El Correo Ilustrado

Exigen garantías para asamblea de ejidatarios en Guerrero

Señora directora: Estamos a pocos días de que se celebre la asamblea de ejidatarios y comuneros en torno al proyecto de la presa La Parota, en Acapulco, Guerrero, prevista para el 23 de agosto, sin que se cubran las garantías constitucionales de los participantes: la libre expresión y la libre votación, menos cuando aún no se cumplen siquiera los derechos ciudadanos de información y de consulta sobre el proyecto. De llevarse a cabo la presa, los comuneros y ejidatarios verían afectados sus derechos humanos esenciales: propiedad, vivienda, alimentación, trabajo, medio ambiente y ecológico, entre otros. Por lo que la información y consulta, antes de poner en marcha el proyecto, son imprescindibles.

¿Qué se va a votar y a decidir si los ejidatarios y comuneros no conocen el proyecto y los alcances que tendrá y los afectará? ¿Cómo se van a garantizar la libre expresión y participación de los ciudadanos afectados si el gobernador de Guerrero ya anunció que rodeará de policías el lugar de la asamblea?

Antes las presas eran consideradas proyectos que tomaban en cuenta a todas las personas afectadas y sus derechos, eran proyectos integrales de desarrollo y ecología, ahora son proyectos para beneficio exclusivo de la propiedad privada y del gran capital. ¿Quién puede apoyar, estar detrás y beneficiarse de estos proyectos típicamente neoliberales?

En el presente caso hay observadores nacionales e internacionales que exigen respeto a los derechos y garantías constitucionales de México, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, los comuneros y ejidatarios amenazados con el proyecto cuentan con amplia solidaridad. Hoy el estado de Guerrero debe superar los viejos vicios que caracterizaron a los gobiernos pasados: cacicazgo, represión y acciones ilegales.

Señores Presidente de México y gobernador de Guerrero, respetuosamente exigimos que antes de llevar a cabo el proyecto de la presa La Parota se informe y se consulte a todos los afectados, además de otorgar las garantías constitucionales de libre expresión y participación de los ciudadanos de 14 ejidos, cuatro comunidades y una propiedad privada. Asimismo, exigimos se impida toda forma de represión o la limitación del ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas afectadas.

Por la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas: Luis Carlos Moro (de Brasil), por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos: María Luisa Campos Aragón

Consideraciones de la Femospp

Señora directora: En relación con la nota "Falta voluntad a Fox para hacer justicia en casos de guerra sucia", en la que se reproducen opiniones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, la oficina del fiscal especial precisa:

En el caso motivo de la nota en comento, se trata de la consignación por un ilícito cometido en agravio de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974. Es evidente que al momento de cometerse las conductas motivo del ejercicio de la acción penal, no se encontraba vigente el tipo de desaparición forzada de personas.

Resulta falaz señalar que al no ejercitarse acción penal por el delito de desaparición forzada se incumple con la normatividad nacional e internacional, puesto que ambas prohíben la aplicación retroactiva de una norma penal.

Es erróneo descalificar la consignación realizada por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, previsto y sancionado el artículo 366 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, aduciendo que se trata de un delito menos grave que el inaplicable de desaparición forzada, puesto que toda conducta antisocial impacta siempre negativamente a la sociedad, además que en ambos delitos la sanción que puede aplicarse a los responsables de los mismos puede ser hasta de 40 años de prisión. Así, ni por su impacto social ni por la sanción que les resulta aplicable, se le puede considerar a cualquiera de ambos delitos comparativamente me- nos grave que el otro.

Es inexacto que el delito de desaparición forzada sea continuado, mientras que el de privación ilegal de la libertad no lo sea. Se soslaya por los declarantes que ambos son considerados delitos continuados y que en ambos casos la regla para el inicio del cómputo de la prescripción es la misma.

Es lamentable que se incurra en irresponsables inexactitudes y omisiones en su descalificación a los esfuerzos del gobierno del presidente Vicente Fox para esclarecer y sancionar los delitos cometidos en el pasado, que en lugar de permitir una adecuada información a la sociedad, confunden a la opinión pública.

Eduardo Maldonado García, director de Enlace y Comunicación Ciudadana de la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado

Comentarios de Panistas con Santiago

Señora directora: Una vez más La Jornada confunde a la opinión pública. En la nota publicada ayer en la página 16, con cabeza "Esconde Santiago Creel gastos de su campaña en reporte entregado al IFE", en la cual indica que se omitió informar sobre los gastos de los espots publicitarios, es necesario precisar que Panistas con Santiago informó mediante un comunicado, el mismo día que se entregó la información a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para que a su vez lo reportara al Instituto Federal Electoral (IFE), sobre los gastos realizados por concepto de contratación en medios electrónicos.

El 21 de julio pasado publicamos con lujo de detalle cómo y cuánto se gastó en radio y televisión, y aclaramos, desde entonces, que dicha información no aparece en el reporte del IFE porque las contrataciones fueron realizadas antes del periodo solicitado por el órgano electoral, sin embargo, se hicieron públicos esos gastos.

La Jornada no informa esto y sí cuestiona un ejercicio de transparencia que sólo los precandidatos del PAN realizaron, y que el PRI y el PRD han evadido insistentemente.

Adrián Fernández, coordinador nacional de Panistas con Santiago

Respuesta del reportero

Señora directora: En relación con la carta del señor Adrián Fernández sólo quisiera puntualizar lo siguiente:

En su momento La Jornada dio cuenta del informe que el aspirante presidencial Santiago Creel hizo público sobre los cerca de 23 millones de pesos que gastó en medios electrónicos. De ese informe se desprendía que había pagado espots televisivos de 55 mil pesos y radiofónicos de 138 pesos.

La nota a la que hace referencia el señor Fernández hace alusión al informe de gastos que entregó al IFE y en el cual no se da cuenta de esos gastos en medios electrónicos, como sí lo incluyen los otros dos precandidatos panistas, Alberto Cárdenas y Felipe Calderón en sus informes respectivos.

Alonso Urrutia