Editorial
SCJN: los fideicomisos de la vergüenza
En México, el sistema de justicia padece graves deficiencias en los fallos que emite, muchos polémicos y controvertidos, pero eso no es obstáculo para que magistrados y jueces obtengan sustanciosos beneficios. Ayer, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, y otros legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que ordenarán a la Auditoría Superior de la Federación investigar 11 fideicomisos abiertos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que incrementan considerablemente el monto de las pensiones, entre otras prestaciones, para magistrados y jueces. Lo escandaloso de este caso es que esos fondos, por 3 mil 272 millones 700 mil pesos, fueron creados con sobrantes del presupuesto destinado a la SCJN en años recientes, dinero que por ley debe regresar a las arcas de la Tesorería de la Federación.
Sin embargo, la SCJN ha hecho caso omiso de esa disposición y ha optado por beneficiar a sus integrantes. Seis de los 11 fideicomisos en cuestión están destinados a funcionarios del Poder Judicial Federal en materia de pensiones complementarias, retiro y prestaciones médicas. Estos fondos son adicionales a los beneficios que ya perciben conforme a la ley.
Además, hay otros tres fideicomisos que suscitan sospechas: uno destina 121 millones 400 mil pesos a distribuir y vender el semanario judicial de la Federación, cifra estratosférica para mover una sola publicación. Esa cantidad podría servir para producir y comercializar un diario de circulación nacional. Otro fideicomiso, de 80 millones, fue creado para comercializar el disco compacto Jurisprudencia y tesis aisladas de la SCJN, situación que resulta insultante en un país con carencias en educación, salud y alimentación, sólo por citar algunas áreas que deberían ser prioritarias.
Asimismo, un tercer fondo, por 21 millones 800 mil pesos, está reservado para el mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces. ¿Acaso estos funcionarios perciben salarios tan bajos que sus casas se están cayendo a pedazos?
La inmoralidad de estos beneficios que los funcionarios se han conferido a sí mismos es aun más grave si se toma en cuenta la calidad en la impartición de justicia, la cual deja mucho que desear. Tan sólo ayer, la SCJN volvió a poner en duda la decisión del Congreso del estado de Morelos de suspender de su cargo al gobernador Sergio Estrada Cajigal, acusado por omisión al no despedir a mandos policiacos vinculados con el narcotráfico. La Corte determinó revisar si el Congreso estatal violó la Constitución en este caso. De esta manera, el tribunal permitirá a Estrada Cajigal seguir como gobernador, al menos hasta que emita su resolución, en unas dos semanas. Por lo pronto, al parecer la Corte tomó el lugar de la defensa del mandatario estatal al aceptar la revisión de los términos de la suspensión, medida que los abogados de Estrada Cajigal nunca solicitaron. En consecuencia, será la propia SCJN la que deba aportar elementos para sustentar la defensa del gobernador. ¿Dónde quedó el compromiso de imparcialidad de los jueces?
Estos fideicomisos millonarios también son inmorales si se considera que la mayoría de la población pensionada recibe una miseria por décadas de trabajo y es vergonzoso que los que menos necesitan apoyos se concedan beneficios exorbitantes, violando la misma ley que supuestamente deberían resguardar. Ante esta situación, que desprende un fuerte tufo a corrupción, es indispensable que la auditoría anunciada por diputados del PRD se realice de la manera más limpia y transparente posible, para recobrar la confianza en la SCJN: el reto es aplicar la justicia a la justicia.