Hidalgo, Zacatecas, Nayarit y Distrito Federal, entidades más afectadas por la corrupción
Desembolsan empresas $12 mil millones para obtener favores de las autoridades
El sector privado reveló que 20 por ciento de las empresas que operan en el país reconocieron realizar pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones para favorecer sus intereses. En 2004 gastaron 6 por ciento de sus ingresos para tales operaciones, lo que representó 12 mil millones de pesos.
De acuerdo con una encuesta, la corrupción por captura regulatoria afecta a todos los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal. De los resultados de la misma, sobresale que por nivel de gobierno, los pagos extraoficiales más frecuentes entre el sector público y las empresas son para ignorar violaciones a regulaciones laborales, de seguridad, agilizar la conexión de servicios públicos y obtener privilegios fiscales a escala federal.
En el orden estatal, los pagos más comunes son para agilizar trámites con el fin de no ser molestados por la policía estatal y para obtener reducciones o exenciones en el pago de comisiones. A escala municipal los pagos buscan agilizar la conexión de servicios públicos, evitar ser molestados por la policía o ignorar violaciones a regulaciones ambientales.
Con estas acciones ilícitas se afecta la competitividad del país, porque al impedir el funcionamiento natural del mercado y la competencia al favorecer a pocas empresas, genera significativos costos de transacción para el resto de los agentes económicos.
Esto se suma a los 120 mil millones de pesos que al año pagan los empresarios por sobornos a entidades como la policía federal, Pemex, Aduanas, PGR, IMSS y CFE. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) precisó que en el mundo la mayoría de los gobiernos enfrentan el problema conocido como la captura regulatoria.
Esto es el comportamiento de las autoridades públicas orientado a proteger prácticas ilegales o que están en contra del bien público por favorecer intereses particulares o de grupos de poder y que, por tanto, son prácticas que esas mismas autoridades tendrían la responsabilidad de prevenir o evitar.
El CESSP, por encargo de la Secretaría de la Función Pública, llevó a cabo la encuesta Gobernabilidad y desarrollo empresarial 2005, que buscó captar la percepción de los empresarios mexicanos sobre los obstáculos que limitan su desarrollo, la honestidad de las instituciones gubernamentales, la transparencia en la prestación de servicios públicos y la incidencia de prácticas de corrupción.
Según el sondeo, la captura regulatoria sucede en todos los niveles de gobierno y destaca que en algunas entidades federativas el problema es severo. De la clasificación de resultados por entidades, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas, Nayarit y Distrito Federal son donde más pronunciado es el problema.