Son recursos sobrantes que se usan para pagar millonarias pensiones de magistrados

Cuestionan ministros a Azuela por oscuro manejo de 11 fideicomisos

Este tipo de escándalos ha dañado la imagen del máximo tribunal del país, advierten

JESUS ARANDA

El pasado lunes, en sesión privada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, fue cuestionado por algunos de sus compañeros por la falta de claridad con la que se manejan 11 fideicomisos, integrados con los recursos presupuestales sobrantes de años anteriores, y por los señalamientos de diputados de la Comisión de Seguridad Social respecto de que la Corte ''viola la ley'' para quedarse ilícitamente con recursos para pagar las millonarias pensiones de ministros, magistrados y jueces en situación de retiro.

''¡Es muy grave lo que está pasando!'', comentaron al menos dos magistrados, quienes aceptaron que este tipo de escándalos ha dañado la imagen de la Corte en los últimos meses.

Además, algunos afirman que hay una sombra de inconstitucionalidad sobre las cuantiosas pensiones que reciben los ministros jubilados que dejaron su cargo antes de la reforma constitucional de 1994, en razón de que su monto no fue aprobado por una ley, sino por un acuerdo de pleno.

Piden la intervención de la ASF

Trascendió que hay quienes consideran que ''la única forma de poner fin a las críticas por la forma en que la Suprema Corte maneja sus recursos'' es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los 11 fideicomisos denunciados y se regresen a la Tesorería de la Federación los recursos ''sobrantes'' de cada ejercicio fiscal que termina.

El fideicomiso que tiene que ver con el pago de pensiones (46574) suma al 30 de junio pasado un total de mil 884 millones 280 mil 534 pesos, e incluye 114 mil 292 pesos producto de ''ingresos extraordinarios por renta de espacios de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas''.

El pasado fin de semana La Jornada publicó que la Corte integró los 11 fideicomisos con los recursos que no reintegra a la Tesorería, lo que violenta los decretos de presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados, según los diputados Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar y Francisco Carrillo Soberón, donde se establece la periodicidad de un año para gastar los montos asignados y, en caso de lograr ahorros, éstos retornen a las arcas federales.

Legisladores de la Comisión de Salud denunciaron el acuerdo general aprobado por el pleno en 2003, bajo la presidencia de Azuela, que regula las pensiones complementarias de magistrados y jueces de distrito, el cual llega a representar hasta 80 por ciento de los ingresos netos mensuales de los juzgadores federales, cantidad adicional a la pensión del ISSSTE a la que tienen derecho. Además, denunciaron que el principal beneficiario de ese esquema de jubilación es precisamente el ministro presidente, quien recibirá al dejar su cargo una suma superior a los 4 millones 200 mil pesos por concepto de pensión anual.

Trascendió que los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero cuestionaron la forma como la Suprema Corte ha manejado dichos fideicomisos, lo que ha colocado al máximo tribunal en una situación difícil ante la opinión pública.

En privado hay quienes reconocen que la imagen negativa del máximo tribunal y su presidente se dio a partir de que Azuela fue identificado con la intención gubernamental de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, a lo que se sumó el voto de la Corte en favor del presidente Vicente Fox en las controversias constitucionales sobre el Presupuesto 2005, y sobre los créditos irregulares del Fobaproa, en la que los ministros limitaron además la labor de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que el acuerdo general en el que los magistrados modificaron los términos de los ministros jubilados antes de la reforma de 1994, fue considerado en su momento como ''inconstitucional'' por Genaro Góngora Pimentel, quien fue el único que se opuso a que la Suprema Corte ''legislara'' en materia de pensiones, cuando no tiene facultades para ello, y es que según el acuerdo presidencial que estableció las pensiones de los ministros que dejaron el cargo en 1994 -sólo Azuela y Juan Díaz Romero repitieron-, quienes pasaron a retiro tienen derecho a recibir 100 por ciento de su sueldo por dos años, y después 80 por ciento. Pero lo que aprobaron los ministros fue que los 18 magistrados que dejaron su cargo antes de la reforma homologaran su pensión con los otros 23, pero además, que ésta se fijara conforme el salario de los ministros actuales, lo cual implica un costo millonario para las arcas de la judicatura federal.

Las ''economías''

Para financiar la pesada carga de las jubilaciones, el primer presidente de la ''nueva Corte'', José Vicente Aguinaco Alemán, previó la creación del fideicomiso 46574, que contó con un aporte inicial de 155 millones de pesos, provenientes de las llamadas ''economías'', que no eran otra cosa que los recursos ''ahorrados'' por el Poder Judicial Federal y que no enteraron a la Federación durante muchos años.

De acuerdo con la más reciente información sobre los fideicomisos, publicada en la página de Internet de la SCJN, el fideicomiso 46574 es el que cuenta con más recursos, con mil 884 millones 280 mil 534 pesos al 30 de junio pasado.

Sin embargo, la información sobre los otros fideicomisos que aparecen publicados (114952, 142105, 142121, 142113, 143489 y 148172) no precisa los fines de éstos, solamente menciona como ingresos la venta de publicaciones oficiales y discos compactos, que suman más de 600 millones de pesos, así como los egresos, entre los que destacan: 224 mil 682 pesos por concepto de pensiones mensuales ''vitalicias'' complementarias a las otorgadas al ISSSTE; 396 mil 499 pesos por el pago de gastos médicos extraordinarios al personal de la Corte, y 6 mil 979 millones 812 mil pesos por publicaciones oficiales y comisiones bancarias.

Según fuentes oficiales, con la llegada de Mariano Azuela a la presidencia de la Suprema Corte se fortaleció la figura de los fideicomisos, que sirven hasta la fecha como verdaderas ''cajas chicas de ahorro'', y que en los hechos sustituyeron a las ''economías'', lo que ha no sido del agrado de todos los integrantes del pleno.