Usted está aquí: lunes 22 de agosto de 2005 Política Democracia, desempleo e inseguridad

Javier Oliva Posada

Democracia, desempleo e inseguridad

El pasado lunes 15 de agosto, en su titular de primera plana, La Jornada señaló: "A elecciones más dinero que para abatir la pobreza". Y en el comparativo para el presupuesto del siguiente año se da a conocer que el Istituto Federal Electoarl tendrá 10 por ciento más de recursos que Oportunidades, el programa de atención social más importante del gobierno federal. Desde luego que otras cifras respecto de lo que consumen partidos políticos, autoridades electorales, donde por cierto no se cuentan los que gaste el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejan una sensación de insatisfacción ante los magros resultados que el gobierno del presidente Vicente Fox ha tenido en los principales renglones, como son la generación de empleo y mantener niveles aceptables de seguridad pública y certeza jurídica.

Si la democracia significa básicamente la elección de los gobernantes para que apliquen las propuestas que ofrecieron durante sus campañas, por la cuales la ciudadanía votó, tenemos que los niveles de desencanto y desilusión es lo que hace que los costos de la democracia mexicana sean tan altos. Es decir, que si aplicamos los criterios elementales de la administración y la inversión, costo-beneficio, no quedan dudas de que el costo es muy alto y los beneficios son relativamente bajos. Y no es un problema de si los recursos son muchos o pocos destinados al sistema democrático y de partidos en México. El principal problema es que no se están encontrando soluciones a los graves problemas sociales de cuyas soluciones son directamente responsables, en primera instancia, los gobernantes electos para tal misión. Es de comprender que tanto dinero para tan pocos resultados es lo que hace, entre otros factores, que el presupuesto destinado sea considerado excesivo.

Democracia con tasas de desempleo de 4.04 por ciento, correspondiente a julio (dato difundido por el INEGI el pasado viernes 20), considerada la más alta desde enero de este año, así como el dato de que se cometen en promedio ¡un millón y medio! de delitos al año, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, dado a conocer el lunes anterior, nos coloca en un panorama poco exitoso de la democracia y del sistema de competencia democrática para el ejercicio del poder y la representación.

Pese a la obviedad del problema, el desempleo propicia, entre otros graves conflictos, la comisión de delitos para la obtención, primero de subsistencia y después como forma de vida. Este problema se agudiza ante los contados éxitos de la autoridad judicial para sentenciar a los culpables. La impunidad incentiva las conductas delictivas. La inestabilidad social que se vive en otros países de nuestra región latinoamericana tiene que ver, en efecto, con la poca capacidad de las estructuras de gobierno para atender las demandas básicas de la población, como son el trabajo y la seguridad o certeza jurídica.

Nuestra ciudadanía, que se encuentra en la ruta para la elección del Presidente de la República, tiene ante sí una gran oportunidad en lo que hace al desempleo y la seguridad. Por supuesto que las condiciones del país cambian y la dinámica internacional tiene sus efectos sobre México; sin embargo, la capacidad para asimilar la decepción por parte de la sociedad tiene límites.

Por eso, y con razón, parece un presupuesto excesivo el destinado a los comicios federales de 2006. Pero ése no es el punto. La cuestión, hay que insistir, radica en la utilidad y sentido de la democracia; en todo caso, para la situación prevaleciente, es nuestra responsabilidad dar certeza y credibilidad a las elecciones. Y éste es otro elemento, la credibilidad, que encarece de forma notable a la democracia mexicana: para controlar o, al menos, contener la desconfianza, debe aplicarse gran cantidad de procesos técnicos y administrativos para que a su vez los resultados no se vean empañados por la sospecha de la irregularidad.

Traducir la democracia y la competencia electoral en recursos para incrementar las mejoras en las condiciones de vida de la población, resulta indispensable para la proporcionar a la misma democracia el carácter de herramienta insustituible como forma de gobierno.

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