Autoridades pertinentes podrán conocer datos clasificados sobre Sánchez de Lozada
La justicia de Bolivia levanta secreto militar sobre la represión en 2003
La Paz, 19 de agosto. La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ordenó el levantamiento del secreto militar -con algunas limitaciones de acceso- sobre los acontecimientos de octubre de 2003, cuando murieron unas 80 personas en medio de manifestaciones de protesta contra el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que dejar el poder el día 17 de ese mes.
En una resolución emitida por la sala penal primera del máximo tribunal boliviano, los comandantes de las tres ramas de la defensa -ejército, naval y fuerza aérea- recibieron la orden de eliminar las restricciones al acceso a la información clasificada sobre el llamado "octubre negro", pero sólo a "autoridades pertinentes".
"Es necesario que el conocimiento de dichas actuaciones se restrinja sólo a las autoridades pertinentes, en este caso el fiscal general de la república (Pedro Gareca); esto, en razón al cumplimiento estricto de la ley que, expresamente, determina la reserva de la información clasificada", señala el documento emitido por la corte.
Los magistrados hicieron el pronunciamiento durante una sesión celebrada el jueves y en la sentencia precisaron además que "los comandantes militares y oficiales que fueren requeridos a prestar declaraciones informativas (...) concurrirán con todas las garantías y derechos señalados por la Constitución".
A raíz de esa orden, las fuerzas armadas están obligadas a informar de lo ocurrido en octubre de 2003, cuando habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto protestaron contra un proyecto para exportar gas por Chile, país con el que Bolivia tiene un diferendo territorial, derivado de una guerra del siglo XIX.
Los sucesos de 2003 llevaron al poder legislativo a autorizar en 2004 un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus 15 ministros. El ex presidente y quien fuera su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, viven autoexiliados en Estados Unidos.
El comandante de las fuerzas armadas, almirante Marco Antonio Justiniano, declinó pronunciarse sobre el tema en virtud de que "no conocemos todavía oficialmente este documento", pero adelantó que los militares responderán de acuerdo con las leyes de este país, gobernado hasta los años 80 por una junta militar.
En contraste con la cautela de Justiniano, el principal abogado de las fuerzas armadas, Gonzalo Valenzuela, consideró que con esta decisión judicial "no solamente se ha puesto en total indefensión al Estado", sino que además los magistrados "no se imaginan el daño que han causado".
En defensa del secreto militar salió el diputado Luis Eduardo Siles, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido que llevó a Sánchez de Lozada al poder. "Tenemos que respaldar a los militares en el sentido de que han cumplido con su obligación, en términos de obedecer al mando institucional, que es el presidente de la república, sea cual fuere éste".
Por el contrario, el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, dijo que "levantar el secreto militar es una forma de transparentar la justicia", no de castigo a las fuerzas armadas. "Yo diría que tienen la gran oportunidad de decir la verdad ante la justicia ordinaria".