cuando lo vemos de cerca se convierte en realismo político."

Lamentó que la tendencia ahora sea reducir el discurso político a 20 segundos, pues cuando los ciudadanos deben decidir quién ejerce el poder, y es controlado a partir de esos mensajes, se trata de un asunto a reflexionar. De igual forma, destacó la paradoja de que en el país los partidos mantengan una tendencia al descrédito y la institución que los regula preserve altos niveles de credibilidad.

El ex procurador expuso que se trata de contribuir a que el proceso se realice de forma civilizada. "Si bien no podemos exigir a los candidatos que piensen bien unos de otros, sí podemos demandar que no trasgredan normas éticas y actúen razonablemente, para que la falta de respeto entre ellos no se dirija al electorado."

En su oportunidad, Ugalde hizo un resumen de los riesgos que tiene la democracia ante la propaganda, y subrayó la creciente influencia del aspecto "emotivo" de los mensajes sobre los contenidos informativos.

Destacó como característica de las democracias que se han desplazado las ideas y los mensajes sobre las propuestas electorales para privilegiar la imagen y constreñir el tiempo al máximo en busca de mayor impacto social.

La absorción del gasto partidista en medios de comunicación, agregó, ha sido creciente, lo que ha incrementado los costos electorales y las necesidades de los partidos de conseguir dinero.

Expuso que esto obedeció a que en la reforma de 1996 se consideró el sustancial incremento del financiamiento público como fórmula para garantizar la equidad y la calidad de la democracia.

Al responder a las críticas al organismo por el gasto electoral, destacó que no existe responsabilidad del IFE por dos razones: en organización, es la única institución a escala mundial que debe expedir para efectos electorales una credencial de identidad, y el resto del gasto está contenido en los requerimientos de ley; y el finananciamiento de partidos no lo fija la autoridad de forma discrecional, sino sólo aplica una fórmula prestablecida que arroja un monto a otorgar.